El anillo bidireccional de Medellín —avenida Oriental, avenida del Ferrocarril y avenida San Juan—, construido a principios de los años setenta, fue uno de esos proyectos polémicos. Concebido como una arteria-anillo, encerró y aisló una parte mínima del resto del centro antiguo de la ciudad. Al paso de la obra de la avenida Oriental, fueron demolidas casas y construcciones representativas, así como cercenados pequeños espacios urbanos. Hubo, entonces, necesidad de reconfigurar una nueva fachada urbana con edificios comerciales e institucionales de altura —el Vicente Uribe Rendón, el de la Cámara de Comercio y el de Los Búcaros, entre otros—, pero también con culatas sin solucionar o áreas vacantes convertidas en zonas deprimidas.
Una situación similar ocurrió en Bogotá, también con un anillo vial propuesto para mejorar la circulación vehicular de sur a norte, que partía del Palacio de Nariño e implicó la construcción de la avenida Circunvalar. Esta obra fue propuesta en 1972 como avenida de los Cerros, y contó con una muy fuerte oposición en la ciudad, aunque de todas maneras fue realizada. Para 1984, la Circunvalar cortaba la plaza del popular barrio Egipto, lo que afectaba su vida social y generaba un impacto negativo sobre la arquitectura y el urbanismo de este barrio, del de La Candelaria y del de Santa Bárbara. Para la ampliación o apertura de vías, en esta obra se demolió gran parte de la arquitectura modesta y popular del centro histórico de la capital del país.
No menos se puede decir del caso de Cali, donde otro plan vial, formulado en 1969, concibió el Anillo Central, un conjunto de vías que afectó el centro histórico hasta desfigurar buena parte de él, pues implicaba demoliciones dolorosas como el Hotel Alférez Real y el Cuartel del Batallón Pichincha, realizadas en 1972.
Desde los años setenta, la pérdida de importancia de los centros fue evidente, pues sus funciones comenzaron a ser desplazadas. De allí empezaron a salir las instituciones gubernamentales, comerciales, financieras y bancarias, que fueron generando otras formas alternativas de centralidad, en los denominados centros administrativos, centros comerciales y centros financieros, a donde también se trasladó el desarrollo urbano y donde se implantó la nueva arquitectura, novedosa y de vanguardia, de excelente calidad y gran factura.
La desconcentración urbana condujo a materializar los últimos centros administrativos propuestos a partir de los años cincuenta y sesenta, para llevar allí las oficinas gubernamentales y ubicarlas en un solo sitio, pero por fuera del centro urbano. En el caso de Bogotá, el Centro Administrativo Nacional ya se había construido en los años cincuenta, con un plan maestro elaborado entre 1955 y 1957, por los arquitectos norteamericanos de Skidmore, Owings y Merrill. El Centro Administrativo Municipal de Cali13 se diseñó en 1968, el mismo año que el Centro Administrativo Distrital de Bogotá,14 ambos proyectos muy dentro de la lógica impuesta para estos casos, al configurarse a partir de plazas cívicas asépticas y de edificios donde se combinan volúmenes bajos con torres de fuerte arquitectura racionalista, en los que predomina el interés por la orientación y el clima, lo cual determina las fachadas con los denominados brille soleil para el control solar, que a su vez definen las características formales y acentúan la verticalidad arquitectónica. En el caso de Medellín, el Centro Administrativo La Alpujarra, propuesto en el Plan Wierner y Sert en 1951, se empezó a concretar en 1972, con la construcción del edificio del eda (Empresas Departamentales de Antioquia) y el concurso del centro administrativo propiamente dicho, adjudicado en 1974;15 pero solo se empezó a construir en 1983, y fue concluido en 1987. Terminó estando alejado de la idea inicial de ser un complemento de la zona antigua denominada Guayaquil, pero teniendo continuidad y conexión con ella mediante vías peatonales, para ser en realidad una ínsula, separada radicalmente por la avenida San Juan —parte del Anillo Vial—. Hay que señalar que las pérdidas de funciones institucionales de todo orden en el centro de la ciudad, por el traslado de su representación hacia otros sectores urbanos, obligó a que, por normativa, en adelante se impidiera su migración, como sucedió en Bogotá, donde por un decreto de mayo de 1987 se limitó la salida del centro urbano de las entidades nacionales del orden central o descentralizado, de las sedes institucionales, comerciales, financieras y bancarias.
La crisis económica de los años ochenta se reflejó en la caotización de los centros urbanos, como producto de la apropiación informal de calles, plazas y, en general, de espacios públicos para las ventas en tenderetes, casetas o caspetes. El espacio público para el peatón terminó, así, por disolverse entre la arremetida vehicular y la informalidad comercial, y la crisis se acentuó con la violencia en las calles, el robo y el hurto, y con la altísima contaminación visual, sonora y ambiental. Incluso, frente al miedo, parques y calles fueron apropiados y “privatizados”. La vivienda, por su parte, dejó de ser fundamental en el centro, pues debido a la situación que se vivía, las familias también migraron a barrios residenciales o urbanizaciones cerradas, y la oferta de nuevas viviendas en el centro escaseó o prácticamente desapareció. La función habitacional dejó de ser representativa y el centro pasó a ser de población flotante. Viviendas de barrios enteros fueron transformadas en talleres, en lugares de variadas actividades comerciales, en instituciones educativas de garaje, o entraron en franco deterioro. En suma, sectores representativos perdieron su carácter inicial y el valor de sus edificaciones, a causa de la acción transformadora en el uso y la arquitectura, que solo respondía al interés comercial del momento.
Del deterioro de las centralidades urbanas no escaparon ni los territorios insulares, como es el caso de la isla de San Andrés, donde la forma tradicional de implantación de la vivienda se vio asediada por el comercio en barrios tradicionales y centrales como Johnny Well, Black Dog y New Town, dando lugar a la ocupación de edificios de baja altura con gran densidad, con lo que se llegó hasta la saturación, en una discreta, cuestionable e indefinible arquitectura, por no decir menos, alejada de las características angloantillanas dominantes en la arquitectura tradicional de la isla.
No es gratuito, entonces, que ya desde finales de los años sesenta y hasta los ochenta se planteara como alternativa el desarrollo y la renovación urbana para los sectores periféricos del centro o los mismos centros de la ciudad. Las alarmas sonaron temprano en proyectos como la renovación urbana de los barrios nororientales de Cali (1961-1964), del sector de Las Aguas en Bogotá en 1967, y del centro de Medellín en 1969, que se enfocaban en la erradicación de tugurios y en la rehabilitación de áreas deterioradas o con procesos de marginalidad urbana, que eran considerados patologías sociales. En los estudios sobre esos lugares, se planteaban, siguiendo parámetros internacionales, las necesidades de prevención, habilitación, erradicación absoluta de zonas tuguriales, rehabilitación de áreas en decadencia, conservación de áreas de interés histórico y redesarrollo o cambio de los usos del suelo. Dichos estudios tenían un marcado énfasis sociológico y determinaban propuestas generales y algo abstractas, que por su carácter descriptivo no daban cabida a propuestas de diseño urbano o arquitectónico.
Con las nuevas problemáticas que surgieron entre los años setenta y ochenta, la renovación urbana tomó otro aire gracias a las políticas propuestas y en parte implementadas, a partir de 1982, por el Banco Central Hipotecario. Las directivas de esta entidad bancaria argumentaron la necesidad de incentivar la renovación urbana, especialmente en los centros urbanos, como la manera expedita para frenar el deterioro físico y ambiental de la ciudad. Asimismo se planteó el “regreso al núcleo urbano” como mecanismo para detener la disparatada urbanización periférica que conllevaba altos costos sociales y políticos y el agotamiento del espacio urbanizable. La densificación, el aprovechamiento de la infraestructura de servicios, la proximidad a los sitios de trabajo, la descongestión vehicular, los proyectos de rehabilitación de bienes históricos y de mejor bienestar de los habitantes, eran otros de los argumentos esgrimidos para el incentivo de la renovación urbana en el centro. Como resultado de esta concepción, el bch promovió los proyectos de renovación urbana del Centro Sur de Bogotá (la Nueva Santafé en el antiguo barrio Santa Bárbara), del Parque Caldas en Manizales y del centro de Pereira, y los estudios que en el mismo sentido se propusieron para Cali, Armenia, Barranquilla y Bucaramanga. Incluso, el banco financió proyectos de recreación como el Sunrise Park de San Andrés y el Parque de la Caña en Cali, innovadores y de gran impacto urbano.
Sin embargo, ninguno