La celebración del Mundial de fútbol en Argentina, en julio de 1978, fue el pretexto para aumentar la vigilancia en las fronteras, el intercambio de información, los seguimientos y operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de ambos países para asegurar la normalidad del espectáculo deportivo ante la opinión pública internacional. En ese marco, se produjo otra ofensiva importante contra exiliados uruguayos en Argentina y sus organizaciones de pertenencia así como contra ciudadanos argentinos exiliados en Uruguay.
El 18 de mayo de 1978, son secuestrados en Montevideo y trasladados y desaparecidos en Argentina, el matrimonio Logares-Grispón, quienes fueron vistos hacia finales de junio de 1978 en el “pozo de Banfield”. Su pequeña hija de 2 años, Paula Eva Logares, fue también secuestrada y trasladada, apropiada por un represor, cambiada su identidad, recuperada y restituida a su familia materna (abuela) el 13 de diciembre de 1984.[17]
Los organismos de inteligencia del Estado-dictadura (públicos y clandestinos)
La necesidad del Estado uruguayo de conformar una paraestatalidad, originada y sostenida desde el interior de la propia estatalidad legal pero que actuara como exterior a ella, en la ilegalidad y extraterritorialidad, atravesó un conjunto de decisiones institucionales y discrecionales y el involucramiento de personal burocrático —civil y militar—, aun antes de producirse el golpe de Estado. Así, sobre todo a partir del año 1971, cuando se toma conocimiento público del accionar de los primeros grupos paramilitares y parapoliciales y los primeros asesinatos y desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos a cargo de los “ Escuadrones de la muerte”, las lógicas operativas y la concepción de guerra interna fueron gradualmente justificando el accionar represivo de las Fuerzas Armadas como operaciones de policía, y consiguientemente, su partinización, asumiendo cada vez más la lógica irregular y clandestina del enemigo interno bajo el postulado de que “donde hay partisanos se actúa como partisanos”,[18] en detrimento de la lógica legal y garantista del mismo Estado de derecho, aún vigente hasta el golpe.
En ese marco, la distinción o límites legales y éticos o entre lo público y lo privado, lo político y lo no político, lo interno y lo extraterritorial, la vida y la muerte de sus conciudadanos fueron condicionados y finalmente absorbidos por una razón de Estado autoritaria y una noción de soberanía interna omniabarcante.
El corolario de esta comprensión institucional de la guerra intraestatal contra un enemigo también interno consistió en no reconocer el estatus de combatiente (militar y político) de estos últimos, que fueron considerados así por el Estado uruguayo como delincuentes comunes. La criminalización del enemigo político y la victimización de la población fue a la par con la brutalización de la política, hasta el desconocimiento de garantías y derechos individuales que concluyeron degradando la misma condición humana del enemigo-víctima: de revolucionarios a mal nacidos. Es el pasaje de la guerra interna a la guerra sucia contra un enemigo-delincuente a exterminar físicamente, ese homo sacer, sin estatuto legal o moral, a excluir.[19]
Esta descripción general del proceso que consolida institucionalmente la doble faz del Estado-dictadura,[20] en lo que refiere a su faz clandestina-represiva propiamente dicha constituye un reforzamiento de las funciones pastorales del Estado que toma como objeto de la vigilancia y represión generalizadas al conjunto de la población, y no solamente a sujetos particularizados y estigmatizados dentro de ella (guerrilla, comunismo, oposición).
A continuación, enumeramos los organismos que actuaron dentro del organigrama estatal y fuera del mismo, referidos a las labores de la inteligencia militar y policial:
1) Servicio de Información de Defensa (sid), creado el 23 de febrero de 1965 mediante decreto Nº 68, para asesorar al Ministerio de Defensa Nacional en “asuntos de información y contrainformación” según las necesidades de la Defensa Nacional. En junio de 1971, el organismo quedó bajo entera jurisdicción militar y se produjo su división en seis departamentos, entre ellos, el Departamento III (Planes, Operaciones, Enlace) —verdadero epicentro de las acciones represivas nacionales y extraterritoriales—. Por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas aprobada ya bajo dictadura, en 1974, se definió al sid como “órgano de asesoramiento de la Junta de Comandantes en Jefe” (y no del Ministerio de Defensa Nacional).
2) El otro organismo militar involucrado en las acciones de inteligencia y operativa represiva a gran escala, fue el llamado Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa). Los antecedentes de este ámbito probablemente se remontan a abril de 1972, antes del golpe de Estado, en plena ofensiva represiva de las Fuerzas Conjuntas contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El ocoa fue creado por el Comando General del Ejército (cge), y al mismo se adscribían las cuatro Divisiones de Ejército en todo el territorio nacional. El ocoa1 —el más activo y numeroso— dependió de la División de Ejército I y tenía jurisdicción dentro de su territorio, que incluía la capital del país.
3) Dependiente del Departamento II del Estado Mayor del Ejército[21] funcionó la Compañía de Contrainformación del Ejército, inicialmente constituida para tareas de vigilancia interna y control de los propios efectivos del Ejército, pero que luego intervino directamente en investigaciones fuera del ámbito militar, en interrogatorios y operativos represivos, algunos de ellos fuera del territorio nacional como parte de la coordinación represiva regional y del Plan Cóndor.[22]
4) Las diferentes armas y sus Estados Mayores tenían sus propios servicios de inteligencia distinguidos con el Nº 2: S-2, N-2, D II, C.2, A-2: usacbl (Fuerza Aérea), fusna (Armada), dipre (Prefectura Naval) y otros.
5) Los antecedentes de la Inteligencia Policial se remontan al llamado por entonces Servicio de Inteligencia y Enlace, fundado en el año 1947, en plena Guerra Fría; en 1967 se conformó la Dirección de Información e Inteligencia (dii), dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo y, el 28 de diciembre de 1971, mediante Decreto, el organismo se consolidó como Dirección Nacional de Información e Inteligencia (dnii) que, a partir de 1978, pasó a depender del Ministerio del Interior.
Una zona secreta e ilegal del accionar represivo militar en Uruguay estuvo constituida por los ocho centros clandestinos de detención identificados hasta el presente, algunos de los cuales dependían de los organismos de inteligencia: del sid-Junta de Comandantes en Jefe dependían cuatro centros clandestinos de detención (incluida su propia sede); del ocoa-1 dependían tres; de la dnii (Ministerio del Interior-Policía) dependía la Base “Lima Zulú”.
Un rasgo de la experiencia dictatorial en el país es que varios centros clandestinos estuvieron localizados y funcionaron dentro de dependencias militares legales o públicas o en casas o chacras incautadas a prisioneros u organizaciones políticas que luego permanecían bajo jurisdicción militar.
Como ya adelantamos, otra zona oscura del camino autoritario transitado en el Uruguay fue la aparición en el periodo previo al golpe de Estado y la instalación de la dictadura, entre 1971 y 1972, de organismos paramilitares o parapoliciales autodenominados Escuadrones “Caza Comunistas” o “ Caza Tupamaros”. Así, civiles integrantes de organizaciones de jóvenes de ultraderecha, militares y policías conformaron dichos escuadrones que actuaron al margen de la legalidad y con apoyo de las estructuras legales del Estado de derecho. Son resultados de ese accionar criminal, los asesinatos de los estudiantes Manuel Ramos Filippini (31 de julio de 1971) e Ibero Gutiérrez (28 de febrero de 1972) y las detenciones y desapariciones forzadas de Abel Ayala (18 de julio de 1971) y Héctor Castagnetto (18 de agosto de 1971). El 5 de junio de 1972, antes del golpe de Estado, el Senado constituyó la Comisión Investigadora sobre Actividades de Terroristas. Escuadrón de la Muerte.[23]
El proceso de “militarización” del Estado uruguayo entre 1971-1973, y luego bajo la dictadura y el Terrorismo de Estado —no solo entendido como la co-participación militar en el bloque de poder político (civil-militar) o como la configuración de un modelo estatal “mixto” (político-militar) sino, también, como una forma de organización y control autoritario de la sociedad en situaciones de crisis—, contempló el proceso de construcción de una faz clandestina, ilegal y secreta de las propias estructuras estatales