Creagh se esforzaba en conseguir para la región oriental de Cuba las gracias que poco antes, en 1786, se habían reconocido a Santo Domingo y que también pretendían los habaneros. Pero Creagh iba más lejos al esperar que fueran reconocidas como legales las prácticas a las que se dedicaban muchos de sus paisanos comerciantes, un libre comercio avant la lettre. En 1791 lo encontramos entre los suscriptores de un tratado de legislación con los títulos de “Abogado y Regidor de la Isla (sic) de Cuba, y su Diputado” (Pérez y López 1791, la lista la encabeza Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia).
Hay tres elementos que contribuyen a explicar la coincidencia temporal en la expresión y difusión de estas ideas a las que hacemos referencia: a) las consecuencias de las disposiciones dictadas por la Corona; b) el momento en el que se encuentran los intereses económicos locales y las expectativas de su promoción; y c) debemos añadir, además, un aspecto institucional: los síndicos de los consulados de comercio fueron algunos los principales receptores y difusores —y adaptadores— de las teorías agraristas y del llamado “mercantilismo liberal” en las décadas que transcurren de 1790 a 1810, asimismo enseñadas en las universidades después de las últimas reformas de la década de 1780. La circulación de ideas quedó reforzada en algunos casos por el conocimiento personal o la coincidencia temporal de varios de sus portavoces en la corte o en otras ciudades de la monarquía.
En la denuncia de los monopolios y privilegios mercantiles se forma el pensamiento del americano libre que poco después reclamará asumir en sus manos su destino. Pero la secuencia no es directa, inmediata, ni todos los que abogan por libertades comerciales y económicas seguirán la deriva de la ruptura con España. Ni siquiera todos los principales ideólogos de esta crítica fueron criollos, sino que hallamos no pocos funcionarios peninsulares en las reales audiencias, intendencias y universidades que sostienen principios semejantes, considerando la necesidad de la reforma de la monarquía y su prosperidad, que obviamente se unen a la prosperidad y la felicidad de los “españoles americanos”.
Con variaciones en las ideas expresadas por los autores y entre regiones, en la época referida encontramos una expresión de reformismo económico criollo o criollizado en Manuel Belgrano y Mariano Moreno, en el Río de la Plata; en Victorián de Villava, en Charcas; en Miguel de Salas y José Joaquín de Mora, en Chile; en Miguel de Lastarría, en Perú; en Antonio de Nárvaéz y José Ignacio de Pombo, en Nueva Granada; en Francisco de Arango y Parreño, en Cuba; en Antonio Sánchez Valverde, en Santo Domingo, etcétera. Fuera del imperio español, con las oportunas diferencias, encontramos algo semejante en el martiniqués Moreau de Saint-Mery o en los colonos franceses de Saint-Domingue que abogan por su autogobierno parcial. Propuestas similares parecen encontrarse en otras realidades coloniales. El caso de Brasil apunta en esa dirección y, al igual que sucede en el caso hispanoamericano, los precedentes que abogan por las reformas se suceden desde comienzos del siglo XVIII, en un discurrir paralelo de imperios disímiles con problemas comunes cuyo estudio comparado apenas ha avanzado.
Por pensamiento económico del reformismo criollo entendemos un estado de opinión tejido de nuevas ideas económicas que beben del “mercantilismo liberal” y el agrarismo, que son adoptados, adaptados y también reelaborados y enriquecidos a la luz de las condiciones de la América colonial, de prácticas corporativas cuyos intereses se expresan en representaciones y memorias, y de controversias acerca de las políticas económicas dictadas por la monarquía. En ese sentido, se distancia de la alta teoría, de los ensayos de economía política de raíz europea, aunque por otra vía, en las condiciones del imperio español de América en el que centramos la principal atención, forma un corpus de principios, análisis y deducciones que corresponden al nacimiento de la economía política en Hispanoamérica y de los principales territorios que la conformaban.
Desde una perspectiva eurocéntrica, los autores que comprendemos en la citada denominación, los reunidos en esta obra, los citados y otros que podríamos añadir, serían meros receptores y difusores de las doctrinas elaboradas en Europa. E incluso, desde una concepción académica restringida, algunas representaciones, determinados proyectos de expansión de uno u otro sector económico, las controversias entre sectores mercantiles expresadas por consulados y otros ajenos a estos debieran quedar fuera de la noción de “pensamiento”, reservada a las ideas estructuradas y expuestas conforme a criterios formales comúnmente aceptados. Desde la perspectiva de la decolonialidad es posible encontrar una lógica expositiva vinculada a las necesidades de cada realidad regional americana —y por su dependencia de un mismo poder imperial, también común—, cuya finalidad última es persuadir a las autoridades de la monarquía de la conveniencia de ciertas políticas y cuya utilidad beneficiaría tanto a los habitantes de las colonias como a la hacienda real y al comercio en general. La ciudad letrada criolla, al igual que reelabora los principios del iusnaturalismo, del derecho natural y de gentes, adecuándolos a las necesidades locales, y para hacerlos más aceptables los tamiza pasándolos por los filtros de la cultura establecida, política y religiosa, dentro de las condiciones en la que se desenvuelve auspicia un modo de pensar los problemas y las soluciones económicas: lleva a cabo una adopción fragmentada de ideas, proporciona un modelo original de contribución a la economía política que unas veces descansa en la crítica de privilegios y prohibiciones, en un sentido liberalizador, y en otras llega más lejos al elaborar un modelo de economía colonial inserta en el mundo mercantil-industrial del incipiente capitalismo y es capaz de articular empresa, mecanización y conservación, y potenciación del trabajo esclavizado.
Este pensamiento “criollo” —eminentemente criollo, aunque, como venimos señalando, compartido también y a veces alentado por funcionarios españoles confrontados con la realidad americana desde sus empleos en la intendencia, la fiscalía de la audiencia o la universidad—, es un pensamiento práctico, conocedor de la teoría económica en grado variable pero menos interesado en una determinada doctrina concebida como cuerpo cerrado que en su utilización como fuente y como autoridad, subordinada siempre a la resolución de situaciones concretas en una coyuntura —o varias sucesivas— en las que el mercantilismo basado en la exclusividad resulta francamente insuficiente. En consecuencia, casi siempre adopta una posición comprensiva hacia los intereses de la monarquía y a la vez se muestra crítico con las inercias, la defensa de los intereses consolidados por grupos de voluntad monopólica y las reformas emprendidas que juzga desacertadas, etcétera. Sus diagnósticos no implican una evaluación del modelo colonial en su conjunto o del agotamiento de políticas que no hayan sido previamente abandonadas o al menos discutidas por las mismas reformas. Sin embargo, las reflexiones, incluso en memoriales y representaciones, suelen aportar antecedentes, una exposición de las condiciones críticas que se desean superar y propuestas que han de ser leídas a la luz de los nuevos tiempos y de la creación de riqueza por procedimientos distintos de los establecidos.
La obra que presentamos se enmarca en el acercamiento a esta realidad intelectual. El lector advertirá la pluralidad de enfoques de las contribuciones, en gran parte debido a la diversidad de aportaciones de los casos estudiados: desde autores con una obra identificativa —Luís da Cunha, Francisco Narváez, Sánchez Valverde, Arango y Parreño, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel José de Lavard, Félix de Azara, Francisco de Herrera, Malaspina…—, a representaciones específicas en el contexto de un proyecto o un conflicto de intereses sectoriales, o la sistematización y popularización de la economía política a comienzos de la vida republicana, que implica un cambio de actitud de los receptores una vez superada la dependencia imperial.
En los últimos tres lustros, la historia del pensamiento económico latinoamericano relativa a los siglos XVIII y primera mitad del XIX ha conocido un impulso notable en comparación con épocas anteriores; no obstante, la privilegiada atención que ha merecido y continúa mereciendo la incidencia de los informes Kemmerer en las décadas de 1920 y 1930 y, sobre todo, la identificación del pensamiento económico de América Latina con el periodo de la postguerra y la creación de la CEPAL. Los estudios sobre el siglo XIX vienen a centrarse en la recepción