Las denuncias eran inagotables: un chofer había sido sumariado por negarse a conducir a otro edil en vehículo oficial y compañía femenina a una casa de citas; alguien se hizo importar un perro de Inglaterra con cargo al presupuesto de la Junta; se pagaban aguinaldos a periodistas; se habían autorizado viajes al exterior con jugosos viáticos, incluido a un congreso en Caracas que nunca se realizó; algunos ediles habían servido de intermediarios para préstamos dinerarios de la jdm a personas que no trabajaban en esta. Para el semanario socialista El Oriental, “lo que posiblemente levantara más indignación popular [eran] los enormes gastos en centros de recreación nocturna”. Algo más grave, se había extraviado el expediente de la sospechosa adquisición de un parque de vacaciones en el balneario Marindia y se había incurrido en trasposición de rubros, por ejemplo en fondos destinados a viviendas de funcionarios.45
El organismo municipal se vio obligado a nombrar una comisión investigadora con representantes de todos los sectores partidarios, que debía expedirse antes del 15 de febrero. Durante sus sesiones iniciales, se registraron según la prensa “escenas de pugilato”. La jdm solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, no obstante que poco antes había rechazado las observaciones de este organismo al presupuesto de 1972-1977, que indicaban que solo 158 de sus 718 funcionarios podían ser legítimamente reconocidos como tales. Muchas designaciones eran de un año electoral, lo que está prohibido. La revisión se dificultaba porque habían desaparecido resoluciones de nombramiento y se hallaban actas falsificadas. Se había aprovechado una disposición de 1970 que autorizaba a la Mesa Directiva a proveer vacantes sin informar al pleno. Las vacantes autorizadas eran 26, pero se nombraron cientos entre 1970 y 1971, y de febrero de 1971 a febrero de 1972 otras 414, algunas a favor de parientes de ediles u otras personalidades políticas, incluidos menores de edad. Figuraban entre agraciados una nuera de Pacheco Areco, la esposa de Ricardo Guariglia, edil en 1971 y en enero de 1973 presidente de la Junta, un nieto de Martín R. Echegoyen e hijo del también senador nacionalista Jorge Barbot Pou, varios familiares del expresidente de la Junta Carmelo Cabrera Giordano, parientes del senador reeleccionista Ángel Rath (incluida su esposa) la secretaria privada y el chofer del reeleccionista Glauco Segovia y la hija de Armando Acosta y Lara, antiguo interventor de Enseñanza Secundaria y subsecretario del Interior (víctima de los tupamaros). También tenía un cargo el periodista Alberto Astesiano, autor de la noticia de la famosa “infidencia”, que en 1968 apresurara la devaluación del peso. Un cronista de Marcha preguntó: “¿Es que acaso diputados y senadores no sabían que se violaba la ley cuando [en la Junta] designaron como funcionarios a sus hijos menores de edad?”.46
Por si no bastara, media docena de muertos continuaba en planilla y alguien cobraba por ellos. Otros se registraban con datos falsos. El misterio de que al mismo tiempo hubiera funcionarios sin cobrar se develaba porque su papel sería mantener una plaza laboral abierta, a efectos de que ediles en el futuro no reelectos pudieran ingresar a trabajar con sueldo, en lugar de estos funcionarios de paja.47
A fin de año, una carta enviada a Marcha presentaría el punto de vista de los empleados:
En 1970 Pacheco Areco en dos oportunidades dictó decretos prohibiendo el nombramiento de funcionarios en toda la administración [pública] salvo los municipios que eran autónomos y por allí se produjeron los hechos […] 556 fueron los engañados —algunos quizá estafados— en otros tantos nombramientos inexistentes. No había ítems presupuestales, no había rubros y tampoco creaciones. Los 556 sencillamente no ‘existían’. […] muchos […] quizá 200, 250 o 300 estaban en comisión o “desafectados” y ello motivaba un cierto alivio en los que concurrían religiosamente ya que ni siquiera sillas había y en un semisótano de 4 x 4 [metros] se llegaron a contar 19 personas. […] Ya estallado el infernal escándalo […] comienza una segunda etapa […] 556 personas que habían renunciado a [otros] trabajos y empleos se dan cuenta […] que ni siquiera eran empleados, sencillamente no existían en la junta. Con verdadera angustia, con desesperación van de Herodes a Pilatos.48
IV. Injerencia
Muchos ilícitos se habían fraguado en menos de dos años, de 1970 a 1972, bajo la presidencia de los antiguos ediles Edegar Guedes y Carmelo Cabrera Giordano —diputados a partir de febrero de 1972— y continuaban bajo el nuevo presidente Guariglia. Guedes era pachequista de la lista 123, mientras que Guariglia y Cabrera Giordano pertenecían a la lista 515 del exquincista Glauco Segovia, quien se había sumado primero a la candidatura presidencial de Oscar D. Gestido (quien lo obligó a renunciar en 1967 a la Intendencia Municipal de Montevideo bajo sospecha de corrupción) y posteriormente a Pacheco. A este le hizo el servicio de “destapar” a Bordaberry como candidato presidencial sustituto de la unr, por si el electorado (como sucedió) no aprobaba la reelección de Pacheco. Guariglia, a pedido de la Junta renunció y solicitó licencia de su puesto de edil para comparecer ante el juez de instrucción. El Poder Ejecutivo remitió los antecedentes investigados por el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía de Corte, que dictaminó que los actos podían ser penales. Muchos, rayanos en la caricatura, no eran graves pero tampoco menores. Sumaban un gran derroche de fondos en un país en crisis, nutrían el cansancio y el escepticismo populares, las críticas de la izquierda y la campaña antipolítica de los militares.49
El asunto atraía a las Fuerzas Armadas, autoinstituidas en censoras de la moral pública. Un poco antes, el 11 de enero, un comunicado de la Junta de Comandantes en Jefe (jcj) había expresado el afán de ampliar su radio de acción, afirmando que las “aptitudes de moral, honestidad, responsabilidad, capacidad profesional y/o técnica […] unidas al alto espíritu de sacrificio personal” de sus oficiales los hacían “preferentemente elegibles” para los directorios de los entes del Estado; no obstante reconocer que se trataba de “funciones ajenas a sus cometidos específicos”. Rechazaba “cualquier reparto o cuota de carácter político [partidario]”. El 19 de enero, mientras los integrantes del Acuerdo Nacional presionaban por puestos en los entes autónomos y descentralizados, los comandantes en jefe de las tres ff. aa. se entrevistaron con Bordaberry, para manifestarle que más de la mitad de los candidatos que se proponían eran inaceptables dados sus mezquinos intereses, vínculos con los poderes económicos o presunta corrupción. Expresaron también “malestar” (un término al que acudirían con frecuencia) por las irregularidades de la Junta Departamental y desacuerdo con los nombramientos en el Conae. Pero