Esta participación no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno o a la triestamentalidad en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones. La incorporación de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus respectivos intereses corporativos, eventualmente conducir a la captura de estos espacios y, por ende, dificultar el desarrollo.
Los diferentes modelos de gobierno universitario deben respetar la misión, identidad y valores fundamentales de cada institución. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes apropiados, colabora de manera muy significativa a poder realizar con éxito y responsabilidad la conducción de cada institución y lograr así su máxima contribución al desarrollo del país. Aumentar la calidad de este aporte debe ser nuestra tarea primordial.
Publicado en el diario El Mercurio el 11 de marzo de 2012.
Gobierno universitario
Mi columna “Modelos de gobierno universitario”, publicada en la edición del pasado 13 de marzo, ha generado un interesante debate. Quisiera referirme a la carta del 22 de marzo, en la que Rocío Ferrada, investigadora de la UDP, se refiere a “un modelo de gobierno universitario colegiado, recientemente anunciado por el rector de la UC y respaldado por sus dirigentes estudiantiles”. Es interesante constatar las diferentes lecturas y conclusiones que se extraen de la columna descrita.
Lo que he expresado es que, “en el modelo colegiado, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Por esto, la participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes”. Considero muy importante que los estudiantes, junto con organizarse en centros de alumnos y federaciones, participen activa y responsablemente en los comités curriculares, actividades pastorales, culturales y deportivas, consejos de escuelas y facultades, así como también en las instancias superiores de la universidad.
Sin embargo, he expresado claramente que esta participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de ‘democratizar’ la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones”.
He expresado claramente que la participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades”.
Es necesario enfatizar también que cada institución requiere respetar la misión, identidad y valores fundamentales que la guían. La Pontificia Universidad Católica de Chile ha sido fundada por la Iglesia, es parte integral de ella, y, con autonomía académica y de gestión, está en permanente comunión con la Santa Sede. Nuestra misión es ser un puente en el diálogo fe y cultura, aportando en la formación de personas y en la creación de nuevo conocimiento, trabajando por el desarrollo del país. Estamos convencidos de que el aporte que hace la UC a partir de su propia identidad no hace más que enriquecer a nuestro país.
Carta publicada en el diario El Mercurio el 25 de marzo de 2012.
Nuevo organismo para la admisión universitaria
El ministro de Educación ha planteado, recientemente, una propuesta de nueva forma de gobierno para la admisión universitaria. El tema ya se ha discutido este año en el Consejo de Rectores (CRUCh), ya que en marzo la UC presentó una propuesta para definir un órgano de gobierno para la admisión, similar al que existe en otros países.
El sistema integrado que aplica anualmente el CRUCh reviste la mayor importancia para el país, ya que establece los instrumentos y mecanismos comunes que aseguran un proceso de evaluación objetivo, transparente, dependiente del mérito y validado técnicamente. El Demre es la entidad que ha administrado la prueba, demostrando confiabilidad y objetividad en su labor. La necesidad de enfrentar los nuevos desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos (ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.
La necesidad de enfrentar los desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos (ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.
La experiencia norteamericana se basa en la constitución de un órgano (College Board) que funciona hace décadas. Este organismo es el que contrata a la institución que desarrolla las pruebas y mantiene una supervisión del funcionamiento del sistema de admisión. Fue esta institución la que modificó la prueba de admisión (SAT) para incrementar su relación con la formación secundaria, así como determinó la incorporación de una prueba de escritura como parte de las mediciones obligatorias.
La propuesta que planteó la UC supone crear un órgano de gobierno equivalente al norteamericano, nombrado y dirigido por el CRUCh y que incluya a representantes de las partes involucradas. El órgano debería tener un consejo directivo con dedicación preferente y nombramientos que duren cuatro años (con renovación parcial), dirigido por una autoridad unipersonal y de dedicación exclusiva. Este organismo debe tener una agenda que incluya las principales tareas del proceso de admisión: funcionamiento de las pruebas, estudios de validez y predicción, evaluación de la inclusión y equidad del sistema y recomendación de nuevos instrumentos, entre otros.
El organismo debería mantener una unidad encargada de la información a los postulantes, materia que reviste gran importancia, y un área de estudios que realice informes como los que hoy produce el Comité Técnico de la PSU, además de supervisar a la entidad a cargo de la administración de las pruebas. El financiamiento del órgano de gobierno debería originarse de un porcentaje del costo del proceso de admisión. Un 10% del valor actual sería suficiente para cubrir la operación de este nuevo organismo.
Nuestra convicción en la UC es que el sistema universitario chileno requiere esta nueva institucionalidad. El Consejo de Rectores deberá definir este nuevo organismo para que siga garantizando a todos los estudiantes y sus familias que el sistema nacional de admisión a las universidades es moderno, justo y técnicamente válido. La investigación y avance en nuevos instrumentos será una labor primordial y beneficiará al sistema universitario en términos de calidad, acceso y equidad.
Publicado en el diario La Tercera el 2 de noviembre de 2012.
La necesidad de una superintendencia
Los recientes problemas sucedidos en la Universidad del Mar y la constatación de que varios de ellos no son únicos en el sistema requieren un análisis en detalle de cuáles son las soluciones más urgentes de abordar.
La primera es poner en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior (SES), cuyo proyecto está en el Parlamento desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en el tema. Sin una institución de esta naturaleza: autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación y cuyas