En 2008, Doris Cardona, Héctor Agudelo y Ángela Segura98 presentaron un diseño de muestreo complejo en el análisis de la calidad de vida en población adulta de Medellín, en el que incluyeron las variables de vida personal, situación económica y relaciones sociales actuales, estado de salud actual, atención en salud recibida, entorno físico de la vivienda y calidad de vida actual. Los hallazgos pusieron en evidencia que la percepción de calidad de vida de hombres y mujeres, entre 20 y 64 años residentes en Medellín, varía positivamente a medida que se asciende en el estrato socioeconómico. Se encontró además que la población adulta valoró por encima del 75 % la percepción actual sobre los aspectos personales, sociales, estado de salud y condiciones de la vivienda. La situación económica actual alcanzó 39 % y la atención en salud 64 %. Lo mejor calificado por ambos géneros fue la vida personal. Según el análisis multivariado de componentes principales presentado, la calidad de vida de los hombres de 20 y 64 años de Medellín en 2005 se explica en 28,2 %, sobre todo por dos componentes principales: 1) la combinación de aspectos personales, físicos y de seguridad social, y 2) las condiciones laborales y los servicios públicos complementarios. La calidad de vida de las mujeres entre 20 y 64 años de Medellín en 2005, según el análisis factorial, se explica en 22 % por tres componentes principales: 1) aspectos económicos y laborales, 2) condiciones de la vivienda, y 3) riesgos a los se encuentra expuesta la vivienda.99
En el estudio descriptivo comparativo de calidad de vida de las personas mayores en Medellín, de Doris Cardona del 2008, se tuvieron en cuenta las características demográficas, económicas, de seguridad social y salud de tres grupos: jóvenes, adultos y adultos mayores.100 Se encontró que las personas mayores no presentan diferencias respecto a los dos grupos poblacionales, pero sí se halló que la edad incrementa la vulnerabilidad en las situaciones económica y de salud, dadas las limitaciones para acceder a oportunidades y exigencias que hace el medio productivo. En lo económico, se halló que el 34,7% se dedicaba al hogar, el 34,1% era jubilado y el 9,5% continúa trabajando con un ingreso promedio de un salario mínimo. El 71,4% estaba afiliado al régimen contributivo y realizaba consultas preventivas médicas en mayor proporción que los jóvenes. Solo el 7,3% reportó sentirse enfermo el mes anterior y sus padecimientos fueron: hipertensión, estrés y depresión. En lo educativo, este estudio demostró que las personas mayores es el grupo de población con menor escolaridad.101
La investigación de Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor Agudelo102 sobre los aspectos demográficos, económicos y de seguridad social de la población envejeciente de la ciudad de Medellín, planteó que la ciudad tenía grandes desafíos para atender a las personas mayores, principalmente en lo que se refería al acceso a los servicios de salud, dados los niveles de afiliación y las restricciones de cobertura que presentaba el SGSSS. Igualmente, desafíos asociados a la seguridad en el ingreso, vía pensiones, para satisfacer las necesidades básicas de esta población. Aunado a esto, encontraron que la exclusión y el empobrecimiento de las personas mayores, como fruto de las desigualdades sufridas en los primeros años de la vida, se presentan como un escenario que se desencadena en la adultez mayor, arrastrando con ellos las desventajas de otras etapas de su ciclo vital. Ante estos desafíos, se planteaba que Medellín no contaba con las estructuras sociales, asistenciales y familiares acordes con las necesidades de este grupo poblacional, por lo cual la labor del Estado era fundamental al garantizar los derechos de las personas mayores.103
Siguiendo esta línea de reflexión, el estudio realizado por María Isabel Zuluaga,104 enfocado en la protección social integral a personas mayores vulnerables de la ciudad de Medellín, puso en evidencia que la seguridad en el ingreso en la vejez está asociada a la trayectoria laboral y de aportes al sistema, y esto solo es posible en la medida en que existan garantías de trabajo decente y si las políticas macroeconómicas favorecen la participación activa de los sujetos en el mercado laboral, planteando escenarios donde los sujetos puedan elegir la forma en la que participarán del mismo.
En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social en Colombia, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población adulta mayor no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributiva que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja por fuera a un importante segmento de la población –compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes– que, pese a la contribución social que haya realizado durante su vida, no cuenta con una garantía suficiente de tener recursos económicos en la edad avanzada.105
Según la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, la seguridad en el ingreso está encaminada a reducir la pobreza extrema de los adultos mayores, optimizar el bienestar social e individual generando acciones que ayuden a mejorar y mantener los medios adecuados de vida reflejados en el acceso al sistema de pensiones, transporte seguro, condiciones de educación, vivienda y entornos saludables y seguros. Se proponen acciones tales como: seguridad en el ingreso, cobertura de afiliación, empleabilidad, cadenas productivas, capacidad de las familias y reducción del índice de dependencia económica.106
Respeto a esto, Deisy Arrubla107 plantea que, en el año 2002, el 50 % de la población mayor de 60 años se encontraba en situación individual de pobreza, cifra superior en las mujeres (51 %). En el año 2005, solo el 15 % de la población mayor de 60 años recibía una pensión. Según S. P. Wallace citado en Deisy Arrubla, la baja cobertura del SGSSS en pensiones conlleva que las personas mayores reingresen al mercado laboral en condiciones precarias, pero es necesario reconocer que la complejidad y la historia de Latinoamérica hacen necesario separar los derechos del ciudadano y sociales de los derechos del trabajador, formal o informal. Los ciudadanos mayores ya han contribuido a la formación del país y, en esa medida, se les debería reconocer el derecho a la subvención por un trabajo ya realizado, contabilizado o no.108
La Alcaldía de Medellín, a través de la Unidad de Atención a las Personas Mayores (AMAUTTA), para garantizar la seguridad en el ingreso de las personas mayores que no accedieron a la jubilación desarrolla dos programas. El programa protección social para personas mayores (PPSAM) con recursos de la nación consiste en la entrega bimensual de $150.000 ($81 dólares bimensuales). Medellín entrega un subsidio económico con recursos propios a través del proyecto denominado Apoyo Económico, designa para ello la entrega bimensual de $151.000 ($81 dólares bimensuales), es decir, el 23,7 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia en 2012. Pertenecer a uno de los proyectos es excluyente para recibir beneficio del otro; una persona mayor solo puede acceder a un subsidio.109
Para María Isabel Zuluaga,110 las alternativas ofrecidas a través de los proyectos que integran la dimensión de seguridad en el ingreso logran impacto en la medida en que la sociabilidad primaria se dé, es decir, la respuesta que tengan la familia y las redes de apoyo social. Esta respuesta reduce el riesgo de deterioro, pero además habría una menor probabilidad de que la persona mayor deba ser institucionalizada en modelos de larga estancia. Pero, en ocasiones, no es suficiente con la respuesta que otorgan las familias y las redes de apoyo, lo que deviene un gran reto para el Estado, en la medida en que debe asumir las condiciones de protección social integral de un acumulado de riesgos y de vulnerabilidades que no alcanza a cubrir. Esto corrobora lo que Decsi Arévalo111 plantea, y es que a la exclusión social, producto