Otro periodista a los tribunales: Lautaro Ojeda
En las postrimerías de 1961 fue detenido el periodista Lautaro Ojeda (militante del PADENA, corresponsal y director gerente de The Associated Press en Chile)420. El gobierno interpuso una querella por infracción a la ley de seguridad interior del Estado. Fue detenido, acusado de ser responsable de una crónica publicada en el periódico que él dirigía, El Paredón, que era el órgano oficial del Partido PADENA, bajo el título de «Fallo inmoral»421. El diario La Nación informó de su detención, señalando que fue puesto a disposición del ministro Roberto Smart E., quien lo acusó por el delito de injurias contra los miembros de la Corte Suprema por el mencionado artículo, redactado con términos calificados como injuriosos respecto del desafuero de los tres parlamentarios del PADENA422.
El artículo criticaba duramente la sentencia de los tribunales desaforando a los diputados Minchel, Lavandero y Leyton, «en contra de quienes, según lo anuncia la prensa de hoy, se piden penas de presidio»423. Ojeda negó haber escrito el artículo, pero rehusó identificar al autor. El Siglo informó a principios de enero de 1962 que el gobierno pidió que se le condenara a pena de cárcel por las supuestas injurias424. El propio periodista se defendió a través de la prensa, analizando la injusticia de su detención425.
En la Cámara, el diputado Foncea declaró que Ojeda «se halla en la cárcel desde hace 28 días, por el tremendo delito de difundir la verdad. Fue detenido con violencia, como si se tratara de un delincuente común; y fue vejado e incomunicado arbitrariamente en el cuartel de Investigaciones, donde sus familiares y amigos pudieron ubicarlo después de desesperados esfuerzos para establecer su paradero»426. Foncea denunció que «el Ministro sumariante, en actitud sin parangón en los anales judiciales, se ha negado a recibir las pruebas y testimonios ofrecidos por la defensa del reo, y en forma intempestiva procedió a cerrar el sumario negándose tercamente a reabrirlo»427. Insistía en que era del todo legítimo analizar y criticar los fallos judiciales: «Los fallos judiciales se publican incluso en revistas subvencionadas por el Estado y se difunden, no para que todos aplaudan esos pronunciamientos, sino para que ejerciten libre y soberanamente la facultad de crítica y de protesta»428.
Honorable Cámara, cuando el Senador de la República don Baltazar Castro, en un arresto de hombría de bien no frecuente en los tiempos que estamos corriendo, reconoció ser el autor de la crónica, el Gobierno «libertario» y «desapasionado» que nos rige, ante el peligro de que se produjera la libertad de Lautaro Ojeda, como debió ocurrir, inició otra acción judicial en su contra, fundada en publicaciones del mismo periódico El Paredón, correspondiente a una edición que no pudo circular como consecuencia de la censura oficialista429.
Casi dos semanas después, el mismo diario informaba que la Corte Suprema había denegado la apelación del abogado Sergio Recabarren sobre un recurso de queja presentado contra el ministro sumariante Roberto Smart. Denunció que «ahora la Corte Suprema refrenda el criterio político con que han actuado en este proceso tanto el ministro Smart como la Corte de Apelaciones, lo que constituye una confirmación de la falta de independencia del Poder Judicial»430.
El senador Salvador Allende llamaba a «un gran debate sobre la administración de justicia en el país», cuestionando la imparcialidad, independencia y legitimidad del Poder Judicial:
El pueblo desde siempre lo ha sabido: la cárcel para quien roba un pan o una gallina; el prestigio de «gerente» para quien entrega las riquezas básicas de nuestra tierra o para quienes defraudan millones o para quien medra a la sombra de la especulación, de las alzas de precios o del «dato» oportuno llegado por las gratas vías de la información confidencial.
(…) Y cuando esta misma máquina de la Justicia es llamada a intervenir en las contravenciones de carácter político, se torna ella de una dureza granítica si se trata de eliminar a quien, poseyendo el limpio título de un mandato popular, se atreve a denunciar irregularidades de las gentes vinculadas al Gobierno. En cambio, se alcanza una ceguera insuperable si se trata de reprimir los desmanes que hieren en lo más respetable a hombres que militamos en las corrientes que no llevan tras de sí las increíbles sugestiones que ofrece el poder con sus expectativas burocráticas.
(…) Me asiste el convencimiento de que se hace indispensable que los sectores progresistas de Chile promuevan un gran debate sobre la administración de Justicia en el país, en todos sus grados y matices. Nosotros, a través de años, hemos creado conciencia nacional acerca de las características de nuestra realidad económica y social (…). Ahora, sin lugar a duda, hay que encarar de firme y con pie derecho y sin prejuicios el análisis del Poder Judicial. La vida del Estado es una y en él no caben sectores intocables. Sé que el FRAP y los partidos que lo integran se echarán sobre sus hombros, sin vacilaciones, tan importante como impostergable tarea431.
Procesado por presuntas injurias contra el Poder Judicial, Ojeda estaba en la cárcel y el 23 de enero de 1962 inició una huelga de hambre. El PADENA propuso una acusación constitucional contra el ministro Roberto Smart y contra todos los ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que habían intervenido en el caso. Esta propuesta no prosperó, aunque el FRAP acordó en su congreso a fines de febrero que se trataba de «un notable abandono de deberes» en que incurrió el Poder Judicial en los procesos contra Minchel, Leyton y Lavandero y del periodista Lautaro Ojeda. La declaración del congreso del FRAP afirmó que los tribunales superiores del Poder Judicial habían «demostrado una absoluta falta de independencia» ante los requerimientos del gobierno. Por este motivo acordaron instruir a su representación parlamentaria que presentara una acusación constitucional contra los ministros que intervinieron en los últimos procesos. Acordaron también incorporar al programa del FRAP que todos los cargos del Poder Judicial, en resguardo de su autonomía, debieran ser renovados en «determinados plazos legales y mediante una generación democrática». De ser legislada la propuesta se produciría una transformación revolucionaria de la carrera y de las atribuciones de los ministros del Poder Judicial, sometiéndolos a la «generación democrática» de su cargo. El FRAP proclamó ante el país que «la próxima elección presidencial [1964] será un plebiscito con contenido revolucionario»432.
El director del diario Clarín, Enrique Gutiérrez, fue interrogado por el ministro Remigio Maturana de la sexta sala de la Corte de Apelaciones por el titular «Cuchareo político», en el que se refería al ministro de Economía Luis Escobar Cerda, quien se querelló por injurias. En el caso del artículo por el fallo en relación con los diputados del PADENA, Clarín dijo que «el Gobierno prefirió seguir el camino más fácil. No desmintió los cargos formulados por los diputados y se querelló por injurias. No lo hizo por calumnias porque no las había»433.
Al mismo tiempo, en la quinta sala se llevaban a cabo los alegatos por el proceso contra Ojeda, declarado reo y condenado a 200 días de prisión. Fue defendido por el abogado Arturo Zúñiga Latorre, quien pidió que fuera revocado el fallo de primera instancia434. Por el Ejecutivo alegaba Manuel Guzmán Vial, solicitando la confirmación del fallo435. A inicios de marzo, en la inauguración del año judicial, el Presidente de la Corte Suprema había reivindicado la independencia del Poder Judicial. En abril se dictaron las sentencias condenatorias de los diputados del PADENA y del periodista Lautaro Ojeda436.
El abogado Sergio Recabarren enjuició lo que caracterizó de «actuaciones políticas de los jueces». Señaló que la acusación constitucional