De este modo, lo que empieza como un pequeño negocio local, basado en una donación caritativa, en una sentida y consentida contribución a los buenos y apostólicos fines, se acaba pagando en cómodos plazos: y así es como las virtudes del buen hacer profesional trascienden de los muros del reformatorio, de la casa de recogidas, del despacho de la Diputación Provincial, del orfanato, de la sacristía y del confesionario… y aparecen nuevos clientes de otras localidades, y de otras provincias, que convienen con la discreción y con el precio. Y cuando la larga y firme mano de la autoridad empieza a temblar, por vieja y por inconsistente, y surgen en el corro algunas pocas voces díscolas y cuesta más inducir y coaccionar a estas deslenguadas y descaradas chicas caídas que desprecian la piadosa protección que generosamente se les ofrece, entonces podemos recurrir al engaño y la mentira, al bebé estaba muerto, al como ha nacido muerto legalmente es un aborto y no pueden mostrarse los restos, al yo lo vi sano y lo oí llorar pero desgraciadamente ha muerto —y tenemos congelado un feto que en unas horas podemos mostrarle—, al eran gemelas pero una dio la vida por la otra, al confórmate que todavía eres joven y vendrán más, al Dios así lo ha querido, y al hijo que dio la vida por salvar a su madre… Y con ello miles de irregularidades, de recién nacidos cuya causa de muerte es la otitis, de bautizados antes de nacer, de niños con dos partidas de nacimiento diferentes, de muertos vivientes, de abortos que pasan a lactancia, de legajos perdidos, de siglas extrañas en los expedientes médicos, de padres y madres que, antes de morir explican verdades dolorosas, de hijos e hijas que se descubren portadores de enfermedades genéticas inéditas en su familia, de tumbas vacías, de jardines de hospital como supuestas fosas comunes, de papeles que desaparecen de archivos oficiales… y sobre todo de madres rotas, rotas un día y otro y otro y otro, rotas centenares y miles de días, rotas cada día de su vida, que chocan con la indiferencia, el abandono y la desidia del mismo Estado que antaño colaboró directa o indirectamente en los hechos que causan su dolor y que hoy —astuta y cínicamente— declina el deber de protección y de reparación que debe a las víctimas. Seguramente lo más doloroso para una madre es no saber lo que pasó, no saber si el niño murió o vivió, no saber si existe o no existe, si fue engañada o no; y seguramente lo más doloroso es también la impotencia para conocer la verdad, porque sus vidas ya están rotas definitivamente, las historias ya están definitivamente truncadas, pero la verdad es capaz de reparar casi cualquier barbaridad.
Neus Roig nos relata desde la coherencia académica de una investigadora una historia que entrelaza, sin interrupciones, con un hilo perverso y macabro de continuidad, esas mujeres represaliadas, humilladas, torturadas y asesinadas por ser alegremente rojas y republicanas, con esas mujeres hijas del hambre y de la miseria, llamadas al servicio del hogar, víctimas de abusos y crecidas en los grises suburbios del desarrollismo franquista, y con estas más recientes mujeres engañadas, todas ellas víctimas del robo de sus hijos con la complicidad de una arquitectura jurídica que permitía y ocultaba estas fechorías y con unas instituciones públicas orientadas a la represión física y moral de la mujer como símbolo primigenio del pecado original.
La autora, en su trabajo de campo antropológico, que continúa, ha recogido centenares de testimonios y entrevistado a los más variados actores de esta historia tan macabra como oculta y ocultada; ha desgranado los hitos jurídicos que permitieron el robo de tantos miles de niños, desde el parto anónimo a las insuficiencias de la legislación de adopción, o las 24 horas de laguna jurídica en las que el feto debía continuar con vida desprendido del claustro materno para poder ser considerado nacido. Realiza también una historia de aquellas instituciones que fueron la clave y los ejes del sistema represivo y del lucrativo negocio de la venta de niños. Este libro responde a una compleja articulación interdisciplinar que le permite llegar a conclusiones devastadoras para una democracia contemporánea.
Y es que, ciertamente, sorprende la actual actitud del Estado español. Centenares, quizá miles de causas judiciales archivadas, provisionalmente, por considerar imposible la investigación, en muchos casos, haciendo caso omiso a la instrucción de la Fiscalía General del Estado de tratar la cuestión tipificándola como detención ilegal, se buscan y se encuentran otros tipos delictivos cuyo plazo de prescripción permite dar por cerrada la causa. Naciones Unidas, por medio de diferentes instituciones de su sistema de protección de los derechos humanos, se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones. El Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Comité de Desapariciones Forzadas, entre otros, y en especial el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Fomento de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición, normalmente conocido como el Relator Especial de la Justicia Transicional, en su visita a España, hizo un informe tremendamente crítico donde proponía eliminar de nuestro ordenamiento la Ley de Amnistía de 1977, impidiendo que actuase como una ley de Punto Final, y proponiendo todo un conjunto complejo de medidas para reparar a las víctimas y restituir la verdad de lo acaecido. También con especial contundencia se ha pronunciado el Comité de Desapariciones Forzadas en la evaluación del Primer Informe Periódico presentado por España, donde el gobierno declaraba que solo tenía que explicar hechos y actuaciones posteriores al 2009, fecha de la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, sin embargo, le recuerda el Comité encargado de velar por la correcta aplicación de la Convención, que la desaparición forzada es un delito de tracto continuo, y que esta no deja de producirse hasta que no se tiene noticia cierta del paradero de la principal víctima de la desaparición, esté muerta o siga viva, motivo por el cual España tiene que responder de las desapariciones forzadas acaecidas durante y después del régimen franquista, y tiene la obligación de investigarlas hasta resolverlas.
Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica se olvidó del tema, y algunas acciones de parlamentos autonómicos han pretendido, hasta ahora sin mucho éxito, abordar la cuestión. Quizá, aunque todo es muy volátil, la aparición de este libro coincida con un momento político adecuado para dar una solución política definitiva a esta cuestión. La Querella Argentina —en la que han encontrado refugio algunas de estas cuestiones una vez desmoronado el intento de recomponer la verdad por parte del juez Garzón— sigue su curso con la escasa colaboración de la administración española. Asimismo, algunas de las víctimas, tras agotar las vías jurisdiccionales internas y ver sistemáticamente cerrada la vía del derecho de amparo constitucional, han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la luz de algunos antecedentes existentes en dicho sistema jurisdiccional.
Recuerdo una tarde en que la abogada Silvia Climent, exalumna mía en la Facultad de Ciencias Jurídicas, me presentó a Neus Roig, quien me expuso con una claridad y contundencia poco habituales el horror del robo de bebés en España. Después de años de trabajo en temas de Derechos Humanos, me ponían de golpe sobre la mesa una realidad para mí desconocida, y sorprendentemente ignorada, a pesar de su gravedad y trascendencia. En cierta manera, entendí, era la piedra de toque para desentrañar la cuestión de la memoria histórica reciente de España, que se había quedado en el cajón de los «pendientes» durante nuestra compleja, y finalmente exitosa, transición democrática. Ignoraba cuántos silencios, arbitrariedades, impotencia y desidia vería. Nos pusimos a trabajar rápidamente para que una tesis doctoral dotara de una voz científica desde la academia a las víctimas y arrojara luz a un panorama tan complejo.
La elaboración de la tesis doctoral, que es la base y fundamento de este libro, defendida obteniendo la máxima calificación en la Universidad de Almería, por la ya doctora Neus Roig, y bajo la dirección antropológica del doctor Francisco Checa, histórica del doctor Fernando Martínez, y jurídica por mi parte, supuso un hito celebrado por las víctimas