Por ello, la memoria oral ha sido una de las fuentes principales para empezar a desempolvar archivos y encontrar documentos que demuestren lo ocurrido. Es evidente que los caminos de la memoria no son fáciles, pero sirven para que políticos y juristas promulguen leyes de Recuperación de la Memoria Democrática. De hecho, la estatal, la andaluza, la catalana, la navarra, la canaria y la valenciana ya están aprobadas, aunque solo parcialmente desarrolladas. Son leyes que aspiran a que, desde los gobiernos autonómicos, se pueda devolver la dignidad a las personas que los vencedores de la guerra consideran enemigos de la Patria. Es importante recuperar los restos de cadáveres de los asesinados de las fosas y de las cunetas, devolverlos a sus familiares para que los entierren en cementerios o, al menos, puedan realizar ceremonias y reconocimientos acordes a sus creencias. A priori, parece una tarea compleja debido a la dificultad económica y técnica que supone, pero, y ahí entramos nosotros con nuestra investigación, hay testimonios vivos, personas apartadas indebidamente de sus familiares cuando eran bebés y que, teniendo en cuenta su edad, todavía pueden vivir.
Los métodos que los represores utilizaron en este entramado de robo de bebés y de menores de edad fueron los mismos que, posteriormente, copiaron, entre otros, las dictaduras argentina y chilena: se registraban como hijos biológicos de los nuevos padres y se destruía toda la documentación anterior que los relacionase con la familia de origen.
El plan trazado por las autoridades franquistas no se limitaba a ganar la guerra; en realidad, se trataba de una política de exterminio del otro. Cuando se acercaba el final de la guerra, hubo que preparar ideológicamente el terreno para la gran represión regeneradora que se iba a iniciar en la inmediata posguerra.1 Franco contó con la bendición eclesiástica que consideraba la guerra como una cruzada de liberación nacional. La cárcel, el cuartel, el manicomio, la escuela y el púlpito fueron los dominios de clérigos, monjas, militares y psiquiatras seguidores de unos métodos nazis que los españoles, con su experiencia de siglos de inquisición, desarrollaron perfectamente. Daba igual dominar a la población o matar a los insurrectos, el fin era la regeneración racial de los españoles según los cánones del bando nacional.
El exterminio del adversario, desde luego, ha sido una constante en la humanidad. Las guerras por dominio, creencias, religión y posesión territorial han condicionado la vida de la población civil que las sufre. Los ataques a los más vulnerables, como las mujeres, los niños y los bebés, sirven para desmoralizar al enemigo, destrozando su bien más preciado: «sus familias».
Algunos gobiernos de ideología fascista o totalitaria pueden llegar a forzar la desvinculación del menor de sus progenitores y familiares para convertirlos en víctimas sin ningún tipo de protección. En España, la represión posterior a la guerra fue aceptada socialmente durante casi cuarenta años.
El psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, concretamente en la revista Acción Española2 en el año 1936, consideraba que los integrantes del bando nacional eran una «raza» en la que predominaba el patriotismo, la responsabilidad moral, los valores éticos y, por encima de todo, la religiosidad. Por el contrario, los miembros del bando republicano eran unos resentidos que, movidos por la envidia, el rencor, la rabia y la venganza, trataban de destrozar los valores de la raza hispánica. En su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza,3 el propio Vallejo-Nágera explica orgulloso que por sus venas corre sangre de inquisidor que había heredado genéticamente de sus padres.
El también psiquiatra español Enrique González Duro4 llega a calificar a Vallejo-Nágera como «el Menguele español». Vallejo-Nágera creía que, para salvar a España, había que actuar implacablemente aunque hubiera que eliminar a la mitad de la población.
Al principio de la guerra, el bando republicano controlaba las instituciones benéfico-asistenciales bajo el mandato del Título III, Capítulo II, artículo 43 de la Constitución de 1931, que regulaba de forma subsidiaria, y haciendo mención expresa a la Declaración de Ginebra de 1924, el papel del Estado como garante de la protección pública a la infancia.5 Durante la guerra, el gobierno de la República y el de Euskadi, con la ayuda de organizaciones sindicales, políticas, religiosas y humanitarias, decidieron evacuar y trasladar a la población infantil con carácter urgente, provisional y mientras durase la contienda a la costa levantina, a Catalunya y Aragón, y para ello se crearon Colonias Escolares e Infantiles que dependían del Ministerio de Instrucción Pública.6
Con el avance de las fuerzas autodenominadas nacionales, el Gobierno republicano llegó a expatriar a un total de 34 037 niños, de los cuales Francia acogió 17 489, Inglaterra 4435, Bélgica 5130, Suiza 807, México 430, Dinamarca 120, la URSS 5291 y la zona franco-africana 335. Todos estos países mantuvieron relaciones de apoyo a la legitimidad constitucional del Gobierno republicano. Por la parte nacional, el Gobierno de Burgos no optó por la expatriación de los huérfanos de sus tropas, sino por la asistencia y cuidado en territorio nacional o facilitando su adopción a familias de reconocida solvencia y moralidad.7
Una vez finalizada la Guerra Civil, el bando vencedor usurpó de forma sistemática a los hijos e hijas de madres republicanas, especialmente las que estaban recluidas en cárceles, y los entregó a familias cristianas para educarlos en el catolicismo y en los valores de la causa nacional. Muchas presas fueron ejecutadas tras el alumbramiento o separadas forzosamente de sus bebés. A tal efecto, se redactó la Orden de 30 de marzo de 1940 que permitió al Estado ejercer la patria potestad de los menores y retirársela a sus progenitores, que solo ejercerían la guarda, siempre que fuesen afines al régimen. A las madres encarceladas se las apartaba de sus hijos e hijas, que tenían un destino que ellas nunca llegarían a saber. A los niños y niñas menores de cuatro años se los cargaba en trenes. El dolor y las lágrimas son el único recuerdo que les queda de aquel viaje. Alguna persona de un despacho decidió y ordenó que viajaran hacia un destino desconocido,8 aunque no hay constancia de que el bando nacional realizase evacuaciones sistemáticas de niños al extranjero, ya que eso no beneficiaba a la causa nacionalista.9 De los estudios realizados a tal efecto se deduce que los niños eran trasladados a otras provincias, desde donde serían irrecuperables para sus padres. Los niños y niñas fueron uno de los objetivos clave de la represión franquista. Debían formar la nueva España y, para ello, tenían que ser criados y educados con los criterios clerico-fascistas.
Mujeres republicanas encarceladas. Una de ellas con un menor de tres años en brazos.10
Prisión de ventas de Madrid.11
El bando ganador, con el fin de doblegar a la población insurrecta a su causa, utilizó la violencia política a través de un conjunto de instrumentos represivos que le permitieron ejercer el control social a través del dolor físico, moral, económico y el desmembramiento de las familias de los sublevados a su causa. Los perdedores sufrieron al menos tres tipos de represiones: la física, las depuraciones profesionales y la económica. La primera y más conocida, la represión física, supuso cárceles, trabajos forzados, fusilamientos masivos y enterramientos en cunetas o fosas comunes, la mayoría de las cuales aún no se han localizado ni exhumado. A través de las depuraciones profesionales se les impidió volver a sus