y me pasa unos pesitos González allá en el andén.
Llegando al puerto de Coquimbo me bajan en la estación,
con cincuenta carabineros me meten a un furgón,
me meten allá escondido y al pobre Betarraguita
lo tratan como a un bandido.
Me presentan en la Intendencia como a las ocho de la mañana
y allá otro viejo pelao me mandó dejar a la «cana».
Y estando yo ya precioso junto a toos los reos
me llamaron a la «Corte» pa’ presentarme al careo.
Ante un viejito ministro yo di mi declaración,
le conté los hechos ocurríos y él puso mucha atención,
me devolvió pa’ la cárcel pa’ pedir más antecedentes
porque también a él le habían dicho que yo quería ser Presidente.
Y estando yo ya encerrao se hace presente el amigo
y junto a mis compañeros, el diputado Pontigo,
la Central de Trabajadores junto a toos mis hermanos
me pusieron de abogao a un democratacristiano.
Las celdas no tienen guater en la cárcel de La Serena
y son quince horas de encierro sin tirar la cadena.
Estando encalabozao sentí olores muy raros,
era que todos los presos cacareábamos en un tarro.
El domingo en las visitas vino toda La Serena,
me trajeron hartos regalos, ¡a puchas la gente buena!
El martes falló la Corte y me dejó en libertad
y me dijeron «Betarraguita, aquí no ha pasao na».
Aquí termino de contarles mis tormentos y desvelos
y toda la culpa la tuvo la escopeta de mi abuelo.
Salamanca, 1966 375.
Juan Bruna. Corporación de Reforma Agraria, «Los Asentamientos de la reforma agraria» (folleto), Santiago: Imprenta La Nación, 1966: p. 13.
Continuaron las investigaciones y las detenciones por el complot en los días siguientes376. El ministro Cerrutti informó en varias ocasiones que había prorrogado la incomunicación de los nueve detenidos declarados reos en la causa por subversión en la Cárcel Pública377. El Mercurio informaba de estas prórrogas cada cinco días378. Por otra parte, dos coroneles en servicio activo, dos dirigentes del gremio del cuero y calzado, un dirigente de la mina La Disputada de Las Condes, un exoficial de la Fuerza Aérea, el jefe de la policía política Fernando Llona, el subprefecto de la brigada móvil Francisco Acavel y el almacenero Fernando Barberi prestaron declaraciones ante el ministro Cerrutti379.
Fue confirmada la encargatoria de reo de Humberto Sotomayor Sorucco, médico de Limache, después de escuchar los alegatos de los abogados acusadores y defensores en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El ministro en visita, Eduardo Sanjurjo, había dictado dicha encargatoria por ser «autor del delito de subvertir y propender al derrocamiento del gobierno establecido». Por el gobierno intervino el abogado Germán Rodríguez Ortiz y en defensa del acusado lo hizo el abogado socialista Juan Matus Valenzuela380.
La investigación continuó hasta fin de octubre con diversas diligencias en relación con el transporte de armas hacia la ciudad de Salamanca381. Finalmente salieron en libertad provisional cinco de los detenidos; la sexta sala de la Corte de Apelaciones les concedió la libertad bajo fianza a dos de los reos382 y continuaron en la Cárcel Pública otros seis383.
El Partido Comunista concluiría que el «complot sintético» y el «pretexto de la amenaza de la estabilidad institucional le sirvió al radicalismo para incorporarse apresuradamente a compartir las responsabilidades de Gobierno» y que «el tiempo ha ido reduciendo este complot a sus justas proporciones: a las actividades propias de cazadores o meros coleccionistas de armas antiguas»384. En octubre, doce detenidos por el complot estaban en una huelga de hambre para protestar por la lentitud de las tramitaciones del proceso y el no cierre del sumario. En represalia, el alcaide ordenó el aislamiento de todos ellos385.
De acuerdo a los registros de la Cárcel Pública, los detenidos y procesados por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado, en el proceso 11-61 (complot), permanecieron recluidos hasta octubre. La mayoría había ingresado el 14 de septiembre, pero salieron en libertad bajo fianza en distintas fechas. El 2 de octubre salieron Rosendo Albano Cid, 39 años, tapicero; José San Martín Balboa, 24 años, carpintero y Agustín Carotti Mery, 34 años, industrial; el 25 de octubre Manuel Luna Madrigal, 31 años, gasfíter; Luis Acuña Ponce, 41 años, industrial y Luis Gustavo Mujica, 42 años, médico. Otros dos detenidos, Enrique Mosela Guerrero, 27 años, mecánico dental y Víctor Opazo Cossio, 33 años, aviador, fueron sobreseídos y salieron también el 25 de octubre. José Cortés Acosta, 56 años, jubilado, salió el 28 de octubre en libertad bajo fianza. Otros tres detenidos que habían ingresado el 21 de septiembre, Gustavo Páez Gallardo, 24 años, mueblista, Gonzalo Villalón Manzano, 34 años, librero y Pablo Monardes Chutterbuck, 41 años, mecánico, salieron el 28 de octubre en libertad bajo fianza386. Los antecedentes registrados no incluyen la actividad política de los procesados. La búsqueda del expediente fue infructuosa387.
¿Cuál sería la verdad sobre el complot? El gobierno nunca la reveló. No fue posible saber si los detenidos pertenecían o no a una misma organización. O si efectivamente algunos soñaban replicar la «Sierra Maestra», aunque el valle del Choapa no se prestara geográficamente para semejante propósito. Tampoco fue posible establecer si el gobierno logró prevenir una amenaza real y efectiva, o como dijo la oposición, con diversos matices, que se trataba de un pretexto sumamente conveniente para controlar las movilizaciones y las huelgas.
Querella contra el periodista Mario Planet
A mediados de octubre de 1961, el gobierno se querelló contra el periodista Mario Planet Rojas, quien escribía para las revistas Time y Life388. La querella fue presentada a través del intendente de Santiago, de acuerdo con la ley de seguridad interior del Estado.
El periodista había publicado dos artículos, uno en junio y otro en agosto, que describían la situación de miseria en el norte chico y el caso de la toma de terrenos en la chacra Santa Adriana. El gobierno afirmaba que los artículos «lastiman seriamente su prestigio [del país] en el exterior y están destinados a destruir la confianza que ha de inspirar su estabilidad institucional y financiera»389.
Después de un mes, el ministro de la Corte de Apelaciones Ricardo Martin, declaró reo a Planet. En seguida, el ministro de Justicia Enrique Ortúzar se desistió de la querella390. El abogado Manuel Guzmán Vial, quien representó al gobierno en la querella contra el corresponsal Planet, presentó ante la Secretaría de la Corte de Apelaciones el desistimiento correspondiente391. El ministro sumariante Ricardo Martin dictó el sobreseimiento definitivo del corresponsal392.
Esta medida «fue calificada editorialmente de “magnánima” por El Diario Ilustrado, en su edición del 10 de noviembre. En otros círculos se la estimó coercitiva, pues se privó a Planet de la oportunidad de exponer su defensa ante los Tribunales y, según sus partidarios, de probar su inocencia. De todas maneras, el caso terminó y todos los antecedentes del mismo se remitieron al Colegio de Periodistas», que había pedido el retiro de la querella393.
Este caso tuvo una evaluación dividida en la opinión