Impulso a la educación superior
Ya nadie duda de que la educación es el gran desafío si Chile quiere lograr verdaderamente una igualdad de oportunidades y un desarrollo sustentable en el tiempo. La etapa escolar es fundamental y gran parte de la energía y trabajo del ministro y del subsecretario de Educación debe dirigirse a lograr un cambio sustantivo en ella.
Sin embargo, la educación superior es crucial para lograr un mayor nivel de crecimiento, cohesión y progreso social. Por este motivo, se ha planteado la importancia de elevar al rango de subsecretaría a la actual División de Educación Superior, ya que la necesidad de renovación y de perfeccionamiento de este sistema requiere una representación del más alto nivel, más directa y con mayor fluidez en la toma de decisiones. Ella necesitaría trabajar en conjunto con el Consejo de Rectores –que por ley debe asesorar al ministerio en estos temas– y con las otras instituciones de educación superior, como las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
La educación terciaria incluye hoy a más de un millón de jóvenes. En un 70% de los casos, el alumno es el primero de su familia que accede a esta instancia, integrada por actores con diferentes características y misiones: 60 universidades, 44 institutos profesionales y 72 centros de formación técnica.
Es importante considerar el número, variedad y tipo de instituciones, y la manera de garantizar que estas cumplan con los criterios de calidad, acreditación y orientación al bien público.
Los grandes desafíos anunciados por el Gobierno en el denominado “Año de la educación superior”, junto con aumentar recursos para la innovación y difusión del conocimiento de alto nivel, deben incluir también un renovado análisis sobre su institucionalidad. Es importante considerar el número, variedad y tipo de instituciones, y la manera de garantizar que estas cumplan con los criterios de calidad, acreditación y orientación al bien público. Se requiere, además, buscar formas efectivas para disminuir la carga económica de las familias y de los estudiantes a través de mecanismos como el financiamiento público, el aumento de becas para los jóvenes de los quintiles más vulnerables y la opción de créditos blandos y accesibles para toda la clase media. Por otro lado, la deserción estudiantil –que en algunas instituciones alcanza a cerca del 50%– y la empleabilidad de los egresados son temas clave, en los que una adecuada información para los postulantes es fundamental.
Además, es preciso resolver un tema pendiente de gran relevancia: la articulación e integración del sistema de educación superior. Para lograr una real articulación entre la formación universitaria y la técnico-profesional son muy importantes los programas de educación continua, el perfeccionamiento de los procesos de evaluación de calidad, la acreditación de las instituciones, cursos y programas y, por último, la creación, en ambos tipos de instancias, de nuevas carreras que sean complementarias y puentes entre los sistemas.
Todos estos desafíos son urgentes y pueden ser asumidos con mayor fluidez y agilidad por una Subsecretaría de Educación Superior que cuente con los recursos humanos y financieros para esta tarea. Los estudiantes, las familias y el país se beneficiarán y lo van a agradecer.
Publicado en el diario La Tercera el 16 de abril de 2011.
Una mirada al debate en educación superior
La reforma de la educación superior debe ser considerada como una política de Estado, una misión de largo plazo que requiere la obtención de consensos que perduren más allá de un gobierno determinado. El sistema de educación superior es fundamental para el desarrollo social, cultural y económico del país. Las instituciones con vocación pública –del Estado y no estatales– deben ser protegidas para que puedan potenciar su labor y compromiso con el crecimiento de Chile.
Aun cuando se han registrado avances en educación superior en los últimos años, es destacable que el Ministerio de Educación esté planteando medidas para perfeccionar el sistema y lo instale como tema prioritario de su agenda. La participación estudiantil es de vital importancia en este debate.
No hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.
Sin embargo, no hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando, junto con aceptar la invitación a participar de un único sistema de admisión universitaria –lo que es un avance en la transparencia–, continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.
Es que no hemos entendido que el diálogo y la comprensión de nuestras diferencias son la clave para avanzar y construir un país en común.
En relación con las medidas planteadas por el ministerio, me gustaría profundizar algunos puntos que requieren un esfuerzo especial de financiamiento en el largo plazo, sin el cual va a ser difícil dar el salto que esperamos.
1. Mejoramiento de la institucionalidad a través de la creación de una subsecretaría de educación superior, que da la fuerza y presencia política que este tema se merece. Es importante que a ella se incorpore Conicyt y se desarrollen los mecanismos para dar mayor transparencia, asumiendo el debate de la misión, propiedad y fines de lucro de algunas entidades privadas.
2. La nueva ley para las universidades estatales debe flexibilizar el sistema a través de la disminución de la burocracia, el acceso a créditos de largo plazo y un gobierno universitario más moderno.
3. En el financiamiento estudiantil -un foco central de esta reforma– es muy importante disminuir el gran peso que hoy recae en las familias. Es necesario aumentar el número y monto de las becas, redefinir el arancel de referencia y reprogramar los créditos morosos. En este sentido, hay que realizar un esfuerzo para acercar las tasas de interés al nivel del Fondo Solidario. Solo así se permitirá una mayor equidad, que debe estar íntimamente vinculada a la calidad de las instituciones y a las acreditaciones que, al menos, deberían cubrir el tiempo de la carrera.
También hay que recalcar que es necesario flexibilizar las vías de pago, pero, una vez que ello se haga, los compromisos hay que cumplirlos. Los egresados deben payar los créditos porque estos recursos son los que permitirán mantener el sistema de becas.
4. En relación con el financiamiento de las instituciones tradicionales es clave aumentar el aporte a aquellas que tienen un rol público a través de un alza del AFD, que incluya un incremento en el porcentaje variable e indicadores consensuados.
Además, es necesario un AFI que incorpore elementos de equidad (como el ranking), pero que se mantenga en las instituciones, no como un voucher negociable, sino como un reconocimiento a la calidad del proyecto educativo seleccionado por el estudiante.
Por otra parte, el fondo de revitalización que ha planteado el ministerio para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) es muy importante para modernizar su infraestructura y actualizar la docencia.
5. Es fundamental también el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional, a través de becas y articulación dentro del sistema de educación superior.
6. En ciencia y tecnología se requiere un decidido apoyo a la formación de doctores y capital humano avanzado con becas en Chile y en el extranjero, junto a un fondo de equipamiento en investigación que sea concursable