Sobre la naturaleza cívico-militar de la dictadura uruguaya
En comparación con la dictadura chilena y otras dictaduras implantadas en el Cono Sur en la misma época histórica, una de las características específicas del golpe de Estado y del régimen dictatorial implantado en el Uruguay fue su naturaleza cívico-militar,[1] al menos hasta el año 1981.[2]
Efectivamente, el golpe de Estado fue ejecutado en la madrugada del 27 de junio de 1973 por quien desde noviembre de 1971 hasta ese mismo momento era el presidente constitucional, Juan María Bordaberry, por lo que dicho acto no representó un caso típico de usurpación del poder bajo las formas de derrocamiento, destitución o muerte del titular de la primera magistratura de la República.
Dicho de otra manera, el golpe en Uruguay fue un autogolpe en defensa o en reafirmación del poder del Estado[3] por parte de quien ya lo detentaba en calidad de presidente e integrante del Consejo de Ministros (Poder Ejecutivo),[4] por lo que dicho acto tampoco significó un total desplazamiento, una plena conquista o asalto al poder gubernamental por parte de militares golpistas que derrocan al presidente civil como en otros países vecinos.
Ese rasgo diferenciador del golpe de Estado en el Uruguay surge, precisamente, cuando queremos dar respuesta a una pregunta de la teoría política clásica: ¿quién ejecuta los golpes?, cuestión planteada en 1639 por Gabriel Naudé en su libro pionero Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado.[5] Para el caso uruguayo, entonces, la respuesta a la pregunta de quién ejecuta el golpe de Estado es: el presidente de iure, quien, en ese mismo acto, devino dictador de facto.
La continuidad del titular del Poder Ejecutivo del Estado detentado por la misma persona a partir de la ejecución de un golpe de Estado cambió, inmediatamente, el título del gobernante: de presidente a dictador y, al mismo tiempo, el principio de legitimidad de su investidura: democrático-electoral (basada en el voto ciudadano) a poder de facto (basada en un golpe de Estado).
Es en ese sentido que sostenemos que el golpe en el Uruguay no representó un caso típico de golpe militar, es decir, ejecutado exclusivamente por las Fuerzas Armadas que instalaron una junta militar o triunvirato (de origen golpista) tras derrocar a los presidentes constitucionales y usurpar su poder legítimo (de origen electoral), casos: Jõao Goulart en Brasil (1964), Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón en Argentina (1966 y 1976) y Salvador Allende en Chile (1973).
Con lo anterior, no queremos afirmar que en esos regímenes dictatoriales latinoamericanos no tuvieran participación activa los civiles, tanto desde el punto de vista represivo (Patria y Libertad en Chile, la Triple A en Argentina, la Juventud Uruguaya de Pie en Uruguay) como en cargos gubernamentales, formando parte del personal administrativo a nivel nacional o departamental o actuando como personal de confianza a distintos niveles y en diversos organismos del Estado autoritario. Este aspecto puede ser fácilmente verificado con nombres y apellidos en todos los regímenes dictatoriales de la región. Pero dicha presencia de personal civil en las dictaduras latinoamericanas de nuevo tipo no siempre determinó la naturaleza misma del régimen político-estatal implantado en el país.
Carácter institucionalizado de la dictadura uruguaya
Señalada con énfasis la importancia que tiene para los estudios del autoritarismo definir el dictador-persona o, como señala Gabriel Naudé, responder a la pregunta sobre: quién ejecuta el golpe de Estado, también resulta importante definir el nuevo bloque de poder conservador y las formas de reestructura del aparato burocrático-estatal a los efectos de caracterizar la especificidad o el tipo de autoritarismo implantado en el Uruguay y las formas concretas que asumió el Estado-dictadura durante casi 12 años en el país.
En nuestro caso, los rasgos de personalización del golpe en la figura del presidente-dictador y la continuidad del titular del Poder Ejecutivo de la democracia a la dictadura —desde el golpe en 1973 hasta su destitución en 1976— no niega el hecho evidente de que Juan María Bordaberry fue quien ejecutó el golpe de Estado del 27 de junio pero con el apoyo expreso de las Fuerzas Armadas como institución.
Esa circunstancia determinó que después del golpe no se produjera en el país la total centralización y/o fusión de los poderes dictatoriales en la persona del presidente-dictador (el Uno), sino que se constituyera una estructura de decisiones de integración compartida con las Fuerzas Armadas (cierta colegialización del poder gubernamental), una especie de división del trabajo cruzada para el ejercicio de las funciones públicas, según las especialidades de políticos y de soldados.
Entonces, si bien el autogolpe dado por el presidente convertido en dictador no implicó una usurpación o despojo del poder gubernamental que ya detentaba sino su conservación y reafirmación en acto —justificado por los desafíos al orden provenientes de sectores de la sociedad civil o no estatales (sindicatos, gremios estudiantiles, partidos políticos de la izquierda)—,[6] sí implicó un desplazamiento parcial del ejercicio centralizado y partidocrático del poder gubernamental a cargo de los partidos tradicionales, los políticos y tecnócratas[7] y la incorporación a dicho bloque de la burocracia militar, constituyéndose así un régimen de poder mixto o compartido entre quienes ejecutaron el golpe de Estado y gobernaron casi 12 años bajo dictadura.
Dicho de otra manera, el rasgo civil (o cívico) de la dictadura uruguaya —resumido en la persona del presidente/dictador— se correlaciona con el rasgo militar del golpe de Estado y la dictadura —resumido en la corporación/institución Fuerzas Armadas—, no como componentes separados o agregados que se superponen según la coyuntura y las etapas de evolución y/o crisis internas del régimen sino a partir de una relación orgánica compleja, que sobredetermina tanto la naturaleza o el tipo de régimen autoritario instalado en el país (de carácter cívico-militar) como las características específicas del bloque de poder mixto (civil y militar) de la dictadura uruguaya.
Las Fuerzas Armadas como institución del Estado se asocian —en forma corporativa y monolítica— a la decisión del golpe ejecutado por el presidente como acto gubernamental y, a partir de allí, co-gobiernan el Estado autoritario en sus diferentes niveles (no solamente represivos), no obstante las distintas etapas y sucesivos recambios en los gobernantes de facto (cuatro presidentes), al menos entre 1973 y 1981, año en el que asumió la presidencia de facto un militar, por primera vez en forma directa y hasta la recuperación de la democracia en el país, en marzo de 1985. El teniente general Gregorio Álvarez fue Comandante en Jefe del Ejército y se encontraba retirado de la actividad y sin mando de tropa desde el 1 de febrero de 1979.
Al interior de las Fuerzas Armadas uruguayas, podría decirse incluso que, a diferencia de la figura del tirano usurpador —un Pinochet en Chile o Videla en Argentina—, las discusiones y toma de decisiones entre militares también se procesaron a través de organismos de tipo colegiado como la Junta de Oficiales Generales, la Junta de Comandantes en Jefe, la Comisión de Asuntos Políticos, y otros; es decir, tampoco se llegó en el caso uruguayo a la personalización del liderazgo militar[8] salvo, como ya señalamos, casi al final del proceso (en 1981), cuando fue designado presidente el teniente general retirado Gregorio Álvarez, aunque dicho cambio no alteró sustancialmente la naturaleza combinada militar-civil del régimen hasta el final de sus días.
En conclusión: el proceso de concentración de los poderes estatales en la dictadura uruguaya no concluyó en un monopolio, total centralización o fusión de los mismos en el Uno-dictador (líder político o caudillo militar) o en una única institución u órgano estatal (Poder Ejecutivo, Consejo de Estado o Junta Militar). Se trató, más bien, de un poder único-compartido (cívico-militar o militar-civil), con cambios en la correlación interna de fuerzas