[...] Ateniéndonos a las informaciones oficiales del Gobierno y a las publicaciones de la prensa del país, según el decir de estos informes que yo considero parciales, grupos de obreros asaltaron un regimiento en Copiapó. Se llevaron armas y huyeron según la expresión oficial. Al otro día las tropas del Gobierno, ateniéndome a la información oficial, en medio de un feroz combate, según ellas, en medio del más terrible de los combates, en medio del más sanguinario de los combates, reprimían a los elementos subversivos en Vallenar, haciendo bajas entre los elementos obreros que se estiman en veintitantos hombres. La tropa no tuvo más que una baja. No hay duda que el combate fue grande, pero la farsa ha sido más212.
En otra sesión, algunos días después, el diputado volvió a aludir a los sucesos, señalando que se había equivocado al referirse a los sucesos de Vallenar, ya que no había evidencias de algún «intento contra el orden constituido en esa ciudad (....) como represalia a hechos ocurridos en Copiapó, la Guardia Cívica, apoyada por los carabineros, ha asesinado a mansalva a 25 ciudadanos [...]. Asesinatos cubiertos de impunidad por el oficialismo imperante»213.
El senador Aquiles Concha hizo referencia a la publicación de una lista de 22 personas en El Mercurio, quienes fueron detenidas por los sucesos de Copiapó, acusados de ser comunistas e instigadores del movimiento. Identificó a los detenidos, uno por uno, indicando que los conocía personalmente, afirmando que la mayoría de ellos pertenecían al P. Democrático y que ninguno era comunista como afirmaba el diario214. Afirmó: «Si se reflexiona tranquilamente, se llega a la conclusión de que la prensa informa erróneamente sobre los hechos que ocurren. Se ve claramente que las cosas no han sucedido como dicen los diarios»215.
El senador Manuel Hidalgo, en esa época todavía miembro del P. Comunista, propuso que se designara a una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido y analizar sus causas216. La proposición fue discutida largamente. El senador Alfredo Barros Errázuriz (P. Conservador) la objetó, argumentando que las atribuciones constitucionales del Senado no le permitían fiscalizar los actos del Gobierno en la mantención del orden público y que una comisión como la que se proponía intervendría en las esferas del Poder Judicial. Aprobar una comisión de esa naturaleza «importaría una manifestación de desconfianza para con el Gobierno, ya que invadiríamos facultades que le son privativas, cuando todo aconseja que nos unamos a su alrededor»217.
El senador Hidalgo subrayó que su interés era esclarecer lo sucedido y evitar las acusaciones infundadas sobre personas «por el hecho de profesar estas o aquellas ideas [...]. No podemos entregar a los obreros a persecuciones semejantes a las del Santo Oficio, porque no participan de determinado modo de pensar»218. Después de fuertes intercambios se votó negativamente la indicación de crear una comisión para investigar e informar sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar, por 23 votos contra 6219.
La discusión se mantuvo muy polarizada en esa sesión y en las siguientes. La exageración de la prensa había generado desinformación y desconfianzas recíprocas. El senador Concha denunció que había recibido telegramas y cartas «del norte, en los que me comunican que han tomado presos a diversos ciudadanos, sin orden de autoridad competente y sin forma alguna de proceso»220. Días después, en otra sesión, el senador Concha pidió la visita de una comisión de gobierno que investigara con honradez la verdad de lo acaecido y averiguara el número exacto de «ciudadanos fusilados y muertos a palos y bayonetazos»221. El senador Ladislao Errázuriz (P. Conservador) le respondió que «gracias a la oportuna y atenta vigilancia de las autoridades, fracasó el movimiento, que son de aquellos que deben ser reprimidos con manos de hierro [...]. Esa obra de previsión hizo que murieran aquellos que trataban de matar. ¡Bien muertos están los que fraguaban asesinatos!»222. El senador Concha insistió que «no es posible que se haya asesinado en Vallenar a tanta gente sin saberse quienes lo hicieron, y no es propio echar tierra sobre este asunto»223.
La disputa sobre lo sucedido se mantuvo por varias sesiones. El senador Concha reiteró que le importaba «muy poco que fueran o no comunistas los asesinados» y protestó «que se privara de libertad a los ciudadanos y de que se les haya asesinado, habiendo justicia en Chile»224. Llegó a tal punto la intensidad de la polémica que el presidente del Senado, el senador Pedro Opaso (P. Liberal Unido) señaló: «Es conveniente eliminar de los debates del Senado la palabra asesinados y ruego a su señoría no volverla a emplear, porque me vería en la necesidad de llamar la atención del honorable Señor Senador»225.
En la sesión de 12 de enero de 1932 el senador Concha leyó una carta que le llegó de parte del Dr. Osvaldo Quijada, detenido en Copiapó226. En ella le decía que se encontraba detenido y que se le había negado la excarcelación bajo fianza, aduciendo un delito de cooperación con un atentado revolucionario, según el Código de Justicia Militar. Quijada le señalaba que había tenido un solo interrogatorio, pero que todos los otros detenidos habían sido interrogados acerca de él. Concha era muy crítico acerca del curso que habían tomado las acontecimientos y dudaba que el sumario en desarrollo permitiera conocer lo que efectivamente ocurrió, ya que «[...] se deja en sus puestos a las mismas autoridades que actuaron en las matanzas, que dieron las órdenes con ese objeto y que finalmente engañan al Gobierno. ¿Es propio que se deje en su puesto al gobernador de Vallenar? ¿Es propio que se deje ahí a las mismas autoridades de Carabineros»?227.
Al senador Concha le preocupaba que se justificara la muerte de personas en razón de sus ideas políticas:
El Honorable Senador don Ladislao Errázuriz me dijo que los comunistas de Vallenar habían pretendido establecer el soviet en Chile. Pues bien señor presidente, yo esto ni siquiera lo discuto porque desde el momento en que son comunistas, lo lógico es pensar que deseen establecer el soviet en Chile, ya sea empezando su obra en Vallenar o en cualquier otro punto de la República; esa es la tendencia de la doctrina comunista y nunca he tenido conocimiento de que estos sean perseguidos en el país por sustentar tales doctrinas. Han tenido libertad hasta para llevar un candidato del partido a la pasada elección presidencial; cuentan con dos representantes de su partido en el Senado de la República y jamás el gobierno los ha hecho callar o los ha perseguido por exponer aquí sus ideas y principios. De manera, pues, señor Presidente, que el hecho de que los comunistas tengan el propósito de establecer el soviet en Chile, no autoriza a los carabineros para matarlos228.
Los senadores se alineaban en su mayoría con la versión oficial entregada por las autoridades que, hasta fines de enero, mantenía la acusación contra los comunistas. El día 17 de febrero, el diario Crónica publicó el informe final del sumario del fiscal José María Santa Cruz Errázuriz acerca de la investigación que hiciera sobre los sucesos de Vallenar, en el que se daba cuenta de las circunstancias en las que algunos comunistas encontraron la muerte. El senador Juan Luis Carmona (P. Comunista) leyó el informe en la sesión y el texto quedó incluido en el acta. El senador Carmona subrayó que lo sucedido en Vallenar «[...] no ha sido sino una repetición de lo que pasó hace algún tiempo en San Gregorio, en Antofagasta, en Tocopilla, en La Coruña. Estas masacres de ahora, son como las anteriores»229.
En la sesión del 24 de febrero, el senador Concha informó que el día anterior, el general director de Carabineros Manuel Concha Pedregal, antes de que terminara el juicio, había separado de sus cargos a tres oficiales de Carabineros con relación a sus actuaciones en Vallenar, ya que de acuerdo al informe del fiscal Santa Cruz, los oficiales Huerta y Morales eran responsables de haber dirigido y llevado a término el asesinato de 17 detenidos. El diario Crónica había reproducido también la intervención del abogado Jorge Neut Latour en la audiencia de la Corte Marcial de la mañana del 16 de febrero que completaba la información acerca de la participación de esos oficiales.
El senador Concha agregó que con la medida tomada por el general director volvía «carabineros por su prestigio, en cuanto se relaciona con lo sucedido en aquella localidad»230.