Esta iniciativa ha surgido de los profesores y estudiantes de la UC y la autoridad ha participado de manera activa y con convencimiento de su importancia, favoreciendo el diálogo e intercambio de ideas al interior de nuestra comunidad. El proceso de búsqueda incluye a los diferentes actores de la comunidad, y en su próxima elección va a participar el H. Consejo Superior de la UC, lo que se enmarca dentro de los Estatutos de la Universidad, resguardando su independencia y autonomía.
Las características de este cargo incluyen la independencia, imparcialidad, confidencialidad e informalidad. Debe ser desempeñado por un académico de trayectoria, con gran identificación institucional, que debe dar confianza y credibilidad a toda la comunidad universitaria. Su labor va a estar dedicada a recibir, escuchar y conocer acerca de los problemas de las personas, así como de las dificultades en las relaciones humanas, temas de plagio, acoso laboral y estudiantil, conflictos con las autoridades, entre otros.
Su aporte será muy importante, ya que deberá trabajar por la dignidad de las personas y la protección de la justicia en la comunidad, resolviendo problemas y proponiendo cambios en la estructura de funcionamiento de las instituciones, lo que puede influir de manera muy favorable en las relaciones humanas de los miembros de la universidad.
Por supuesto, también existen áreas en las que su acción no está considerada, como es el caso de la calificación académica de profesores, notas de los estudiantes y la resolución de temas sindicales. Tampoco en la entrega de apoyo psicológico o legal.
La oficina del ombudsman se instalará con un apoyo administrativo básico y con dedicación preferente a trabajar por la comunidad.
Esta nueva autoridad independiente, formal y con un contacto directo con las autoridades de la universidad va a significar un gran estímulo para favorecer la confianza y participación de la comunidad universitaria. Este es un avance que valora el sentido de la educación, en especial en una universidad católica, que se entiende como un proceso vital en el desarrollo integral de las personas, realizado en un ambiente de libertad, respeto, responsabilidad, mirada de bien común y, en especial, con sentido de comunidad.
Con este paso, la UC se compromete a seguir trabajando por una educación superior de nivel internacional, con calidad y equidad para los jóvenes de nuestro país, dando mayores oportunidades de aprendizaje en un ambiente de respeto por la persona y su desarrollo.
Publicado en el diario El Mercurio el 10 de mayo de 2013.
Institucionalidad para las ciencias
En las últimas semanas se ha reactivado un debate clave para el desarrollo del país. La propuesta de una nueva institucionalidad para las ciencias a través de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior ha sido presentada por una comisión presidencial. Además, en la cuenta del 21 de mayo se propuso una Subsecretaría de Educación Superior. Es evidente una mayor coordinación entre los ministerios de Educación y Economía en las áreas de investigación, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, por lo que esta propuesta va en el camino correcto.
Es importante destacar que en países desarrollados la educación superior y la ciencia e innovación están unidas en la misma cartera ministerial. Son los ejemplos de Suecia, Alemania y Francia. Es la forma de articular un trabajo conjunto entre la formación de científicos, profesionales y técnicos, con la cadena de valor y el desarrollo productivo de la nación.
Los problemas que presenta hoy el sistema son la falta de un plan de mediano y largo plazo para el desarrollo de estos temas, y la coordinación, diálogo y trabajo en equipo de los diferentes actores. Por otra parte, existen fundados temores al aumentar el peso relativo de cada uno de los actuales ministerios. Desde Educación se ve el riesgo de un Ministerio de Economía que mire solo el aspecto productivo y postergue la investigación básica y las humanidades. A su vez, desde Economía el temor e incertidumbre es si la ciencia y creación de nuevo conocimiento pueden alcanzar la transferencia y aplicación para beneficio de la sociedad. Dos mundos que no se conocen lo suficiente y en los que existen legítimas desconfianzas.
Es importante destacar que en países desarrollados la educación superior y la ciencia e innovación están unidas en la misma cartera ministerial. Son los ejemplos de Suecia, Alemania y Francia.
La propuesta de la comisión consiste en un ministerio con dos subsecretarías: Educación Superior y Ciencia, Innovación y Tecnología, de las que dependerán sus áreas afines. Es muy positivo que la educación universitaria y la técnico-profesional participen en un lugar común, con las áreas de acreditación, superintendencia, financiamiento institucional y estudiantil (becas y beneficios). Por otra parte, en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentran Conicyt, Becas y desarrollo de capital humano avanzado y las iniciativas Científica Milenio, Innova e Inapi. Quedan áreas pendientes de articular, como la coordinación con los gobiernos regionales, las áreas de emprendimiento del Ministerio de Economía, los fondos Fonis y FIA de los ministerios de Salud y Agricultura, y una relación más definida con la educación y divulgación científica. Además, se debe analizar mejor la coordinación y trabajo conjunto con las universidades e instituciones académicas.
La propuesta presentada es innovadora y bien estructurada. Ha sido fruto de un consenso producto del trabajo de una comisión amplia y transversal. Su análisis y aportes desde las diferentes instancias deben desarrollarse en los próximos meses y quedará como una idea propuesta para el próximo gobierno. En conjunto, los actores de la educación superior, de ciencia y tecnología, y los que participan de la cadena de valor, deberán aportar para colaborar al desarrollo de las ciencias, en beneficio directo de nuestra sociedad. Un ministerio como el propuesto es una señal de la relevancia que como país le daremos a la ciencia.
Publicado en el diario La Tercera el 30 de mayo de 2013.
Nueva institucionalidad en educación superior
El marco normativo y la institucionalidad de la educación superior requieren de una renovación. Si bien en 2006 se incorporó la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.
En este período, este nivel educativo se expandió de manera significativa en cobertura, programas, instituciones y estudiantes. La desregulación y fragmentación actual han generado dificultades para la coordinación entre instituciones, el mundo laboral y entre las instituciones con el Estado. El mayor problema es que no es un sistema articulado, con capacidades limitadas del Estado para gestionar políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
Desde la UC se presentan propuestas para actualizar la institucionalidad de la educación superior, considerando la autonomía universitaria y el carácter mixto de su provisión. Se plantea la creación de un Consejo de Educación Superior integrado por rectores representantes del CRUCh y de otras agrupaciones de instituciones de la educación superior, autoridades del Mineduc, del Consejo Nacional de Educación, Conicyt, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y la CNA. Esta instancia permitiría la formulación y seguimiento de políticas públicas del sector, así como la coordinación del sistema en los procesos de admisión, transferencia de créditos, marco de calificaciones y armonización curricular, entre otros. Segundo, se plantea la creación de entidades de agrupación de rectores, para promover el diálogo entre todas las instituciones de este ámbito, y entre estas con el Gobierno. Junto al CRUCh, se propone el fortalecimiento de una Conferencia de Rectores de Universidades Privadas y formalizar la presencia de un Consejo de Rectores de IP-CFT.
El marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.
Tercero, es importante la puesta en marcha de una Subsecretaría de Educación Superior, dedicada a dirigir el sector y la gestión pública del Gobierno. Para ello debe contar con una estructura y presupuesto acorde con su tarea. Cuarto, la creación de una Superintendencia de Educación