El año anterior Wilson Ferreira Aldunate había denunciado la llamada Orden Secreta No. 14, por la que el Comando de la Armada habría autorizado ilegalmente operaciones de alijo argentino en la zona uruguaya del Plata. La Armada reaccionó acusándolo de revelar un documento secreto y como ya se estaba volviendo costumbre desde la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, los militares amenazaron con pedir su desafuero e incluso habrían considerado apresarlo sin más, con el pretexto de que por tratarse de un acto de imprenta se configuraba delito continuado y el legislador sería tomado infraganti. “¿Que es esto del secreto? [saltó Ferreira defendiendo la primacía del Parlamento] […] yo no soy subordinado ni del ministro de Defensa Nacional, ni del ministro de Relaciones Exteriores. Yo soy su superior”. Mas era cierto que si por el artículo primero de la Ley de Seguridad del Estado que su grupo había votado y contribuido a redactar, se le encontraba culpable de revelar un secreto militar que atentara contra la seguridad, podía ser castigado con diez a treinta años de penitenciaría. El miércoles 22 de noviembre de 1972 un juez militar envió el pedido de su desafuero para el que no habría votos en el Senado: la mayoría de los acuerdistas blancos cerraban filas con el partido adhiriendo a la defensa de la soberanía y oponiéndose a la violación de la investidura parlamentaria. El líder nacionalista llamó a sala al ministro Juan Carlos Blanco y la mayoría de la Cámara aceptó también en esta ocasión las explicaciones del funcionario. Una resolución de Bordaberry puso a salvo el honor del comandante en jefe Zorrilla, mas es de suponer que el marino no quedaría con sentimientos de simpatía hacia Ferreira.36
El problema se originaba porque los barcos de gran calado no podían llegar a Buenos Aires y hacer alijo les resultaba más económico que usar el puerto de Montevideo para trasbordos. Las operaciones por la discutida Orden No. 14 (cuando el ministro de Relaciones Exteriores era José Antonio Mora Otero y el comandante en jefe de la Marina el contralmirante Guillermo Fernández) estaban permitidas entre buques del vecino país, pero la de enero de 1973 había enlazado a uno de estos con otro de bandera noruega, suscitando la intervención de las autoridades uruguayas. Del otro lado les habían replicado que buques mercantes y fuerzas navales que los protegían estaban “en aguas argentinas”.37
La disputa se había agudizado a inicios del siglo xx, cuando el canciller argentino Estanislao Zeballos sostuviera la doctrina de la “costa seca”, según la cual Uruguay no tendría en absoluto soberanía en el Plata. Posteriormente, al quedar fijado a los efectos internacionales el límite exterior del río con el océano Atlántico, se estableció que solo ambos países tendrían derecho a ejercer dominio en la corriente fluvial. Uruguay reclamaba la mitad de la superficie, mientras que Argentina —dadas las complejidades de un cauce de poca profundidad— prefería demarcar la frontera siguiendo la línea de mayor profundidad (el thalweg) lo que quedó consagrado por el protocolo Ramírez-Saenz Peña de 1910, complementado por otro de 1964. Tal consenso estaba desvirtuado porque el dragado del canal navegable por Argentina y la ubicación de las correspondientes boyas luminosas habían llevado el trazado cada vez más cerca de la costa uruguaya, de tal modo que —decía Ferreira— el alijo de enero se daba “frente al Hospital de Clínicas” de Montevideo. Criticaba al canciller Blanco por defender la tesis del adversario, consistente en que Argentina podía alijar del lado oriental por ser ribereña, “Cuando es exactamente al revés, si vienen los griegos y los coreanos […] no hay que preocuparse demasiado porque Corea nunca va a sostener que el Río de la Plata va a ser coreano”. El asunto se volvía más candente por la posibilidad de que hubiera yacimientos de hidrocarburos en la cuenca.
Por ser un periodo de vacaciones ni el presidente del gobierno militar argentino, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, ni su ministro de Relaciones Exteriores se encontraban en Buenos Aires, por lo que al principio la reacción del vecino país había estado a cargo de su Armada. Lanusse tenía que vérselas con sus propias facciones castrenses a menudo enfrentadas, pero tras una reunión con los comandantes de las tres armas convino el envío de la nota de protesta.38
Incidentes en el Plata se producían desde fines de los años sesenta, mas la cautela del gobierno uruguayo obedecía a que una comisión mixta binacional trabajando discretamente estaba por llegar a una solución, lo que desconocía el público. A fines de ese mismo año el nuevo presidente argentino Juan Domingo Perón —que buscaba reavivar su proyección continental— solventaría la cuestión signando con Bordaberry el Tratado del Río de la Plata dando concesiones a Uruguay. Pero el conflicto por la navegación y el uso de los recursos de los ríos del antiguo virreinato del Río de la Plata seguiría crispando la región, involucrando también a Brasil y Paraguay. En el siglo xx habían amainado las fricciones de Uruguay con Brasil, mientras que las originadas con Argentina favorecían desde temprano los acercamientos con Estados Unidos. Ya en 1875, ante ostensibles preparativos de la Revolución Tricolor en la otra orilla y reclamos del gobierno uruguayo a los que el argentino hacía oídos sordos, el representante diplomático de ee. uu. ofreció insistentemente al presidente Pedro Varela el apoyo de la escuadra norteamericana surta en el puerto de Montevideo. El mandatario no aceptó, mas durante el siglo xx en distintos periodos, las administraciones de José y Luis Batlle ante problemas con Argentina se apoyarían en Estados Unidos, y no fue muy distinta la actitud del primer gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez en el siglo xxi. En esta secuela quien más innovó fue el canciller colorado Héctor Luisi, quien enfrentado a parecidas dificultades consideró en 1968 hacer un guiño a la Unión Soviética, explicando a la embajada de Estados Unidos que en las complejas relaciones con sus dos grandes vecinos, un país débil como Uruguay requería la amistad de ambas superpotencias.39
III. La Junta Departamental de Montevideo
Durante enero también arreciaron las acusaciones de corrupción por la gestión del ente estatal Usinas y Teléfonos del Estado (ute, entonces encargado de la energía eléctrica tanto como de telecomunicaciones) a causa de un acuerdo con la compañía española privada sercobe. Coincidía que el antiguo director de ute, Ulysses Pereyra Reverbel, muy cercano a Pacheco Areco, tras concretar una jugosa jubilación del servicio público apelando al criticado expediente conocido como artículo 383, abandonaba el puesto que a continuación ocupara en la Comisión Técnico Mixta de la Represa del Salto Grande, para acceder por designación oficial a un cargo bien remunerado en el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Había concluido su trámite jubilatorio en 56 días, cuando era proverbial la tardanza que debían padecer los ciudadanos comunes; aparte se le autorizó un pago retroactivo por desempeños anteriores a la fecha de su solicitud. A principios de febrero una comisión investigadora del Poder Legislativo concluiría que “En el convenio celebrado con sercobe [...] se observa una proliferación absolutamente inusual de intermediarios y gestores privados [...] contiene cláusulas inconvenientes para la economía del país y lesivas para su soberanía”. La justicia de instrucción penal puso en marcha una indagatoria que alcanzaría a distintas personalidades del pachequismo además de Pereira Reverbel, quien regresaría en marzo al país para declarar. Pacheco, en España, comprometido por testigos sería interrogado mediante exhorto.40
En este clima lo que terminó por encender los ánimos fue el conocimiento de hechos de corrupción y desorden administrativo en la Junta Departamental de Montevideo (jdm) organismo legislativo comunal compuesto por 31 miembros electos, de los que once pertenecían a la mayoritaria Unión Nacional Reeleccionista, cinco a Unidad y Reforma grupo de Jorge Batlle, ocho al Frente Amplio y siete al Partido Nacional. Las denuncias provenían del diario El País, antecedidas por otras que no habían logrado tanto eco, formuladas por el semanario Marcha y los diarios El Día y Ahora.41 En 1971 el Tribunal de Cuentas (tc) había observado nombramientos irregulares de funcionarios, también señalados por ediles de la coalición izquierdista fidel.42
El