7. Es importante potenciar los convenios de desempeño orientados a la formación de profesores, innovación curricular, internacionalización y fortalecimiento técnico-profesional. Estos proyectos deben permitir el apoyo a los estudiantes y disminuir las altas tasas de deserción del sistema.
8. Realmente necesario en la actualidad es el aseguramiento de la calidad a través de una mayor y mejor información y de un sistema de acreditación renovado que valore la diversidad de los proyectos educativos. Es fundamental enriquecer el sistema de admisión –PSU y pruebas complementarias– a través de una evaluación internacional. La incorporación de ocho universidades privadas a este proceso es un paso que va a permitir un avance en la transparencia del sistema.
Todos debemos apoyar reformas que permitan un mayor acceso y retención de los estudiantes, una valoración del trabajo universitario bien hecho y la estabilidad de las instituciones comprometidas con el desarrollo del país. Esta es una política de Estado que debemos enriquecer con nuestro esfuerzo, compromiso, generosidad y participación responsable. El país del futuro lo demanda.
Publicado en el diario El Mercurio el 12 de junio de 2011.
Fiscalizar la educación superior
La iniciativa legal de crear una Superintendencia de Educación Superior es de la mayor importancia. Se encuentra actualmente en el Congreso para ser perfeccionada con el aporte de todos los actores. Es una institución autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, afecta al sistema de Alta Dirección Pública. Sus funciones se referirán a: 1) fiscalización en el ámbito económico y financiero; 2) recopilación, organización y publicación de información confiable; 3) recepción de reclamos y sugerencias de la población; y 4) fiscalización de aspectos relacionados con la calidad.
La institución apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades. Desde esta perspectiva no basta con que la superintendencia cuente con los instrumentos necesarios para hacer cumplir la ley. Una revisión en detalle del actual proyecto muestra que para que este rol sea efectivo se necesita modificar lo relativo a la autorización para realizar contratos con empresas relacionadas. Las condiciones que se exigen no son una garantía completa de la prohibición de esta forma de lucro en las universidades. Además, la superintendencia requiere de atribuciones para vigilar la utilización de recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, materia que actualmente no recibe la necesaria fiscalización.
La Superintendencia de Educación Superior apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades.
La segunda función incluye poner a disposición de los interesados la información relativa a las instituciones de educación superior, integrando las distintas fuentes de datos con que hoy se cuenta, verificando la entrega de antecedentes que se obtienen por reportes propios cuyas bases y supuestos varían entre instituciones. Además de recopilar y hacer efectivamente comparable la información existente, deberá incluir nuevos datos actualmente no disponibles en que la información es agregada, y no por institución, lo que es insuficiente. Asimismo, sería conveniente que la información que se recopile de las acciones de fiscalización sea puesta a disposición del público.
A la superintendencia también le incumbirá recibir, procesar y, si corresponde, sancionar los reclamos realizados contra instituciones de educación superior. Esta función está hoy a cargo del Sernac, pero incorporarla a la superintendencia permite una mirada más global sobre las falencias de cada institución.
Finalmente, se pretende que este organismo colabore con la CNA como parte del sistema de aseguramiento de la calidad, a través de fiscalizar a las agencias acreditadoras, registrar la creación de nuevas sedes y carreras, así como velar por que estas cumplan con exigencias mínimas. Esto implica mayor transparencia y debe contribuir a homogeneizar la calidad del sistema.
Los efectivos alcances de la ley en cada uno de estos aspectos es lo que se verá en la etapa que se inicia. Parlamentarios, expertos y actores sociales podrán demostrar su colaboración a través de las sugerencias que realicen próximamente en el Congreso. Solo el trabajo conjunto permitirá avanzar en la calidad y equidad de la educación, factor decisivo para un desarrollo integral de nuestro país.
Publicado en el diario La Tercera el 22 de enero de 2012.
Modelos de gobierno universitario
Una universidad se construye con algunos pilares fundamentales: una misión e identidad definida, una alta concentración de talento académico (profesores y estudiantes), un compromiso y aporte a la sociedad claramente perfilados, adecuados recursos para asegurar tanto un aprendizaje de excelencia como desarrollar investigación avanzada, y un gobierno universitario que fomente una visión estratégica, la innovación y la flexibilidad para tomar decisiones. Así, la forma de gobierno de una universidad se transforma en un atributo de gran importancia para alcanzar la excelencia de una institución.
En este contexto de desafíos educacionales, las formas que este gobierno universitario adopte han sido materia de estudio a nivel mundial. Ello ha conducido a que diferentes países hayan renovado sus estructuras tradicionales. Ejemplo de esto es Finlandia, en donde, junto con una mayor responsabilidad de los rectores, se ha entregado mayor poder a juntas directivas, con importante presencia de miembros externos.
Esos estudios han establecido diferentes modelos de gobierno universitario, correspondientes a la misión e identidad de la institución. Se organizan en instituciones estatales, de Iglesia, corporaciones, fundaciones, todas ellas instituciones jerárquicas en que el conocimiento es el elemento ordenador. Así, están entre otros el modelo colegiado, el político, el burocrático, y el de mercado.
Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de provectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones.
En el modelo colegiado, las instituciones se consideran colectividades de expertos y, por ende, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Aquí los líderes universitarios son facilitadores, recogen el juicio experto de sus pares, persuaden y acuerdan.
El modelo político, por su parte, establece que las instituciones están formadas por grupos con diferentes intereses y valores que compiten para controlar procesos y resultados. En él, los líderes universitarios son mediadores entre bloques de poder, y las decisiones son producto de la negociación y la construcción de coaliciones.
Las instituciones que optan por el modelo burocrático cuentan con jerarquías y líneas de autoridad establecidas y metas definidas. En ellas, los líderes funcionan como facilitadores de un proceso continuo. Por último, el modelo de mercado se basa en la autonomía y emprendimiento de las universidades en materia de procedimientos y procesos, los que responden al deseo de sus dueños.
Dentro de estas formas de conducción universitaria es muy importante destacar que la participación estudiantil, así como la de la totalidad de la comunidad universitaria, requiere ser fomentada en las diversas instancias de la toma de decisiones. La participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes e incorpora su opinión en el fortalecimiento de las instituciones.
Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para participar y proponer cambios; sin embargo, su mirada puede carecer de la capacidad de valorar factores del largo plazo que requiere una institución. Así, esa participación debiera privilegiar los ámbitos