Tras las discutidas elecciones de 1971 —en las que se sabe hubo alguna injerencia no especificada de Estados Unidos y Brasil—,[27] cambiará la cabeza del gobierno, pero el nuevo presidente Juan María Bordaberry (1972-1976) será de similar orientación al anterior, aunque notoriamente más débil en capacidades y apoyo político, lo que coincidirá con un choque aún más encarnizado entre gobierno y Tupamaros. Esto se debía a la directiva que había elegido el movimiento guerrillero, pero también convenía al Ejecutivo, que pudo lograr la aprobación de lo que llamó “estado de guerra interno”, otra innovación por fuera de la Constitución que le concedió un Parlamento atemorizado, admitiendo quitar toda traba a la acción represiva de las Fuerzas Armadas y trasladando los expedientes por “sedición” (término usado con amplitud) a la Justicia Militar. Se provocó así un fenómeno totalmente nuevo en el Uruguay del siglo xx, que fue el protagonismo militar. A diferencia de la mayor parte de América Latina, el país no había sufrido en ese lapso intervenciones castrenses y había un fuerte consenso en cuanto a mantener a los militares fuera de la actividad política, no obstante haber ocurrido dos golpes de Estado (también encabezados por los presidentes en turno) en 1933 y 1942.
Durante 1972, los militares aplastaron en pocos meses y con holgura al mln, pero dejaron en claro que no se retirarían a los cuarteles como esperaban los políticos tradicionales que los habían respaldado, sino que permanecerían activos en aras de un pretendido saneamiento nacional con tintes mesiánicos. Se confirma así un panorama bastante clásico de crisis política: deterioro económico y administrativo, conflicto social, ruptura de consensos y normas jurídicas, violencia política con elevado fraccionamiento del sistema de partidos, e intervención militar. Por lo que esta última no debe verse solo como resultado de la ambición de algunos jefes, sino ante todo como final de la descomposición de un sistema político carente de dirección.
Golpe
Aunque los militares se movían a su aire desde el año anterior, no hubo un golpe de Estado propiamente dicho sino hasta que entraron en contradicción con el presidente Bordaberry, en febrero de 1973, obligándole a crear un Consejo de Seguridad Nacional (cosena) que, al integrar a los principales mandos castrenses dotados de toda la fuerza, los hacía gobierno de facto por encima del Consejo de Ministros.[28] En el confuso panorama político se evidenció también una bifurcación dentro de las Fuerzas Armadas —hablando simplificadamente, puesto que la información acerca de este proceso era (y en parte sigue siendo) incompleta. Una vez neutralizados los oficiales constitucionalistas, se dio la prevalencia en el alto mando de una tendencia con afinidades ideológicas fascistoides y, al mismo tiempo, de otra llamada “peruanista”, por invocar a los militares reformistas que gobernaron Perú sobre todo entre 1968 y 1975. Esta última —operada por la inteligencia militar— hizo ruido manipulando ilusiones de partidos de izquierda y sindicatos. El general que la hubiera encabezado (porque siendo militares se necesitaba de al menos un general en activo que tomara la bandera), Gregorio Álvarez —que sería presidente entre 1981 y 1985—, dejó que oficiales en rangos subordinados dialogaran sin concretar resultados con la izquierda y los trabajadores pero, quitando frecuentes rencillas por reparto de poder con sus pares, no sería distinto del conjunto en aspectos sustanciales de orden público, política económica y violación de derechos humanos.[29]
Entre febrero y junio de 1973, aprovechando estas diferencias, el presidente Bordaberry, que también era una persona con convicciones de extrema derecha, prefirió antes de que lo derrocaran aliarse con el ala más dura del ejército de tierra, yendo a una confrontación —estimulada según la circunstancia por los militares— con los políticos civiles que le habían apoyado, y por derivación, con la mayoría del Parlamento, que desautorizó (por ajustados votos) al Ejecutivo e implícita o explícitamente a las Fuerzas Armadas, precipitando la disolución del Legislativo y dando el golpe de gracia al viejo sistema político el 27 de junio de 1973. Pese a algunos grupos partidarios en especial y algunas personalidades políticas en particular que se opusieron al avance autoritario, el sistema político tradicional estaba altamente fragmentado, tanto o más embargado por el temor a la izquierda que por la amenaza de una dictadura de derecha, incapaz de lograr acuerdos duraderos, lo que determinó que no hubiera un frente cohesionado que pudiera resistir el golpe.
¿Qué proyecto tenía el nuevo régimen? Al principio no estaba claro, salvo que era de derecha. En lo económico se veía que la coyuntura era por fin buena y que el país crecería, permitiendo un aumento del salario real que contribuiría a aplacar —junto con la represión— a las organizaciones sindicales que habían sostenido una huelga general de quince días en respuesta a la dictadura (un hecho poco común en la frondosa historia de los golpes de Estado latinoamericanos).[30] Hubo alguna controversia, sin muchas posibilidades de desarrollarse, acerca de la orientación económica del régimen —dado que los militares conservadores pueden ser también estatistas—, pero ello iba contra las tendencias prevalecientes en el entorno nacional e internacional, que caminaban en el sentido de la apertura propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo antes del golpe. Sin embargo, la perspectiva optimista se derrumbó pronto, porque en el mismo 1973 se produjo la primera gran alza del precio del petróleo crudo, que castigó fuertemente a la economía uruguaya. En consecuencia, lo que prevaleció en la primera fase de la dictadura fue una mezcla de apertura con proteccionismo selectivo, que combinó la liberalización financiera con subsidios a la industria de exportaciones no tradicionales, en vista de que las agropecuarias volvían a mermar por la caída de la demanda, a resultas del choque petrolero y del proteccionismo de los países compradores. En años posteriores, se llevó a cabo una política más definida de apertura comercial y financiera.[31] Se registró a partir de 1974 un crecimiento sostenido que contrastó con el estancamiento de épocas pasadas, aunque la economía se volvió más vulnerable a las fluctuaciones internacionales, lo que —unido al elevado endeudamiento— culminó en una nueva crisis de grandes dimensiones en 1982. El ingreso, más allá de algunas oscilaciones, siguió concentrándose —respondiendo a una tendencia también internacional a la deflación de costos empresariales— y aumentaron el poliempleo, el empleo informal y de manera abundante la emigración por motivos económicos.[32]
En política interna, aparte de sofocar toda oposición, se realizó, como suele suceder en estos casos, una purga cultural en los centros educativos e intelectuales, imponiéndose duras restricciones (tal vez más efectivas por la autocensura que por la censura) a los medios de información y difusión de materiales impresos, auditivos y televisados. Fueron proscritos los partidos de izquierda y las organizaciones estudiantiles. También fue suspendida en sus derechos políticos una gran parte de la clase política tradicional. (Los derechos humanos estaban virtualmente suspendidos para todos). La cnt fue disuelta por decreto en el curso de la misma huelga de resistencia al golpe de Estado y los sindicatos individualmente considerados (cuya disolución hubiera sido contraproducente e imposible de justificar a la luz de los convenios internacionales) permanecieron congelados durante la mayor parte del tiempo, porque los intentos de reglamentarlos no funcionaron, quizás por discrepancias entre fracciones militares, pero posiblemente también porque el gobierno —con buena razón— temía que cualquier reanimación aun controlada los convertiría en focos de resistencia.
Fue una dictadura muy represiva que no se caracterizó por el número de asesinatos y desapariciones, aunque los hubo, sino por la cantidad de detenidos, presos, exiliados y torturados. En relación con su disminuida población, Uruguay debe haber sido proporcionalmente el país del Cono Sur con una mayor cuota de personas afectadas, al punto de que en algún informe de derechos humanos se le calificó como “país prisión”.
En lo tocante a Estados Unidos, el entonces presidente republicano Richard M. Nixon estaba en franco desacuerdo