La tipología de vivienda multifamiliar, después de la primera época de construcción en las ciudades colombianas mediante los proyectos oficiales, fue adoptada especialmente por los sectores medios y altos. En los años ochenta, cuando fue desarrollada con proyectos privados y financiados por las corporaciones de ahorro y vivienda, estas construcciones ganaron estatus, pero se convirtieron por su configuración en arquetipos de la anticiudad. El sector inmobiliario encontró allí una buena alternativa económica, pues se ofrecieron en conjuntos cerrados donde uno de los mayores atributos era la seguridad. A partir de entonces se empieza a configurar la ciudad del miedo y el encerramiento. Se presenta, así, una acumulación de conjuntos multifamiliares negados a la ciudad, autárquicos y solo relacionados con ella a través de las porterías vigiladas. Todos ellos ocupaban y usufructuaban los espacios y servicios de la ciudad, pero no contribuían a su ampliación, mejoramiento o cualificación. En muchos casos contaban con arquitecturas de gran calidad, pero no estaban integrados en términos urbanísticos, fragmentando aún más el espacio urbano.
No había una visión de ciudad. Los esfuerzos gubernamentales por lo urbano se centraban en la construcción de vivienda y en la dotación de servicios públicos. Había una atención sectorial a escala nacional en ese sentido, mientras tanto los gobiernos municipales reducían su accionar a la construcción de vías y de algunos equipamientos básicos que beneficiaban fundamentalmente al sector privado inmobiliario.
Dentro de este panorama, la excepción fueron las políticas implementadas por el Banco Central Hipotecario, entidad que, en 1979, había sido encargada de las políticas de renovación y desarrollo urbano, tarea que le fue confirmada y acentuada en 1982, cuando se definió su accionar permanente en el estudio de propuestas urbanas, con intervención directa o financiamiento para esos mismos fines.4 Pero estas políticas no tuvieron una visión comprensiva de la totalidad urbana, sino de porciones independientes de la ciudad, específicamente de los centros urbanos, a los que se enfocaron mediante proyectos tan significativos como fallidos en Bogotá (zona de Santa Bárbara), Manizales (alrededor del Parque Caldas) y Pereira, además de estudios para Cali, Armenia, Barranquilla y Bucaramanga.
El diagnóstico sobre la crisis urbana empezó a ser claro para los investigadores a medida que entendieron que no era un problema solo del hecho físico o material de la ciudad, sino que también se derivaba de la crisis cultural, debido a la ausencia o la precariedad de la relación de la sociedad y su proyecto social, con el espacio urbano. Lo anterior lo podemos complementar con la afirmación del arquitecto Fernando Viviescas, quien señalaba que un rasgo palpable y fundamental del devenir nacional en aquellos años era la “carencia de una conciencia urbana”, además de un accionar en donde
se ha construido el entorno urbano tratando de evitar el hacer ciudad. Es decir, ha habido un simple erigir de edificaciones y planes viales con el único pragmático interés de que sirvan como ámbito ordenador de la producción y tratando de evitar el concomitante espíritu ciudadano que el desarrollo de la ciudad conlleva y que se ubica en la libertad política y en el enriquecimiento y potenciación cultural.5
Era evidente la disociación entre la mirada física de la ciudad y el carácter de lo urbano. Las obras de infraestructura estaban al servicio de un funcionalismo pragmático y de la rentabilidad económica, pero no estaban hechas para el disfrute ciudadano. Un ejemplo dramático fue la construcción en Bogotá de la Troncal Caracas, entre 1988 y el 2000, una antigua vía proyectada por el urbanista Karl Brunner en los años treinta del siglo xx, pero que fue intervenida para uso exclusivo del transporte urbano, lo cual destruyó las calidades paisajísticas preexistentes, generó una fuerte contaminación ambiental, deterioró el espacio urbano y alejó al peatón, todo como producto de una intervención chapucera complementada con el mal diseño y la pésima construcción.
El espacio público fue en esta época uno de los grandes perdedores por el ambiente hostil hacia el peatón y la informalidad que se lo apropió. Las calles, plazas y espacios públicos de la mayoría de los centros urbanos del país fueron tomados literalmente por el comercio informal, en una clara sintomatología de la crisis económica y del desempleo que embargaba al país. Estos espacios fueron presas del caos, el abandono y el deterioro paulatino, con los efectos siguientes en su entorno, resumidos en el aumento de la criminalidad. A esto se sumó el conflicto que con las bombas y atentados creó un clima de terror, el cual propició el abandono de lo público, con lo que lo lúdico, el ocio y la cultura se restringieron cada vez más al ámbito de lo privado. Se habló incluso de la pérdida de la noche como espacio de diversión y comercio, frente al terror y el miedo.
Así, en este panorama de la ciudad en Colombia, la clase dirigente, los intelectuales y la sociedad se enfrentaron a retos propios y universales del fenómeno urbano, pero también a la necesidad de buscar explicaciones y soluciones a fenómenos inéditos y pertenecientes al ámbito local. Algunas de las soluciones comenzaron a emerger en los mismos años ochenta, desde lo jurídico, lo político, lo social y lo propiamente urbanístico.
La normativa propugnó por la autonomía local y la descentralización, mediante una serie de leyes y decretos que definieron, en esa década, desde políticas de orden fiscal, transferencias de recursos a los municipios y regiones, hasta la elección popular de alcaldes en 1986, un hito fundamental en los procesos de participación ciudadana que sería reafirmado y profundizado en la Constitución de 1991, e implicaría apuntar hacia la gestión local del desarrollo urbano.
También comenzó un cambio normativo en lo referido estrictamente a lo urbano, en un proceso que va desde la Ley de Reforma Urbana de 1989 hasta la Ley de Desarrollo Urbano de 1997, pasando por la política urbana Ciudades y Ciudadanía de 1995. Todo este marco normativo va a poner nuevamente en vigencia la discusión, planeación y gestión de lo urbano, entendiendo el papel crucial de las ciudades y los sistemas urbanos en el desarrollo social, económico y ambiental del país. Pero esta era una visión redefinida de lo urbano, en tanto se alejaba de la concepción físico-infraestructural y acogía lo político, lo cultural y lo ambiental. Este cambio en la legislación reconcilia la política con el urbanismo, ya no como procesos paralelos, sino como actividades recíprocas: el político debe hacer uso de la visión del urbanista y del arquitecto, y estos deben entender y recurrir a aquel como único garante para reconstruir lo público, desde la gestión y la administración.
Además del político y del urbanista, surge con fuerza un tercer agente en discordia: la comunidad. Con la participación comunitaria, la planeación deja de ser un mero ejercicio técnico para entenderse como un proceso social y político. La movilización social urbana de los años ochenta encuentra y aprovecha los canales brindados por la Constitución de 1991 y las leyes posteriores para tener una actuación más directa, institucionalizada y pragmática de su ciudadanía. Estos ejercicios de planeación participativa pretenden que la noción del ciudadano moderno sea posible en tanto no solo demanda el cubrimiento de sus necesidades, sino que se convierte en copartícipe de la resolución de las mismas de acuerdo con sus propias percepciones. Si bien esto no se cumple a plenitud, sí permite relegitimar el Estado, por un lado, e incluir a la comunidad, por el otro; a la vez que sirve para