62Jaime Eyzaguirre y Fernando Silva, “Nuevos testimonios de la jurisdicción del reino de Chile en el desierto de Atacama”, en Historia, 5, 1966, pp. 191-192.
63Amunátegui, op. cit., p. 125.
64María Carolina Sanhueza, “La primera división política-administrativa de Chile, 1811-1826”, en Historia, 41, II, p. 450.
65SCL, VII, pp. 68-69.
66SCL, VII, pp. 197-198.
67Constitución de 1823, artículo 190 y siguientes, en Luis Valencia Avaria, Anales de la República, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1986, Primera parte, p. 139 y ss.
68Sanhueza, op. cit., pp. 449-450.
69Sanhueza, op. cit., p. 480.
70SCL, XII, p. 241
71SCL, XII, p. 431.
72Joaquín Erlbaum Thomas, El federalismo en Chile, 1826-1827, Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Derecho, Escuela de Derecho, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1964, inédita, pp. 30-33.
73Valencia Avaria, op. cit., Primera parte, p. 153.
74Valencia Avaria, op. cit., Primera parte, p. 158.
75Valencia Avaria, op. cit., Primera parte, pp. 190-191.
76Rafael Sagredo Baeza, José Ignacio González Leiva y José Compan Rodríguez, La política en el espacio. Atlas histórico de las divisiones político-administrativas de Chile. 1810-1940, Instituto Geográfico Militar, Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 2016, p. 22.
77Gustavo Opazo Maturana, Historia de Talca, 1742-1942, Imprenta Universitaria, Santiago, 1942, pp. 262-263.
78 Sagredo, González y Compan, op. cit., p. 30.
79Sagredo, González y Compan, op. cit., p. 32.
CAPÍTULO II
LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
FERNANDO SILVA VARGAS
LOS PRIMEROS CENSOS REPUBLICANOS
El primer censo general de la república fue levantado en dos etapas. En 1831 se censó a la población de Chiloé, Valdivia, Concepción y Maule, y de varios departamentos de Santiago. En 1835 se completó el trabajo con Talca, Colchagua, Aconcagua y Coquimbo, provincias a las que se agregaron los departamentos de Santiago no censados en 1831. Este primero censo, muy deficiente en su origen, arrojó un millón 10 mil 336 habitantes, con distinción de sexo y estado civil. Esta medición hubo de superar, como fue lo habitual en el siglo XIX, no solo los obstáculos puestos por la población, siempre recelosa de actividades estatales de semejante índole, de las que se sospechaban eventuales consecuencias militares y tributarias, sino los derivados de la ausencia de reglas comunes para la recolección y sistematización de los datos80.
Un viajero aludió a los problemas con los que se enfrentaban los censos, haciendo mención al de 1831:
El prejuicio popular y el relieve ofrecen a las autoridades de estos países serios obstáculos para realizar censos que merezcan alguna fe. El primero se opone decididamente a tales ensayos, pues ignorando su propósito los ciudadanos de las clases bajas ven en ellos un preparativo para imponer nuevas contribuciones u otra clase de gabelas personales. Los huasos piensan de inmediato en una obligación para prestar servicio militar, que les desagrada en forma extremada y que, en efecto, impone a los afectados el cruel yugo de la pobreza y de las más duras privaciones.
Por tales motivos procuran sustraerse en lo posible al censo, incluso pagando como precio para lograrlo un exilio voluntario durante algún tiempo. […] Otra dificultad especial está representada por fluctuaciones, comparables a las mareas, bajo cuya influencia se encuentra la población de países menos civilizados […]. Tales manifestaciones son a menudo el resultado del repentino descubrimiento de una rica mina, que a veces se agota pronto; y, por otra parte, puede ser también la consecuencia de medidas impuestas a los habitantes o de la situación política del pueblo81.
El segundo censo, efectuado en 1843, cubrió todo el país, pero no pudo dar una información específica acerca de la distribución de los habitantes en provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos, porque semejante esquema de división político-administrativa estaba comenzando a aplicarse, sin contarse siquiera con un plan previo. Si bien se ha estimado que los errores cometidos en ambos censos son menores del 10 por ciento, hay buenos argumentos para sostener que el porcentaje de error es mayor que esa cifra82.
En 1853 el Presidente Manuel Montt dictó la Ley de Censos, que dispuso que estos se harían con una frecuencia decenal. En el periodo abordado en esta parte de nuestro estudio se efectuaron de acuerdo a dicha ley los censos de 1854, 1865 y 1875. El primero de ellos buscó entregar información relevante para la administración pública, y pretendió servir de instrumento idóneo para determinar el número de asientos en la Cámara de Diputados. En efecto, como ya se indicó, la Constitución de 1833 vinculó la elección de diputados, senadores y electores de presidente a los departamentos y a las provincias.
El censo de 1854 intentó separar la calidad civil de la persona de su incorporación a los registros parroquiales, y fijó a la residencia como base del sistema. Los resultados de ese objetivo fueron muy modestos, e incluso el censo fue levantado y publicado siguiendo no la división administrativa del país, incompleta e ignorada incluso por las propias autoridades, sino los territorios de las parroquias. Este censo experimentó las dificultades propias de un proyecto que pretendió ser riguroso y elaborado sobre pautas bien diseñadas. Los problemas radicaron en el desconocimiento del territorio nacional; en las distancias entre los centros urbanos; en la carencia de personal idóneo para contar a la población; en la extrema movilidad de los habitantes y, por último, en la falta de criterios bien establecidos para distinguir la ciudad del campo y, por consiguiente, para poder conocer la cantidad de habitantes urbanos y rurales83.