Para tener una noción, y poder tejer las relaciones entre las instituciones de gobierno y las estructuras informales, es importante conocer el concepto de éstas últimas.
Navarrete (2016) hace mención a que, desde el enfoque de la sociología y los estudios sobre la gobernanza, el capital social y la gestión, las instituciones informales son vistas como las redes sociales y las comunidades establecidas en la confianza. High (2005) habla sobre las expresiones positivas de lo informal, las cuales pueden abordarse desde un panorama conceptual formado por las comunidades y las redes, es decir, los patrones sociales comunes en las organizaciones. (p. 293)
Se conocen como instituciones informales a distintos aspectos, como bromear, según Peltier (2007); la corrupción, clientelismo y patrimonialismo, Erdmann y Engel (2006); el caciquismo, Knight y Pansters (2005), Middlebrook (2009); los acuerdos políticos y pactos de caballeros entre caciques, Barrer (2014); o el capital social y la cultura política, Helmke y Levitsky (2004), Stacey (2007) (Navarrete, 2016, p. 296).
En lo que respecta a la actividad económica informal, ésta se presenta en diferentes connotaciones: irregular o cuasi-legal (ilegal por evadir impuestos y otras leyes), más que criminal; oculta, que es la representación criminal de la informalidad, como el robo, malversación, venta de bienes robados, etc.; no oficial, que funciona dentro de lo oficial legítimo a cambio de favores y privilegios como medio de intercambio; y social, que su rama está fuera de lo formal y recurre al trueque como medio de intercambio (Henry y Sills, 2006) (Navarrete, 2016, p. 295).
El mismo autor analiza el comercio informal dentro de la economía informal, definiéndolo como procesos de adaptación a lo social, más que a necesidades económicas. Por ello, en relación a lo formal e informal, con sus aspectos alentadores y destructores, se deriva el desempeño económico (2016, p. 295). Portes y Haller (2004), por su parte, definen al sector informal como “las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección” (Feige, 1990, pág. 990) o que bien incluyen “todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares” (Castells y Portes, 1989, pág. 12). (p. 10)
Aunado al estudio de las estructuras informales, se ligan los conceptos de delincuencia y corrupción, situados en un estadio de nación transfronteriza, con sus crisis y contextos propios. Heredia y Durand (2018) del Centro Geo, en uno de los estudios más recientes en el que han documentado la movilidad en la región transfronteriza México-Guatemala, señalan cuatro etapas en los últimos cuarenta años: exilio político de los oponentes a la dictadura en la década de 1970, refugiados del conflicto armado en la de 1980, migración económica en los noventa, refugiados ambientales después del huracán Mitch al final del siglo XX y actualmente, dicen estos expertos:
La primera década del siglo XXI se caracteriza por la consolidación de la democracia formal en Centroamérica, incluso por la alternancia. A los avatares de la política con gobiernos democráticos pero acotados y vulnerables, le corresponde un tipo de violencia sistémica que penetra en todos los sectores de la sociedad y que se sustenta en la impunidad y en la debilidad institucional. (Heredia y Durand 2018, p. 6-7)
La debilidad institucional está directamente asociada al orden negociado y puede generar inercias políticas basadas en acuerdos de fuerzas locales y regionales que den estabilidad y cierta certidumbre o, por el contrario, generar condiciones para que distintas expresiones de delincuencia organizada dominen a la sociedad, lo que desafortunadamente ya está pasando. Retomando a Rojas:
Argumentar la existencia de un orden negociado para que circulen las mercancías por la frontera implica descartar, desde un principio, la idea de que el sistema de estado es una entidad racional, cuyos lineamientos políticos y acciones produce empíricamente el orden deseado. Lo que se manifiesta en el contexto fronterizo mirándolo desde su dinámica mercantil sugiere que el orden con mayor relevancia se construye como un producto de una negociación política, cuyos acuerdos se basan en establecer el grado de tolerancia. (Rojas, 2014, p. 167-168)
En la estructura informal, el papel del Estado es de suma transcendencia para lograr un mayor equilibrio entre lo formal y lo informal, visualizándolo como el parteaguas de lo que está bien y lo que está mal, estableciendo que las actividades que se realicen se desenvuelvan conforme a la ley y los principios que le exigen.
Esto se ve reflejado a la región transfronteriza en donde el Estado, y las autoridades, son las encargadas de vigilar y hacer cumplir con los lineamientos y mandatos que les exigen su administración y sus cargos, teniendo un mayor control en el cruce de personas, bienes y servicios dentro del territorio de la frontera y obstaculizando su entrada y salida. El Estado, a través de diversas restricciones busca evitar que estas actividades se ejerzan de manera informal, acompañando su desarrollo de una manera formal. Sin embargo, en la realidad, en la frontera continúa realizándose la compra de bienes y servicios de manera informal, sin que exista una limitación por parte de las autoridades.
1.8.3. Las estructuras no formales e informales desde la región transfronteriza
Visualizando lo formal e informal en la región transfronteriza, se aprecia que ambos conceptos se integran en las relaciones sociales y económicas entre los consumidores y las personas que se dedican a transportar gente del otro lado de la frontera, así como con los agentes institucionales que permiten que estas actividades continúen desarrollándose.
Sin embargo, lo formal no siempre es visto de esta manera ya que, en repetidas ocasiones, la práctica informal puede ser utilizada en la práctica formal. Tal como lo expresa Portes y Haller (2004) “el trabajo que significa la supervivencia de un trabajador informal puede ser apropiado por la empresa formal que lo contrata para lograr mayor flexibilidad” (p. 13).
La concepción que se tenga de lo no formal o lo informal, dependerá de la manera en que sean utilizados ambos conceptos en la cotidianidad y en el flujo de bienes, servicios y personas en la región transfronteriza. Debido a la porosidad y facilidad de internación a través de la frontera sur de México, su amplia topográfica (ríos caudalosos, montañas y selva espesa), además de la fauna peligrosa, se torna un espacio riesgoso para los inmigrantes que utilizan estos difíciles caminos para no ser descubiertos por las autoridades migratorias mexicanas (Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2014, pp. 30-31).
Los cruces fronterizos irregulares entre México y Guatemala, por los que transitan las poblaciones, están establecidos por las tácticas realizadas por los propios grupos de inmigrantes, los cuales implementan su propia trayectoria terrestre. De igual manera, las organizaciones de traficantes de personas indocumentadas también alteran sus caminos al interior de Guatemala y su cruce hacia México.
El principal factor que propició el cambio de la ruta tradicional de cruce, por el Río Suchiate, fue el huracán Stan en 2005, que destruyó las vías del tren y afectó el medio que utilizaban los inmigrantes para atravesar la frontera con México (Martínez, 2014, p. 280). Al adentrarse al territorio de Chiapas, las rutas de viajes pueden ser cambiantes según la forma en que los entornos, y las estrategias de traslado, estén repartidos entre las organizaciones de tráfico de personas (Ibidem, p. 282).
Ante