La valoración que dentro de la normativa se le da a la arquitectura urbana se expresa en la determinación del urbanismo como función pública y en la importancia que se les otorga al espacio público y a los equipamientos urbanos, tan deficitarios hasta los años noventa en la ciudad colombiana. Frente al desorden y la inequidad preexistente surge una nueva visión expuesta desde la política urbana de 1995, para configurar ciudades “solidarias, competitivas, gobernables, ambientalmente sustentables, con identidad cultural y adecuadamente construidas”.
Pero antes de que las normas, la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la movilización social y la participación comunitaria produjeran acciones efectivas, materiales o físicas, en el espacio urbano, surgió otro elemento determinante para el cambio en la ciudad colombiana: la denominada cultura ciudadana. Con la elección del filósofo Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, en 1995, llegaba por primera vez, no un representante del bipartidismo, sino un candidato independiente, que ejemplificaba la parte positiva de la elección popular de alcaldes, con propuestas renovadoras, no comprendidas en su momento, que, en buena medida, resumían lo que muchos venían pensando sobre la problemática de la ciudad. Su plan de desarrollo “Formar ciudad” fue un desafío, tanto por lo novedoso de las propuestas que contenía, como por salirse de los cánones estrictamente económicos y de obras físicas. Se basaba en seis prioridades: cultura ciudadana —determinada como el eje del plan—, medio ambiente, espacio público, proceso social, productividad urbana y legitimidad institucional.
Con la cultura ciudadana7 se buscaba la regulación de la convivencia en la urbe, que permitiera lograr el cumplimiento de las normas por medios pacíficos, concertar fines comunes, dirimir conflictos a partir de una imagen compartida de ciudad y enriquecer las formas de expresión, comunicación e interpretación de los habitantes.8 En este plan de desarrollo, pensado para el periodo 1995-1998, de lo intangible se partía hacia lo tangible, con programas para la recreación, la cultura, el deporte, la seguridad, los servicios públicos, el transporte, el tránsito y las obras viales para la cultura ciudadana. El mejoramiento del espacio público se visualizaba como un favorecedor del buen comportamiento ciudadano, y se relacionaba con otros elementos y sistemas de la ciudad, como el medio ambiente natural (río Bogotá, quebradas y cerros), el sistema de transporte, la ubicación de la población y el valor cultural otorgado a ciertas zonas de la ciudad. En cuanto al espacio público, había que incorporar los cerros y los ríos en el mapa urbano, comprometer a la ciudadanía en su buen uso y defensa, mejorar la capacidad local en la generación y conservación del mismo, y facilitar su apropiación mediante la construcción de obras como puentes peatonales, servicios públicos y paraderos.
Por lo anterior, investigadores como Fernando Viviescas resaltan que es un mérito (y no menor) de la administración Mockus-Bromberg9 el haber inaugurado en el Estado colombiano una visión de la ciudad (lo cual, en los momentos actuales, quiere decir: de la sociedad) como problemática cultural, esto es, como dimensión de la existencia individual y colectiva que le plantea al gobernante contemporáneo unas exigencias políticas y sociales que rebasan los recortados marcos —pragmáticos, físicos y economicistas— del manejo y la administración de poder que han significado el devenir de lo político en este país,10 aparte de haber contribuido a “hacer visible la ciudad”.
A partir de estos planteamientos y de la acción administrativa adelantada en Bogotá desde 1995, se configuraron nuevos imaginarios políticos, culturales y urbanos sobre la ciudad, de los cuales no se podría abstener ninguno de los gobernantes de las principales ciudades, a pesar del retroceso posterior en la misma capital colombiana o de la inadecuada y poco imaginativa apropiación y traslado de esta política a otras poblaciones. Pero fue un hecho evidente que la intervención urbana tenía que empezar por valorar y potenciar la cultura local y hacer del espacio público, con sus diversos componentes, un eje estructurador del mejoramiento de la calidad de vida y de la habitabilidad. Contrario a lo que ocurría en los años ochenta cuando los puntos de partida eran las vías, la vivienda y lo privado, ahora la ciudad se debía configurar desde lo público. Las obras físicas, las piezas urbanas y arquitectónicas, construidas a partir de 1998 en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Neiva y Montería, por señalar ejemplos sobresalientes, se plantearían teniendo en cuenta este nuevo derrotero.
A pesar de sus enormes y complejos problemas, producto de la pobreza y la exclusión urbana, la ciudad colombiana del fin del siglo xx disminuyó sus índices de criminalidad, atenuó el conflicto armado y encontró posibilidades de mejorar su espacialidad urbana, elevar las condiciones de vida y generar procesos de inclusión, en los que las obras públicas comenzaron a ser un símbolo materializado de nueva ciudad. Entre el plan “Formar ciudad” de Mockus en Bogotá y el “Urbanismo social” de Sergio Fajardo (2004-2007) en Medellín, la arquitectura y el diseño urbano ganaron protagonismo desde una perspectiva más integral que aquella impuesta en los años ochenta, que tenía una visión reducida, puntual y desligada de lo sociocultural. En esta nueva tendencia, lo estético, propio de la arquitectura y el urbanismo, ligado a lo sociocultural y lo político, se juntaron para escenificarse en espacio urbano. De esta manera, ciclorrutas, senderos y paseos peatonales, alamedas, sistemas de transporte colectivo, plazas, parques, bibliotecas y parques biblioteca, entre otros, comenzaron a formar parte del lenguaje y de la gramática urbana, como una manera de complementar o enfrentar, desde el espacio público y lo público, aquella que habían construido y seguían construyendo con vehemencia los centros y edificios comerciales que, desde el ejercicio rentista y la especulación inmobiliaria privada, dominaban la ciudad.
1 Comentario sobre el libro Pensar la ciudad, compilado por Fabio Giraldo y Fernando Viviescas (Bogotá, Tercer Mundo Editores, Cenac y Fedevivienda, 1996), hallado en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, N.º 15, Universidad de Barcelona, Barcelona, 24 de marzo de 1997, p. 1.
2 Se considera que la política de Seguridad Democrática alcanzó avances notables a partir del 2002, y, según el informe evaluativo de esta política realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, “tuvo su punto más alto en el 2008 cuando fueron extraditados catorce jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del secretariado de las farc, se realizó la ‘Operación Jaque’ que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros catorce secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas. Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento del más del 70 % de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa”. Pero, de igual manera, en dicho informe se plantea que en el 2009 comenzó a declinar por el rearme de paramilitares, la organización de una nueva generación de los mismos, el incremento de la violencia urbana y la reorganización y relanzamiento de las acciones guerrilleras, entre otros factores, que darían pie a señalar dicho declive, algo no admitido y cuestionado por funcionarios del gobierno