En el Senado se levantaron distintas voces que buscaban detener el fusilamiento de los sublevados y enfrentar la compleja situación política151. El senador radical Augusto Rivera Parga comentó el descontento existente en el país sobre las condiciones económicas y afirmó que el amotinamiento de la marinería se inscribía en tal contexto. Señaló que era necesario reconocer que las responsabilidades que pudiesen recaer sobre las tripulaciones de los buques de la Armada y sobre las instituciones armadas en general «debemos compartirlas todos los habitantes del país», recordando la instigación de los civiles, desde 1924, a la «indisciplina y a la rebelión» y esa instigación daría como resultado el movimiento en los buques de la Armada152. Hizo presente que en lugar de reconocerse el proceso que había originado el movimiento,
se ha procedido a aplicar en todo su rigor las penas que para tales casos consulta el código de justicia militar. Es cierto que hay derecho para exigir el sacrificio de su vida a los individuos que se han alistado en las filas de la Armada Nacional; pero también es efectivo que hay que pesar cada una de las determinaciones que se tomen. Si existe el derecho a exigir a la marinería como a cada ciudadano, el sacrificio que impone el patriotismo; si es efectivo que la idea de patria, si bien envuelve la idea de sacrificio, también envuelve la idea de bienestar, de derecho a la vida, y entre tanto, la disminución de sueldos que se proyectaba importaba poco menos que negar el derecho a la vida a innumerables familias de chilenos153.
El senador Manuel Hidalgo (P. Radical Socialista, Trotskista/4ª Internacional) dijo que era «mejor, para el bien de la República, que a los marineros se les trate con la misma consideración con que se trató a los sublevados del 5 de septiembre y del 23 de enero [de 1924-25], para que no tengamos que lamentar mañana sucesos aún más dolorosos»154.
Pero los ministros en el Gobierno tenían opiniones divididas. Algunos apoyaban las medidas de clemencia y otros esperaban que se aplicara un castigo ejemplar. El Gobierno buscó dilatar el cumplimiento de las sentencias. Al mismo tiempo, en esos días, el Ejecutivo envió un mensaje de extrema urgencia por el que se declaraba beneméritos de la patria al personal de Ejército, de la Aviación, de la Armada, y de Carabineros, caídos en defensa del gobierno constitucional durante los sucesos de septiembre155. El análisis de dicho mensaje generó una ácida discusión sobre los acontecimientos, la que continuó en las sesiones siguientes156. Finalmente la propuesta fue aprobada por 51 votos contra 7157.
El ministro de Marina, el contraalmirante Enrique Spoerer Jardel, fue reintegrado al servicio después de haber sido exonerado por el gobierno de Ibáñez, siendo capitán de navío y director de la Escuela Naval. A él le correspondió la tarea de reorganizar la Armada. Muchos jefes y oficiales fueron exonerados. A inicios de noviembre se derogó el decreto de medidas disciplinarias que afectó a diversos oficiales, reincorporándose a algunos, entre ellos al comandante del Latorre, contraalmirante Abel Campos.
El proceso judicial reconstituyó los hechos, permitió identificar las distintas influencias ideológicas y políticas, así como las motivaciones particulares que contribuyeron a desencadenar el movimiento. Mostró también la veloz evolución de las demandas iniciales sobre condiciones laborales hasta las proclamas políticas de los últimos días, que exigían, incluso, un proceso de reforma agraria, rechazando la negociación iniciada con la Armada. Los amotinados no contaban con apoyo externo efectivo y parecían no haber previsto la sustentabilidad del movimiento si sus demandas no eran satisfechas de manera inmediata. El examen de los antecedentes y de los procesos judiciales deja en claro que los amotinados carecían de una perspectiva estratégica y de un plan compartido, más allá de haberse propuesto controlar la Escuadra mediante el alzamiento, y lograrlo en los primeros días.
El proceso interno que se fue desarrollando a partir del día 4 de septiembre condujo a la imposibilidad de sostener el movimiento, al constatar que el Gobierno estaba dispuesto a utilizar toda la fuerza necesaria para retomar el control de la Escuadra. La derrota fue completa. Los juicios condenaron a un gran número de los participantes y a los dirigentes, además de aplicarles medidas administrativas. Sin embargo, varios tripulantes fueron absueltos en los consejos de guerra. A pesar del procesamiento de los involucrados y de las sanciones aplicadas, las consecuencias judiciales para los condenados se diluyeron a los pocos meses.
Indultos y amnistías
Mientras los amotinados eran procesados por los distintos consejos de guerra, sus familiares no tenían información alguna acerca de la situación en la que se encontraban sus parientes. Por orden gubernativa las oficinas navales y las del Ejército no estaban autorizadas para informar sobre los detenidos y muertos en combate. Las madres, esposas, hermanas e hijas se organizaron y formaron una comisión para efectuar diversas gestiones que les permitieran saber acerca de ellos. Esta comisión quedó compuesta de las señoras Ana de Arriagada, Ana de Andrade, Josefina de Astudillo, Carmen Sepúlveda de Torres, Claudina de Abarca y señorita Otilia Lara C. La primera de sus gestiones fue la de escribir al Vicepresidente de la República, con fecha 9 de septiembre, solicitando información acerca de sus familiares. Posteriormente pidieron al diario La Unión de Valparaíso que publicara el «memorial» que ellas habían enviado a las autoridades158. Dicho memorial decía entre otras cosas:
[...] Se dice con insistencia que los elementos de la Armada, suboficiales y marinería, serán severamente castigados y no faltan los que propician el castigo de la sublevación con la muerte de los que sean o aparezcan responsables. Se olvidan todos estos que tratan de dar ejemplos a costa de vidas ajenas, que detrás de cada hombre que ha pertenecido a la Armada, hay una familia, parte también de nuestra sociedad chilena, y merecedora también, a la consideración y tranquilidad que debe tenerse en una República. Estamos con el Gobierno en lo de reprimir con severidad, lo que ha sido sin duda un acto de locura; pero estamos distantes de aceptar que con el hambre de nuestros hijos se castigue un mal cuyas raíces seguramente no afectan a muchos elementos, extraviados con prédicas malsanas.
[...] En nombre de los derechos de familia, en nombre de nuestros hijos pequeños, en nombre de la tranquilidad social que exige la conservación de todos sus componentes para no levantar protestas, en nombre de la generosidad proverbial de nuestro pueblo, solicitamos por gracia a Vuestra Excelencia se sirva ordenar:
1º Se publique la lista de los que han perdido la vida en las últimas incidencias.
2º Se indique el lugar donde se encuentran destinados todos los marinos.
3º Se permita a sus familias verlos sin dificultad, y
4º Finalmente, que no se quiten nuevas vidas por razón de castigo de delitos que malas doctrinas han podido generar, o de elementos que han podido aprovechar malamente las libertades que se dispensan en nuestro país159.
Los rumores que circulaban sobre el destino de los detenidos seguían siendo alarmantes, precisamente por la falta de información. El diputado Juan Pradenas Muñoz, presidente del Partido Democrático, leyó también una carta de los padres, hijos, hermanos y deudos de los sublevados que subrayaba los temores por el riesgo que corrían sus familiares, mientras las autoridades no informaran acerca de la situación de los detenidos ni dieran a conocer los nombres de los que ya estaban muertos. La carta mencionaba expresamente el temor de que algunos fueran asesinados y se dieran posteriormente por fugados o desaparecidos160. Los familiares se organizaron, las mujeres por un lado y los hombres por otro, requiriendo información a las autoridades sobre sus parientes. A su vez, organizaciones nacionales e internacionales hicieron presente a las autoridades diversas peticiones solicitando amnistía161. Se sumaron a las peticiones Arturo Alessandri y el Partido Comunista162. En la Cámara de Diputados y el Senado hubo llamados pidiendo clemencia163.
El 16 de octubre,