En primer lugar, es imperioso que la entidad fiscalice los aspectos financieros y de gestión de las instituciones, sin lo cual es imposible hacer cumplir la normativa vigente que prohíbe el lucro en las universidades, y –por supuesto– que la SES pueda contar con los instrumentos y mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley. En el proyecto que está en el Parlamento se requiere, por ejemplo, modificar la autorización de realizar contratos con empresas relacionadas. Las actuales condiciones exigidas, como son definir precios de mercado, con transacciones autorizadas por la mayoría de los directores y el rol fiscalizador de la futura SES, no representan una real garantía para evitar el lucro en las universidades. Se hace necesario, además, velar por la correcta utilización de recursos públicos y traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.
Se hace necesario velar por la correcta utilización de los recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.
Desde la perspectiva de reunir y publicar la información relativa a las instituciones de educación superior, es necesario realizar una integración de las diversas fuentes disponibles (SIES, Mi Futuro, Índices, Valor Futuro), con verificación de los datos que se obtienen de los reportes autónomos. Junto con recopilar la información existente, es necesario reunir datos y antecedentes que hoy no están disponibles. A modo de ejemplo, en materia de empleabilidad y remuneraciones la información es agregada, y no por institución, lo que resulta insuficiente para la toma de decisiones por el estudiante. La información acumulada tendría que tener un modo explícito de ponerla a disposición del público.
El rol de la SES de recibir, evaluar y sancionar –si así lo ameritan– los reclamos realizados por los estudiantes y sus familias contra instituciones de educación superior, es un cambio significativo respecto de la situación actual, en que esta función está a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. La SES está llamada a colaborar con la Comisión Nacional de Acreditación en el sistema de aseguramiento de la calidad, por lo que esta información contribuye a resguardar que los proyectos educativos cumplan con estándares de seriedad y confiabilidad. A su vez, esta calidad se puede resguardar a través de la fiscalización de las agencias privadas de acreditación de programas (nacionales y extranjeras), del registro de la creación de nuevas sedes y carreras y de la supervisión del cumplimiento de las exigencias, aumentando así la transparencia del sistema.
Todo lo anterior avala la urgencia de avanzar en esta iniciativa legal, la que está muy relacionada con la propuesta de una nueva ley de Acreditación de la Educación Superior. Es importante reiniciar el debate en el Parlamento, con el aporte de todos los actores, para perfeccionar la ley. Es la manera de iniciar un año de compromiso con un trabajo conjunto, destinado a avanzar en la calidad y equidad de la educación superior que el país es capaz de entregar a sus estudiantes. Este es un factor decisivo para un desarrollo integral y sustentable de nuestra sociedad. Son miles de jóvenes y sus familias los que esperan nuestro aporte.
Publicado en el diario La Segunda el 3 de enero de 2013.
Impertinencia de una acusación constitucional
Esta semana el Senado debe decidir la acusación constitucional en contra del ministro Beyer. Este proceso, que ha sido muy polémico por los errores de procedimiento que ha tenido en sus diferentes etapas y que ha adquirido un evidente carácter político, lo responsabiliza de un “notable abandono de deberes” en la fiscalización del lucro en las instituciones de educación superior.
El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. Han sido públicas nuestras diferencias, que se enmarcan dentro del natural intercambio de puntos de vista, y que se relacionan con la realidad que cada uno de los actores representa en el sistema educacional.
No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación y fundamentarlo en la experiencia que he tenido desde el Consejo de Rectores en los temas relacionados con la educación superior en estos 15 meses de trabajo con el ministro Beyer. Durante el año pasado, en conjunto con el ministerio, se activó la agenda de educación superior, considerando los temas de calidad y equidad como los elementos principales para avanzar en una reforma significativa para Chile.
El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación.
En su aspecto primordial, la calidad, se ha avanzado en las áreas de acceso (evaluación e institucionalidad de la PSU), fiscalización (ley de Superintendencia de Educación Superior), acreditación (nueva Agencia acreditadora) e información, construyendo apoyo en línea para los estudiantes y sus familias. En la equidad, los avances en financiamiento estudiantil (becas y créditos) han sido significativos.
He sido testigo del esfuerzo del ministro por contar con una mayor información financiera de las Instituciones de Educación Superior y por utilizar todos los mecanismos legales actuales para investigar y sancionar el lucro ilegal en el sistema. Asimismo, se han corregido los errores de procedimiento en el enfoque inicial al enfrentar el dramático problema familiar y humano de la Universidad del Mar, tema que está todavía en un desarrollo incipiente.
No me cabe duda de que nuestro sistema educacional y el país van a ser los más perjudicados si esta acusación destituye al ministro. Por esto, es importante hacer un llamado a los senadores a dejar de lado los elementos políticos de esta acusación, a votar en conciencia y a considerar los desafíos en que estamos trabajando de manera conjunta. Esperemos que los próximos meses sean un tiempo fecundo para avanzar en las reformas necesarias del sistema de educación superior. La calidad con equidad en la educación debe ser el objetivo de estos cambios en beneficio de los estudiantes, sus familias y el país.
Carta publicada en el diario El Mercurio el 15 de abril de 2013.
La importancia de un ombudsman universitario
La figura del ombudsman (representante o defensor) en la vida pública surge en Suecia en 1809, cuando el Parlamento designa a alguien que defienda los derechos individuales de las personas. En diversas universidades del mundo se ha instalado desde fines de la década de los sesenta, y hoy está presente en la mayor parte de los principales sistemas de educación superior del mundo.
De hecho, existen asociaciones internacionales (University and College Ombuds Association) que definen las áreas de acción del cargo, velan por su cumplimiento y reúnen a las instituciones que lo han implementado. Se destacan las universidades de Harvard, Princeton, MIT, Melbourne, Cambridge, Complutense de Madrid y Bordeaux, entre otras. En Chile no existen antecedentes de que se haya implementado esta autoridad independiente y unipersonal en nuestro sistema de educación superior.
El rol del ombudsman o defensor universitario ha evolucionado desde sus inicios hasta identificarse como la persona que se encarga de mediar, defender y resolver los problemas de convivencia de la comunidad universitaria y que plantea nuevas políticas y cambios que permitan avanzar en proteger y potenciar los derechos y relaciones personales de los estudiantes, académicos y personal administrativo de las universidades.
El objetivo de su función es contribuir al diálogo para una mejor relación con las autoridades, entre todos los miembros de la universidad, una mayor confianza, seguridad y sentido de comunidad al interior de las instituciones de educación superior.
El objetivo de su función es contribuir al diálogo para