Luego de la sanción de la Ley de Coprin en 1968, de la Ley de Seguridad del Estado en 1972 y de la Ley de Educación General en el mismo enero de 1973, el paquete de iniciativas estratégicas de los gobiernos de Pacheco y Bordaberry buscaba completarse con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social 1973-1977 (simplemente conocido como Plan Nacional de Desarrollo o pnd) más la aprobación de una Ley de Consolidación de la Paz (en un primer momento ominosamente bautizada “Ley de Estado Peligroso”) y un por largo tiempo acariciado proyecto de reglamentación sindical. Este conjunto de normas permitiría concentrar fundamentales poderes de decisión en el Ejecutivo, limitando los contrapesos del Legislativo y salvando la polémica por las irregularides jurídicas que habían salpicado el periodo de Pacheco Areco.
La Ley de Educación General que creó el Consejo Nacional de Educación (Conae) —organismo rector de las tres ramas de enseñanza primaria, secundaria y técnica— quedó consagrada en enero por el voto del Senado, mediando el aval de la mayoría acuerdista blanca y colorada que se negó a quitarle la declaración de urgencia, permitiendo agilizar su trámite. El Frente Amplio criticaba la orientación del proyecto y que no se hubiera consultado a los expertos nacionales (muchos de ellos opositores) recurriéndose al asesoramiento externo de la Organización de Estados Americanos (oea). En la discusión, Juan Pablo Terra al igual que otros frentistas se manifestó especialmente concernido por el tenor punitivo del texto, pues como miembro de una corriente religiosa tenía la experiencia de haber sufrido desde pequeño imposiciones y marginaciones en el Uruguay laico y democrático (“hay gente que cree que eso no existía […] porque no se siente la imposición hecha a otros, sino la que se sufre”). Zelmar Michelini reclamó que se desconociera a los gremios estudiantiles y contestó a quienes le reprochaban abandonar el batllismo:
Y nos costaba creer que el batllismo [con Pacheco] fuese eso, que pusiese [empleados públicos] destituidos en la calle, después que habíamos defendido durante años […] juntos ustedes y yo, la licitud de la huelga [en la administración] pública […] señores senadores [batllistas], ¿quién cambió? ¿Ustedes o nosotros?.29
Para el radical frenteamplista Enrique Erro era legítimo ejercer el derecho de resistencia contra la nueva ley. En la bancada colorada Amílcar Vasconcellos (abogado y maestro de escuela) criticó que la norma no considerara debidamente la autonomía de los entes educativos y la libertad de expresión de los educandos; pero creía correcto que se controlara la propaganda política en los centros de estudio. Por el flanco oficialista Luis Hierro Gambardella —de la lista 15— aseguró que nadie de la oea había intervenido antes de que el proyecto estuviera formulado y el pachequista Montaner adujo: “No somos marcianos. Estamos viviendo en este país. Conocemos como se desarrollan las actividades en los centros docentes. Basta pasar frente a ellos para ver cómo están empapelados de propaganda”. Ferreira Aldunate lamentó que la ley se hubiera hecho para dividir, pero su sector y el de Carlos Julio Pereyra se sumaron a favor del voto secreto y obligatorio para la elección de autoridades universitarias (mecanismo que a la postre favorecería la expresión de un núcleo nacionalista entre los estudiantes de la institución). Más allá de sus diferencias, nacionalistas y colorados no congeniaban con una universidad dominada por la izquierda. Con la aprobación de la norma llegaba para el diario batllista El Día, “una sensación de alivio al alma democrática de la ciudadanía”. No así para la Convención Nacional de Trabajadores (cnt) que la condenaba. Dado el ambiente de confrontación el diario Acción —cuyo subdirector era el exministro de Educación Julio María Sanguinetti, artífice del proyecto— proponía sin ser escuchado que la norma fuera sometida a referendum.30
En aplicación de la Ley de Educación General el Poder Ejecutivo con venia del Senado debía nombrar a los miembros del Conae y estos deberían designar, en un plazo de 180 días, a los directores de los tres consejos subordinados de educación primaria, secundaria y técnica. (La universidad permanecía al margen, con su estatuto de autonomía.) Pese a que el justificativo de la reforma era despolitizar el servicio, pronto se supo que dichos puestos serían distribuidos entre blancos y colorados, siguiendo en los hechos la desprestigiada regla del tres y dos de acuerdo al balance electoral. Vencido el plazo de ley sin que el Senado se pronunciara, estos nombramientos se darían en forma automática.31
Por lo que concierne al proyecto de Ley de Consolidación de la Paz, en el análisis del penalista Carlos Martínez Moreno contenía disposiciones acerca de detenciones preventivas, definición de un estado peligroso para el orden público que limitaba la libertad individual, estatuto de libertad vigilada para sospechosos y tecnificación de la justicia militar. Oficialmente se fundaba en la presunta permanencia de la subversión y la necesidad de un pasaje gradual del estado de guerra al de paz. El estado peligroso, en forma similar a las medidas prontas de seguridad, sería decretado por el Poder Ejecutivo ante peligro de subversión, comunicándolo en 48 horas a más tardar a la Asamblea General que tendría la última palabra. Mas no aseguraba un juicio con garantías, permitía la vigilancia e internación de sospechosos al margen de delito probado y creaba nuevos delitos de opinión y de imprenta. Daba poder permanente a la justicia militar sobre civiles, que podía anular excarcelaciones y dictar medidas represivas adicionales. Era de prever que aparte del Frente Amplio, el ferreirismo —que se decía arrepentido de haber aprobado la Ley de Seguridad del Estado— no votaría la propuesta.32
Otra preocupación embargaba a la izquierda. El comunista Enrique Rodríguez preguntó en la Cámara de Senadores: “¿Cuándo es que tendrán preparada la reglamentación sindical? […] ¿Es un secreto de Estado? […] A mí me consta que el señor [Alejandro] Rovira [exministro del Interior] dejó pronto el proyecto”. Se buscaría restringir el margen de acción de la cnt, cumpliendo uno de los compromisos en que se basaba el Acuerdo Nacional, pero según el diario democristiano Ahora —en contacto con hipotéticos militares progresistas— las ff. aa., que no habían tenido parte en la formulación de la Ley de Educación, también se opondrían al proyecto de reglamentación.33
En el campo acuerdista blanco tampoco reinaba la tranquilidad. Wáshington Beltrán tenía sus reservas respecto de la Ley de Educación, aunque se contentó cuando supo los nombres de los posibles directores del ente que le merecían confianza. En lo que quedaba del herrerismo, luego de la muerte de Herrera (1959) y otras figuras del sector, se perfilaba el alejamiento entre el otrora estrecho colaborador de Herrera activo pese a su edad, Martín R. Echegoyen, y los hermanos Alberto y Mario Heber Usher, no menos cercanos al finado caudillo. Pero estos sostenían a su vez una pugna por el control de su grupo, el Movimiento Herrera-Heber, mientras arriesgaban perder la adhesión del senador Alejandro Zorrilla de San Martín, proclive al igual que Echegoyen a continuar en el oficialismo. Con trabajo paciente Mario Heber avanzaba en su carrera política y le ganaba terreno a Alberto, caracterizado por un comportamiento errático desde que fuera presidente rotativo del último Consejo Nacional de Gobierno en 1966-1967. El ministro de Trabajo designado por el Acuerdo Nacional, Carlos Abdala, respondía en principio a los Heber, pero estos se decían inconformes con la designación de los miembros del Conae, que no respetaba a su juicio el criterio de ubicar personas de prestigio docente con prescindencia de afiliaciones políticas. El también herrerista Luis Alberto Lacalle de 31 años de edad, recién electo diputado en 1971 y muy unido a Mario Heber, volvía al país luego de tres meses de viaje y se suponía que abandonaría el Acuerdo, pudiendo llevar consigo a la oposición a otros legisladores del sector.
Cundía la inquietud en el espectro gubernista blanco y colorado por la demora en la integración de las autoridades de los entes autónomos y servicios descentralizados, pendiente desde la entrada en funciones del nuevo gobierno en marzo de 1972. Bordaberry rechazaba candidatos propuestos por sus aliados nacionalistas, prefiriendo incluso proveer vacantes en el Banco Hipotecario del Uruguay (bhu) sin consultar al Senado, mediante el inconstitucional mecanismo de la intervención directa por decreto ya practicada por Pacheco.34
II. El Río de la Plata
Para la Marina Armada febrero también comenzó en enero y en las aguas del Río de la Plata. El día 26, un alijo de dos barcos mercantes en la zona en discusión entre Argentina y Uruguay estuvo a punto de generar un enfrentamiento entre navíos de guerra de ambos países, siendo los argentinos apoyados por aviones de su fuerza naval. Tras