La prédica de los médicos, sin embargo, que se dirigió a instaurar el Consejo Superior de Higiene y la vacunación obligatoria, y a promover que la dirección de los hospitales quedara en sus manos, no tuvo gran resonancia. La verdad es que la “medicalización” que propugnaban no pudo sortear el rechazo ideológico de algunos grupos políticos y, por otra parte, la oposición de importantes sectores de la población para los cuales, como se verá en el caso de la vacuna, poco o nada significaba la modernidad científica que se les quería imponer.
EL CONSEJO SUPERIOR DE HIGIENE
En 1882, dos médicos que eran diputados, los doctores Adolfo Murillo y Tomás Torres, presentaron un proyecto de ley que creaba el Consejo Superior de Higiene Pública. Entre sus consideraciones, apuntaban que la organización de la higiene pública era
defectuosa e insuficiente, que los problemas que más directamente afectan a los intereses de la vida y de la salud de la población, se encuentran apenas bosquejados, esperando la solución de los hombres de buena voluntad que quieran estudiarlos. Las autoridades administrativas no encuentran de ordinario corporaciones o grupos de ciudadanos ilustrados, organizados de una manera conveniente, a quien consultar sobre los intereses a ellos confiados, de tal modo que o no se toman medidas para corregir los males que se notan, o estos no llevan el sello de la meditación científica que requieren. La mortalidad verdaderamente asombrosa […], sobre todo la de párvulos […]; la organización de la asistencia domiciliaria y de la beneficencia pública, las causas de las endemias y epidemias, la salubridad de las localidades y habitaciones, la estadística médica, el examen de los alimentos y las bebidas, y otra multitud de asuntos […] deben ser materias de detenidos estudios por corporaciones o centros científicos bien organizados y con atribuciones bien determinadas523.
Teniendo en cuenta esa realidad, dichos parlamentarios proponían la fundación del Consejo Superior de Higiene, dependiente del Ministerio del Interior e integrado por cuatro profesores de medicina y uno de química o farmacia, tres de los cuales serían nombrados por el gobierno y dos por la Facultad de Medicina y Farmacia. A este nuevo organismo se le traspasarían las facultades del Protomedicato, que desaparecía, y se le entregaría un control sobre la higiene pública de todo el país. Las municipalidades, que tenían importantes atribuciones en materia de higiene, quedaban subordinadas a ese Consejo, cuyos criterios deberían servir para que aquéllas orientaran sus políticas en materia salud.
El proyecto que se reseña se estrelló con la cerrada oposición de sectores liberales y conservadores. Su argumentación nacía del rechazo de los anteriores a cualquier ley que importara aumentar las atribuciones del Presidente de la República. Así, en un editorial de El Independiente, firmado por Zorobabel Rodríguez, se sostenía que sus autores, impresionados por males y abusos reales
han querido hacer algo para remediarlos, y a este intento nada de tan eficaz encuentran como pedir al Presidente de la República que cree una junta general de higiene […]. Pero recurrir al Presidente de la República —que nunca se niega para aceptar encargos en que hay honores y sueldos que distribuir— es más fácil que dar a las Municipalidades vida propia, y por eso se recurre al Presidente de la República, sin advertir que a medida que se robustezca la centralización se irán aumentando y haciendo más y más insuperables los obstáculos que se oponen a la correcta organización del Poder Municipal […]. ¿I cuáles serían al fin los resultados prácticos de esa incesante concentración de facultades en unas solas manos? […] la decadencia de la administración y la ruina del país. Bajo el paternal gobierno de nuestros presidentes, seríamos tan libres y felices como lo fueron los franceses bajo el de Luis XIV524.
Algún tiempo después, respondiendo a quienes defendían en la prensa la creación del Consejo Superior de Higiene a base del ejemplo francés, el citado periódico escribía que
todos nuestros defectos de organización que los hombres progresistas señalan […], son hijos de nuestro prurito de copiar a Francia. El exagerado cesarismo de nuestras instituciones es un remedo del cesarismo francés […]. El Estado invadiéndolo y compenetrándolo todo […]; el Estado omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Estado legislador sin vallas, juez, pontífice, maestro, médico, tutor, Providencia universal; el Estado monstruo voraz que se alimenta […] con todas las libertades y todos los derechos sociales e individuales ¿es ése el dechado que se nos propone imitar?525
La oposición indicada —de carácter ideológico y social— era poderosa. El sector conservador y parte del liberal rechazaba, según se dijo, cualquier proyecto que supusiera aumentar las atribuciones del Presidente de la República y que, por otra parte, importara excluir a las elites cercanas a dichas tendencias políticas de las funciones que siempre habían cumplido en las instituciones de Beneficencia. El golpe que ese proyecto le daba a la influencia que el mundo católico y la Iglesia ejercía en aquélla, al “laicizar” sus instituciones, generaba un conflicto que caía de lleno en las “cuestiones doctrinarias” que a partir del decenio de 1860 separaron tajantemente al mundo político. Así, el debate en torno a la salud pública pasó a formar parte de las luchas políticas de la segunda mitad del siglo XIX, al igual que la educación, y su resolución quedó en manos de quienes contaran con la mayoría en el Congreso. Sin embargo, los parlamentarios médicos y sus colegas radicales y liberales que los apoyaban carecieron de la fuerza necesaria para imponer sus ideas y debieron resignarse, tal como aconteció en el caso de la vacunación obligatoria, a que se modificara poco o nada la institucionalidad existente.
LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA
El doctor Ramón Allende Padín, que formaba parte de las filas del radicalismo, “en medio de la epidemia asoladora” de viruela de 1876 presentó un proyecto que obligaba a ciertos sectores de la población a vacunarse526, si bien “por respeto a la libertad de los individuos” no se establecía ese deber para todos los habitantes del país527.
La verdad es que el proyecto de Allende Padín, al no implantar la vacunación obligatoria, no encontró la oposición de quienes con más fuerza defendían la libertad individual. Por eso Zorobabel Rodríguez, una de las figuras más destacadas del Partido Conservador, afirmaba que “la idea de vacunación forzosa en el proyecto no tiene la gravedad que algunos le dan, porque tal como está redactado ella no es más que una excepción, puesto que no se hace obligatoria a todos los ciudadanos, sino como condición precisa para aquellos que ingresan por cualquier motivo en los establecimientos sostenidos por el Estado”528. En 1881, el proyecto indicado todavía no era aprobado por la Cámara de Diputados. El gobierno consideraba que esta tardanza era dañina, pues su sanción, si bien podía “importar una limitación de la libertad individual”, era necesaria “mientras nuestro pueblo adquiere la suficiente versación en preceptos higiénicos”529. Al año siguiente, el proyecto fue aprobado por dicha corporación, pasando al Senado para el trámite correspondiente.
Benjamín Vicuña Mackenna, senador por Coquimbo, estimó que el proyecto en cuestión era el “más grave a que pudiera consagrar su atención el Senado, después del gran problema de la guerra”530. Pero, a continuación, rechazó