Una nueva declaración de los tres jerarcas castrenses el día 24, relativa a la jdm, acusó de ineficiencia al Tribunal de Cuentas. Este —con una firmeza que se estaba volviendo escasa cuando con militares se trataba— respondió que desde 1971 venía observando dichas irregularidades y que cumplía sus obligaciones sin “aceptar tutorías que no son procedentes”. En sus investigaciones el Tribunal había descubierto que algunos de sus propios funcionarios destacados en la Junta recibían gratificaciones o hasta habían sido contratados por el organismo municipal. Pero alegaba que no le correspondía fiscalizar la formulación de los presupuestos, sino solo la legalidad en el ejercicio de los rubros aprobados; sancionar a los responsables de continuar con los pagos observados quedaba fuera de su competencia, fijada en el artículo 211-B de la Constitución. El diario Ahora señaló sin embargo la “grave omisión” del TC al no comunicar a la Asamblea General —como dispone el mismo artículo para el caso de que se mantenga la observación— las irregularidades descubiertas en gastos y sueldos.51
En su comunicado del 24 la Junta de Comandantes juzgaba que la presunta corrupción “acentúa la desmoralización de la población y su descreimiento en los organismos públicos”, lo que podía favorecer a la subversión. Urgía a la adopción de “medidas excepcionales”, para lo que elevaba “recomendaciones al Poder Ejecutivo” dado que, según el comandante en jefe del Ejército, general César Martínez, “los conductos normales de contralor aparecieron como insuficientes”. El ministro de Defensa Armando Malet compartió estas afirmaciones, que se suponía habría conocido Bordaberry antes de que trascendieran a la opinión pública, aunque no había sido así. El mandatario se reunió con los comandantes para aclararles que si bien no discrepaba, se le debería haber enterado previamente. Obvió el hecho modosamente señalado por El Día, de que ni la pretensión castrense de hacer “recomendaciones” ni el posterior comunicado, eran “de recibo desde el punto de vista Constitucional”.52
El presidente se habría comunicado telefónicamente con Pacheco en Madrid, quien le recomendó prudencia. El viernes 26 Bordaberry rechazó la renuncia de Malet. Para entonces la presión militar había logrado postergar las designaciones ya casi decididas para los entes del Estado, aceptando el mandatario sacrificar la candidatura de varios reeleccionistas, por su vinculación con los desmanes del legislativo comunal. La Marina, al menos exteriormente, mostraba acuerdo con las otras armas. Se atribuía a asesores de la presidencia un proyecto para limitar la emisión de comunicados militares y diarios acuerdistas publicaron en sordina críticas a los comandantes en jefe. El lunes 29 el general Martínez afirmó desafiante que el gobierno no acallaría la voz militar en relación con la “corrupción”, en su opinión causante en gran medida de la “subversión”. Señalaba implícitamente a funcionarios públicos y partidos tradicionales, sustrayendo a la izquierda de esta variante de subversión.53
Entró en escena el senador colorado independiente y ortodoxo batllista Amílcar Vasconcellos, inquieto porque el asunto de la Junta sirviera de ariete para desprestigiar a la clase política y atacar a las instituciones. El año anterior había denunciado en la Asamblea General un documento interno de las Fuerzas Armadas de octubre de 1972, que resumía en tres pasos un plan para tomar control de la política. El primer paso se habría dado por el decreto No. 566 del Poder Ejecutivo de septiembre de 1971, que encomendara a las ff. aa. la lucha contra la subversión; el segundo se había consumado al derrotarla; con el tercero, la corporación armada se encargaría de sanear el país. Los uniformados decían desconfiar de los políticos y del gobierno, incapaces de resolver la crisis, al tiempo que constataban que estos desconfiaban de ellos. Se proponían ganar el apoyo popular en el curso de un avance irreversible, siendo en sus palabras las realizaciones que obtuvieran, “de su total responsabilidad […] sin compartir las mismas con ninguna otra institución o repartición civil”. Era de suponer que a este plan respondía el pedido hecho a Bordaberry de participar en las designaciones para la dirección de los entes públicos. Desde que la insubordinación de octubre arrastrara a la renuncia al ministro de Defensa Augusto Legnani, se habían vaciado de autoridad la titularidad de la cartera y aún el comando del Ejército, nominalmente a cargo del general Martínez. En un rasgo que persistiría a lo largo de la dictadura, el poder se había trasladado a los generales con mando de tropas que encabezaban las cuatro Regiones Militares (posteriormente llamadas Divisiones de Ejército) en que se subdividía el país.54
Con tales antecedentes y criticando la injerencia de la cúpula militar en el caso de la Junta Departamental de Montevideo, el primero de febrero de 1973 Vasconcellos emitió un explosivo mensaje. Fue grabado en su domicilio temprano en la tarde por el periodista Luis Michelini y reproducido durante quince minutos en el programa de alta audiencia de CX16 Radio Carve, Tomándole el Pulso a la República, que se emitía de 23:00 a 23:30 horas. Anunciaba que luego de un siglo “el país está entrando nuevamente a otro ‘periodo militarista’ ”. El exministro Legnani pese a documentar el desborde militar no había podido contenerlo y la situación se agravaba porque las ff. aa. en sus comunicados se atrevían a dejar malparado al presidente, mientras el nuevo ministro de Defensa Armando Malet (en otros tiempos amigo y correligionario batllista de Vasconcellos) las secundaba. Los mandos pretendían justificar su propia subversión afirmando que era respuesta a la corrupción, pero esta “existe también cuando se busca sustituir a los organismos normales de la administración por quienes no [tienen] facultades ni autoridad para ello […] también es ladrón quien roba las libertades a un pueblo”. Clamar por la corrupción para intervenir ilícitamente en política era parte de una maniobra de gradual desplazamiento de la administración civil hasta llegar a la ruptura constitucional. Los conspiradores no eran todas las ff. aa., sino “un grupo de hombres” en su interior; el dilema era: “o defendemos las instituciones contra quien sea […] o entregamos al país al caos, a la dictadura que luego lleva consigo todas las corrupciones, todas las arbitrariedades y todos los latrocinios”. Pedía que el sistema político entero se empeñara en la lucha y primaran
las instituciones, fiel reflejo de la voluntad popular, a través de sus gobernantes electos […] Los demás están de más [sic] […] Que nadie se haga ilusiones: [el coronel Lorenzo] Latorre llegó [en 1875] y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los ‘Latorritos’ que tratan de llegar —aunque lo hagan con la ayuda de cobardes y traidores— que no olviden la lección histórica.55
V. Pronunciamiento
El semanario derechista Azul y Blanco, vinculado al pensar de la Región Militar Número 1, con jurisdicción en los departamentos de Montevideo y Canelones, tituló con conocimiento de causa: “Latorritos para rato”;56 y Ahora publicó rumores: los militares ponderaban si los dichos del legislador constituían infraganti delito, habiendo hablado “al margen del debate parlamentario” y se disgustaban por “la vinculación de ciertos líderes quincistas [del grupo de Jorge Batlle] notoriamente allegados a Bordaberry con las declaraciones de Vasconcellos”. Malet trasmitió el “malestar” de los generales de tierra, contralmirantes de mar y brigadieres de aviación, exigiendo que Bordaberry contestara al senador. El presidente lo hizo públicamente el 2 de febrero, afirmando que
no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática […] entregar[é] el poder solo a quien determine la voluntad soberana del pueblo […] para el Presidente de la República no hay más camino que el de la legalidad […] [y] no hay respaldo más firme […] que la seguridad de que para ello cuenta y contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Vasconcellos se dio por satisfecho, pero exigió la renuncia de Malet, sin lo cual lo interpelaría en la cámara.57
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea brigadier Pérez Caldas (exedecán militar de Luis Batlle) parecía disciplinarse, no así otros oficiales