Según las investigaciones realizadas por el equipo universitario que trabaja para la Presidencia de la República en el marco de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, y luego de revisar una voluminosa documentación en archivos estatales, la cantidad aproximada de detenidos por razones políticas durante la dictadura fue de 5925 presos varones, entre ellos 891 sindicalistas, alojados en el Penal de Libertad (Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1); 739 mujeres alojadas en el Penal de Punta de Rieles (Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2) y alrededor de 159 detenidas al norte del país, recluidas en la cárcel de la ciudad de Paso de los Toros.[14]
Las mismas investigaciones históricas para la Presidencia de la República realizadas por el equipo universitario desde el año 2005 determinaron, hasta el momento, un total de 51 centros públicos de detención de presos políticos. De ese universo, tres son Penales dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y concentraron a la mayoría de la población carcelaria: el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, Libertad (para varones adultos), el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2, Punta de Rieles (para mujeres), y la Cárcel en la sede de la Jefatura de Policía de Paso de los Toros, Tacuarembó (para mujeres detenidas al norte del país). También dependientes del Ministerio de Defensa Nacional se encontraron, aparte de los penales señalados, otros 38 centros de detención localizados en distintos cuarteles y unidades militares, tanto del Ejército (35 cuarteles) como de la Armada (2) y Fuerza Aérea (1), en Montevideo y la mayoría en el interior. Otros 3 establecimientos de reclusión masiva dependieron del Ministerio del Interior (Policía), además de que las comisarías de todo el país sirvieron para el alojamiento temporal de ciudadanos detenidos.
Una mención especial debemos dedicar a los 8 centros clandestinos de detención identificados hasta el momento, dependientes de los organismos militares y policiales (sid-Junta de Comandantes en Jefe, ocoa-División de Ejército I): 1) “300 Carlos R” o “Infierno Chico” en la casa de Punta Gorda; 2) “La Mansión” en el edificio-sede del Servicio de Información de Defensa; 3) la “Casona”; 4) la “Base Valparaíso”; 5) “300 Carlos”, “Infierno Grande” o “La Fábrica”, ubicado en el Servicio de Material y Armamento del Ejército (sma); 6) “La Tablada” o “Base Roberto”; 7) el “Castillito” de Carrasco; 8) Base “Lima Zulú”, dependiente de la dnii (Ministerio del Interior-Policía), e instalada en una casa particular incautada al Partido Comunista.
Coordinación represiva regional. Plan Cóndor
Las transformaciones en la legalidad e institucionalidad estatal promovidas por la dictadura uruguaya estuvieron relacionadas con la ampliación coordinada de la represión al ámbito regional. Esta extensión justificó una concepción de “soberanía” ampliada a los países limítrofes, principalmente la República Argentina, y la persecución de personas y grupos que el régimen consideraba que atentaban contra la seguridad interna.
Si bien los antecedentes de la concepción ampliada de soberanía se remontan a la dictadura brasileña (1964) a través de las fronteras ideológicas o móviles, con los golpes de Estado y dictaduras de nuevo tipo instauradas casi simultáneamente en Uruguay, Chile y Argentina, entre 1973 y 1976, la coordinación represiva regional adquirió un carácter permanente, y luego con el Plan Cóndor, asumió dimensiones operativas coordinadas a cargo de los gobiernos, servicios de seguridad y cancillerías de la región con el apoyo y la intervención de los Estados Unidos.
El acta fundacional del Plan Cóndor está fechada en noviembre de 1975, y fue resultado de una primera reunión interamericana de organismos de inteligencia convocada por la Dirección de Inteligencia Nacional (dina) en Santiago de Chile. Allí, el coronel José A. Fons, quien participó en nombre del Servicio de Información de Defensa (sid) de Uruguay, fue quien propuso el nombre de “Cóndor” para dicha transnacional de la represión. Ello modificó una parte del organigrama clandestino del Estado-dictadura fuera de fronteras, el personal burocrático asignado, los recursos técnicos y financieros para las operaciones encubiertas (transporte, comunicaciones, armas, infraestructura de vigilancia en puertos y aeropuertos, coordinaciones). En este marco, la obtención de dinero de las organizaciones y militantes perseguidos como botín de guerra, particularmente en la Argentina, constituyó un objetivo central de las acciones de las fuerzas de seguridad, junto a los fines propiamente militares y políticos del régimen, incluso para reinvertir parte de esos fondos en la infraestructura represiva ilegal.
Esta coordinación represiva dio lugar a una serie de operaciones particularmente cruentas. El 24 de julio de 1976, se produjo el primer vuelo o traslado ilegal de prisioneros desde Argentina (recluidos en el Centro de Detención Clandestino “ Automotores Orletti”) a Uruguay (alojados en el “300 Carlos R” y luego en la sede del sid). Fueron trasladados un total de 22 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp) y un matrimonio del mln quienes sobrevivirán a la acción represiva luego de cumplir la mayoría de ellos años de cárcel en cumplimiento de condenas de la Justicia Militar. En el operativo fue secuestrado un bebé de 21 días, Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti. En agosto de 1976 fue detenida en Buenos Aires y trasladada luego a Montevideo en avanzado estado de gravidez, María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, alojada en el mismo centro clandestino (sede del sid) que los integrantes del “primer vuelo”, junto a dos menores de edad, Anatole y Victoria Julién Grisonas, hijos de detenidos-desaparecidos en Argentina.[15]
El 5 de octubre de 1976, en el segundo vuelo clandestino de Argentina a Uruguay, fueron trasladados alrededor de 26 militantes del pvp, finalmente desaparecidos. La existencia de dicho vuelo fue reconocida por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea uruguaya en informe solicitado por el presidente de la república, Tabaré Vázquez, el 8 de agosto de 2005.
También en el año 1976, el 20 de mayo, aparecerán en Buenos Aires los cadáveres del senador frenteamplista Zelmar Michelini y del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los cuerpos del matrimonio Barredo-Whitelaw, militantes del mln-Nuevo Tiempo asesinados en un operativo conjunto. Un día antes, el 19 de mayo, fue detenido y desaparecido Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista, exiliado en Argentina.
El 4 de octubre de 1976, en el balneario de Punta del Este, son secuestrados los hermanos de nacionalidad argentina, Claudio y Lila Epelbaum, quienes fueron transportados ilegalmente a la Argentina y recluidos en el centro clandestino El Banco, donde desaparecieron.
En marzo de 1977, fueron detenidos en Asunción del Paraguay, los militantes del pvp, Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Hay documentación probatoria de la participación de un militar uruguayo, el Mayor Carlos Calcagno, en los interrogatorios. Los detenidos, entre los que se encontraban también otros tres ciudadanos argentinos, fueron transportados en un vuelo ilegal a la República Argentina el 16 de mayo, donde desaparecen definitivamente.
El 16 de noviembre de 1977, fue detenido en la ciudad de Colonia cuando pretendía ingresar con documentación falsa a Uruguay, el dirigente Montonero, Óscar DeGregorio. Fue alojado y torturado en el Cuerpo de Fusileros Navales. Integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada (esma) viajaron clandestinamente a Uruguay para interrogarlo y luego trasladarlo ilegalmente a la Argentina en helicóptero, el 17 de diciembre de 1977. Fue recluido en la esma y desaparecido.[16]
Como resultado de estas últimas acciones represivas en ambas márgenes del Río de la Plata, los servicios de inteligencia detectaron la existencia en la Argentina de un Regional de los Grupos de Acción Unificadora (gau). Entre el 21 de diciembre de 1977 y el 27 de diciembre de 1977 fueron secuestrados en Buenos Aires, catorce personas vinculadas a los gau y una a las Agrupaciones de Militantes Socialistas, todos continúan desaparecidos hasta el presente. Por las mismas fechas, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 1978, fueron secuestrados en Buenos Aires otros once uruguayos finalmente desaparecidos, integrantes de otras organizaciones con las que los gau mantenían contactos en el marco de la Unión Artiguista de Liberación (ual) o fuera de la misma (Partido Comunista Revolucionario, mln-Tendencia Proletaria). Entre el 20 y 24 de abril de 1978, caen otros cuatro ciudadanos uruguayos militantes del pst en Argentina, quienes fueron probablemente trasladados con final desconocido y se encuentran desaparecidos. El 16 de mayo de