Dos años después, en 1993, esta propensión volvió a confirmarse. El número de bancas retrocedió una vez más con nueva derrota electoral, Alfonsín fue elegido de nuevo como presidente partidario y se continuó sin hacer cuestionamientos serios al proyecto menemista. En ningún caso se practicó un enérgico reclamo u oposición a la hegemonía neoliberal. No se buscó rearticular al alicaído frente sindical, llamar a movilizaciones o acciones de protesta; no se intentaron resistir las privatizaciones ni impedir la flexibilización laboral. Por su parte, tampoco se desarrollaron –siquiera– estrategias claras en defensa de “las instituciones”, la lucha “contra la corrupción” o por pedir una “mayor sensibilidad social” más allá de alguna declaración aislada. Más bien, se realizó la apuesta contraria. Con la progresiva consolidación de los esquemas neoliberales, el partido –a través de la figura de Alfonsín– prefirió capitular ante el orden neoliberal y facilitar los votos para reformar la Constitución Nacional que propendía a eternizarlo. Así, desorientada, sin rumbo o programa político capaz de contrarrestar el avance y la solidez que mostraba el proyecto menemista, la UCR tendía a desdibujarse cada vez más como partido de oposición. Erman González, multiministro de Menem, se sinceraba sobre esto: “No hay en el espectro político argentino un proyecto alternativo distinto [al del gobierno] que pueda atraer a la gente” (El Cronista Comercial 15/02/1993, cit. en Yannuzzi, 1995: 170).
Precisamente, este pasaje lento, forzoso, pero real del radicalismo del primer plano de la escena política nacional a una posición relegada lo estaba llevando a un callejón sin salida. Las fuerzas territoriales que habían logrado acceder a cargos locales estaban demasiado ancladas y fortificándose en sus nichos. Las figuras de mayor relevancia nacional del partido no se encontraban en las mejores condiciones para postularse como una alternativa veraz frente al menemismo en ningún aspecto. Por ejemplo, Angeloz, que era el único líder del partido por fuera de Alfonsín que pareció proyectarse como una contrafigura de Menem, logró un tercer periodo en la gobernación de Córdoba con una interpretación muy forzada –casi fraudulenta– de la constitución provincial en 1991, estaba acusado en varias causas por enriquecimiento ilícito y hasta lo habían implicado en el crimen político mafioso que desembocó en el asesinato de Senador Manders. De la Rúa, el otro liderazgo radical en ascenso, abrazado a la prudencia, el perfil bajo y la moderación, era un sector periférico dentro del partido y acordaba –al igual que Angeloz– de sumo agrado con el giro neoliberal y pro mercado que se estaba realizando. Mientras que los sectores más críticos del radicalismo representaban a un grupo minoritario dentro de la UCR. Por su parte, Alfonsín, en tanto conductor partidario, en los hechos solo atinaba a coordinar la confederación de estructuras partidarias de la UCR que actuaban con fuerzas centrípetas y sin ninguna intención de volverse una verdadera fuerza de oposición nacional frente a la eficacia menemista. Es por ello que realizar el “Pacto de Olivos” con el PJ de noviembre de 1993 para reformar la Constitución Nacional, más que un contrasentido, fue una solución para no afectar al débil equilibrio interno de la UCR. De este modo, si en 1983 cuando retornó la democracia la UCR había logrado despertar un auténtico furor político bajo la egida moral democrática, con el cual se prometía que con la política y la democracia se podía realizar hasta lo imposible, diez años después el partido se encontraba sin vitalidad, relegado y casi vencido, y con un discurso despolitizado que ya no pugnaba más por comprometerse para cambiar la realidad, sino con uno que sugería que únicamente era posible rendirse ante ella.
En efecto, como se vio anteriormente, ya para 1993 el apoyo, los triunfos y consensos configurados bajo el orden neoliberal eran cada vez más extensos. Menem, junto al plan de convertibilidad, la estabilidad y el crecimiento económico avanzaban a pasos agigantados en sus niveles de aceptación. A tal punto que contaba con los respaldos suficientes para que el fin del ciclo menemista, hacia 1995, no pareciese lo más auspicioso. Las encuestas hablaban claramente de altos respaldos cosechados en la población, los cuales le permitían soñar con continuar en el gobierno bastante más que un solo periodo.
Menem en más de una oportunidad adelantó sus intenciones de tener un segundo mandato consecutivo y seguir en la presidencia más allá de 1995. La única forma de convalidar esto institucionalmente era modificar la Constitución, posibilitando un segundo mandato inmediato. En el Parlamento, a través de distintos mecanismos de alianzas con varios partidos menores y diversas formulas de interpretación de los textos, contaba con el respaldo para hacerlo (según el menemismo, la Constitución hablaba de reformas con solo “dos tercios de los presentes”–una lectura igual a la que realizó Alfonsín en 1984 con la consulta sobre el Canal de Beagle–). Además, de no darse las condiciones parlamentarias suficientes, el gobierno estaba decidido a realizar una apuesta aún más contundente para validar los apoyos con los que contaba: si no se habilitaba la reforma por la vía del Congreso, se llamaría a una consulta popular sobre esto en la cual Menem posiblemente terminaría por triunfar. Este segundo recurso implicaba para la UCR obtener un retroceso todavía mayor frente al PJ del que ya venía registrando.
Así, la consolidación del proyecto menemista en las urnas, un virtual nuevo traspié electoral para el radicalismo junto a las fuerzas internas en disputa representaban un cóctel demasiado poderoso como para que el partido lo pudiera resistir. Este, seguramente terminaría fragmentado y disuelto, lo que pondría fin a más de 100 años de historia radical. Ante este peligro, los principales líderes prefirieron ceder y negociar con Menem, para obtener de este modo una mayor injerencia en la reforma Constitucional. Por su parte, los cuatro gobernadores con los cuales contaba el radicalismo (Carlos Maestro de Chubut, Horacio Massaccesi de Río Negro, Angeloz por Córdoba y José Zavalía de Santiago del Estero) ya habían expresado y negociado públicamente su apoyo a la reforma y preferían los acuerdos pragmáticos que les permitieran continuar con el bipartidismo en sus distritos más que tener sobresaltos y peleas de poder con el peronismo. Con lo cual, como la reforma parecía inevitable, se escogió otorgar los votos necesarios para que se lograra, obteniendo a cambio los miembros de la UCR modificaciones en la Constitución que encontraban apetecibles (un senador por la minoría, la elección directa del Intendente en la Capital Federal, etc.). Por su parte, el radicalismo había insistido desde la segunda mitad del gobierno de Alfonsín con la necesidad de realizar una reforma constitucional muy parecida en algunos puntos a la propuesta por Menem. Por lo que, de cara a la sociedad, no se encontraba con mayores argumentos como para ahora buscar impedirla (Acuña, 1995).
La realización del Pacto de Olivos si bien logró que en algunos casos la UCR se viera favorecida –tanto para ganar orden interno como para recuperar protagonismo político–, en otros generó consecuencias desastrosas. Ya que con esta acción pasó a firmar en forma pública, abierta y de manera innegable el certificado de aceptación de todos los preceptos menemistas. Abandonó su papel de oposición y de diferenciación político ideológica para abrazar al orden vigente, sin cuestionarlo en absoluto y