La propuesta de Vázquez hace evidente aspectos de lo que tienen que decir aquellos pasados conosureños a las presentes luchas por los proyectos futuros de nación latinoamericana, en una época hondamente transformada y trastornada incluso por el cuestionamiento de la viabilidad de alguna de las nociones que, como la nación, están involucradas en su análisis.
Con esta propuesta conclusiva se invita a los lectores a recorrer las páginas que siguen, que contaron con numerosos apoyos institucionales, entre los que destacan la colaboración directa de Araceli Leal, Giovanni Pérez y Diana Rodríguez.
Referencias
Caetano, Gerardo (2008). “Hacia un ‘momento de verdad’: las investigaciones sobre el destino de los detenidos desaparecidos (2005-2007)”, Sociohistórica, núms. 23-24, pp. 199-249.
García Canclini, Néstor (2002). Latinoamericanos buscando un lugar en este siglo, Buenos Aires, Paidós.
Jelin, Elizabeth (2005). “Exclusión, memorias y luchas políticas”, en Daniel Mato (comp.), Cultura, política y sociedad: Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, clacso, disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Jelin.rtf>, consultada el 12 de marzo de 2013, pp. 219-239.
Jelin, Elizabeth (2002). “Los sentidos de la conmemoración”, en Elizabeth Jelin (comp.), Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”, Madrid, Siglo xxi, pp. 244-251.
Koselleck, Reinhart (1993). Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós.
Rabotnikof, Nora (2009). “Política y tiempo: pensar la conmemoración”, Sociohistórica, núm. 26 (segundo semestre), Buenos Aires, pp. 179-212.
Waldman M., Gilda (2007). “Presentación”, en Maya Aguiluz Ibargüen y Gilda Waldman M. (coords.), Memorias (in)cógnitas. Contiendas en la historia, México, unam-ciich, pp. 11-18.
Yerushalmi, Yosef Hayim (1998). “Reflexiones sobre el olvido”, en Yosef Yerushalmi et al., Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 13-26.
1. Los golpes de Estado: ayer, hoy y mañana
Los cuarenta años del golpe de Estado de 1973 en Uruguay
Gonzalo Varela Petito
Introducción
A efectos de explicar la crisis que desembocó en el golpe de Estado y en la dictadura que se extendió de 1973 a 1985 en Uruguay, es necesario analizar variables de índole económico, social y político entrelazadas. Uruguay tuvo, desde principios del siglo xx, una contradicción de largo plazo entre, por un lado, un Estado con una legislación social avanzada —de las más avanzadas del mundo hacia 1920—[1] y, por otro, una base económica limitada. Su población, que en 1910 era de alrededor de un millón de habitantes y hoy es de poco más de tres millones, no varía mucho porque el país tiene un escaso crecimiento poblacional desde principios del siglo xx (y una fuerte emigración a partir de la década de 1960), lo que configura un mercado interno pequeño y una economía que depende de la exportación. En la época de la que hablamos, las exportaciones se componían en un 90% de productos agropecuarios (carne, lana, cuero y derivados) generados por un empresariado nacional[2] poco innovador, poco dinámico y, por tanto, con baja capacidad de respuesta a las variaciones del mercado mundial.[3] Ya desde mediados de los años cincuenta se planteaban problemas serios, pero entre 1961 y 1971 aproximadamente, hubo una coyuntura exportadora muy mala, ocasionada por el Reino Unido y la Comunidad Económica Europea (antecedentes de la actual Unión Europea) —los principales socios comerciales de Uruguay— que fijaron un sistema de cuotas de comercio y prevenciones sanitarias que hundieron más la economía del país. Es importante señalar, no obstante, que hacia 1973, cuando se produce el “autogolpe” de Estado presidencial, los precios de las materias primas agropecuarias habían mejorado mucho, lo que hace suponer que este fue uno de los cálculos manejados por los golpistas. Se esperaba que la nueva dictadura tendría un cuadro económico satisfactorio, lo que entre otras cosas permitiría un aumento del salario real.[4]
Conflicto social
La coyuntura económica especialmente mala de la década de 1960 habría de tener una repercusión social negativa magnificada por la tensión de largo plazo arriba señalada. Influyó además que Uruguay —al igual que Argentina— tuviera una modernización temprana en el siglo xx, si se lo compara con el resto de América Latina. Se trataba de sociedades muy urbanizadas, sin una población campesina numerosa que manifestara “hambre de tierras”, con desarrollo de la industria (sobre todo en Argentina), el comercio, las finanzas y, especialmente en Uruguay, de los servicios del Estado. Independientemente de su reducido tamaño en territorio y población —o tal vez ayudado por dichas variables—, Uruguay constituía en los años sesenta un país con 80% de su población repartida en centros urbanos, un Estado paternalista y un gasto público creciente, que se mantuvo desde principios del siglo con relativa autonomía del ciclo económico, aun bajo gobiernos de sesgo conservador.[5] Sin embargo, prácticamente desde el inicio se planteó un conflicto latente o manifiesto, pues había núcleos de intereses, empezando por el sector agroexportador, que sostenía que tal era un lujo que el país no podía pagarse, dado que se recargaba excesivamente sobre las fuerzas productivas del campo.[6] Lo cual era paradójico, porque el país tenía ese tipo de Estado social debido al triunfo de ideas reformistas y humanitarias[7] pero también porque con una población escolarizada, trabajando mayoritariamente en industria, servicios o instituciones oficiales y con buenos estándares (comparativamente hablando) de salud y seguridad social, requería un financiamiento que debía sostenerse en buena medida con el gasto público y la intervención del gobierno.
No es menos cierto que en el correr del siglo la capacidad del Estado se vio afectada mientras la nómina burocrática se hinchaba por el clientelismo y la política electoral de los partidos tradicionales. El número de personas con empleo público o (según la época) privado y acceso a los beneficios sociales siguió aumentando, mas, debido a los problemas económicos, el pbi per cápita y la recaudación tributaria disminuyeron, afectando la calidad de los servicios públicos y de la seguridad social. Pero todo estaba relacionado: la demanda de puestos públicos, acrecida en la segunda posguerra, se explica por la escasez ocupacional en el sector privado causada por la restricción de los negocios; y la demagogia electoral era el costo de una democracia sentada sobre bases económicas frágiles.[8]
La existencia de una legislación avanzada no es por sí sola garantía del cumplimiento de los derechos reconocidos —lo que se comprueba en el caso de grupos vulnerables como los trabajadores del campo o el servicio doméstico. Pero uno de los resultados de la modernización, el estatismo y la industrialización fue que Uruguay desarrollara sindicatos de obreros fabriles o de empleados del vasto sector terciario que además eran independientes, es decir que no estaban controlados por la fuerza política en el gobierno como sucedió con el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil o en México durante la larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (pri).[9] Estos conservaron o adquirieron en el largo plazo rasgos de politización —es decir que no se limitaban a reivindicaciones corporativas— y de lucha —como lo demuestra el temprano y sistemático uso de la huelga,[10] lo que culminó en la formación, entre 1964 y 1966, de una central única, la Convención Nacional de Trabajadores (cnt). Con anterioridad a los años cuarenta los sindicatos eran todavía —dependiendo del caso— débiles, expuestos al desempleo y la disgregación a causa del ciclo económico o del escaso desarrollo de la industria, y contrapesados por patronales intransigentes.[11] La suerte de los trabajadores