2) Integración del gabinete ministerial. Los militares dejaban a Bordaberry en libertad de definirlo, aunque expresando “su aspiración a que los Ministros de Defensa e Interior fueran designados con su visto bueno”. Desde el viernes se había aceptado la renuncia de Francese y la noche del lunes la de Ravenna en Interior, para que ocupara la cartera de Defensa que dejaba el primero; simultáneamente se resolvió el ascenso del subsecretario Bolentini a la titularidad de Interior. Bordaberry decidió que los demás ministros permanecieran, lo que apoyaba la sensación de superación de la crisis. Hasta entonces los ministerios, privados de sus titulares y subsecretarios y bajo la sola autoridad de los directores generales, habían estado paralizados. No así la banca oficial, que al igual que la privada había reanudado sus actividades el lunes 12.
3) Nombramiento de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Bordaberry compartía “íntegramente” la demanda militar de que fueran provistos en atención al comportamiento moral y la especialización, y no por cuotas políticas, con lo que activaría el procedimiento de designación a la brevedad. ¿Y que pasaría con los acuerdistas? “Pues nada […] tendrán que tragarse la oblea”, comentó una fuente autorizada.
4) Normas para el ascenso a general. A diferencia de lo que ocurría hasta entonces, podría haber más de dos ascensos de general al año y ninguno por concurso, sino solo por selección. Es decir, por coptación de los mandos superiores que así se aseguraban el control del generalato (cabe recordar que Líber Seregni entre otros, había ascendido a general por concurso). Lo que junto con la creación del Cosena, la supervisión de los nombramientos en Defensa e Interior, la posterior supresión del Parlamento, el decisionismo de la Junta de Oficiales Generales y la creación del Consejo de la Nación en 1976, adjudicaría a la jerarquía castrense un poder cada vez más omnímodo, sin que el desborde institucional les evitara a las ff. aa. seguir sufriendo discrepancias internas.
5) Destitución de algunos funcionarios del servicio exterior. Alcanzaría en principio a los embajadores Augusto Legnani (Naciones Unidas), Glauco Segovia (Francia), al general retirado César Borba (Perú) y al Ministro Consejero Alejandro Gari (España). Sin embargo Bordaberry defendió la permanencia de Legnani (entre ceja y ceja de los militares por su pasada actuación en Defensa)136 y dio un poco de largas a Gari —hijo de su amigo y consejero— que trabajaba en la misma sede diplomática que Pacheco. A Juan José Gari más que a su vástago, tanto como a Segovia y a Borba, las ff. aa. los querían lejos del poder. A Segovia (reeleccionista y antes quincista) por fama de corrupción y al segundo, habiendo sido comandante en jefe del Ejército en el periodo de Pacheco, a causa de “una venganza menor” diría Sanguinetti.137 No se perjudicó a Pacheco implicado en el asunto ute-sercobe cuya cabeza reclamaba la prensa de izquierda, aunque la buena vida que según estos medios llevaba en España, se vería afectada por un recorte de 50% en el presupuesto de su representación. Tampoco se tocaría al representante en el bid, Ulysses Pereira Reverbel —ícono de la lucha antisubversiva, tras ser rescatado en 1972 por el Ejército de manos de los tupamaros— no obstante su involucramiento mayor en el mismo escándalo. Hasta ahí llegaba la muy anunciada depuración del cuerpo diplomático, si bien posteriormente se dictarían algunas normas de reorganización del servicio y se decretaría el cese sin explicaciones de otros diplomáticos con base en el artículo 168 inciso 12 de la Constitución.138
Aparte se convino que Bordaberry tomaría medidas para combatir los ilícitos socioeconómicos, controlar el tráfico de divisas y el comercio exterior, reducir los gastos del Parlamento y regularizar a los muchos funcionarios publicos “en comisión”. Se suponía que habría negociado también la intangibilidad de la Constitución y las instituciones democráticas, el compromiso del llamar a elecciones en 1976 (que luego él mismo propondría no cumplir) y que no hubiera represalias contra la Marina. La versión del acuerdo obtenida por Ahora incluía la “Aplicación rigurosa de los 19 puntos programáticos contenidos en el comunicado No. 4/73 [y] que el Consejo Nacional de Seguridad tendrá definitoria gravitación en las resoluciones importantes del Gobierno” (lo segundo sería más practicado que lo primero) así como el derecho de las ff. aa. a responder cualquier planteo político agraviante. Hubo otra reunión de casi dos horas —la más larga hasta entonces— en Boiso Lanza el mediodía del 14, a la que asistieron Bordaberry y los tres comandantes en jefe, acompañados de otras autoridades militares. Chiappe Posse hasta entonces “en operaciones” y Olazábal interino, fueron confirmados en sus cargos esa misma noche.139
IX. Sin garantías
Se distendía el sistema político, pero —balde de agua fría— el gobierno estimaba buena la coyuntura para solicitar a la Asamblea General un nuevo periodo de suspensión de las garantías individuales, con el argumento de que si bien la subversión armada estaba superada (al poco tiempo diría lo contrario) se necesitaba combatir “a fondo los ilícitos económicos que los militares consideran uno de los factores de la acción tupamara”. Al respecto había ansiedad en los medios de negocios por la pendiente reunión de los mandos militares con el ministro Cohen, a fin de ponderar medidas de reestructuración y regulación de la banca. El anterior ministro de la cartera Francisco Forteza, al final de su gestión en 1972, había remitido al Parlamento un proyecto que en palabras de Cohen preveía “un severo control del Estado”. Cohen mantuvo seis reuniones con mandos castrenses planificando medidas que serían de trascendental importancia económica. Los oficiales alegaban tener información completa sobre el funcionamiento de la banca privada y fallas de las normas de fiscalización, que permitían la especulación con tipos de cambio y maniobras dolosas en comercio exterior. La prórroga de cuarenta y cinco días de la suspensión de las garantías individuales serviría “de acuerdo a lo manifestado por voceros castrenses, para posibilitar la acción contra los ilícitos socio económicos. En este plazo, según las mismas fuentes, se regularizaría la situación de los detenidos al amparo de esas medidas de excepción”.140
Si bien seguirían las indagatorias de la justicia penal ordinaria contra algunas entidades financieras por los movimientos sospechosos de diciembre-enero, la regulación bancaria iría a tranco lento, sin perjuicio de que algunos bancos privados en quiebra ya estuvieran bajo control del Estado. En junio se sabría de un proyecto de cinco puntos preparado por Cohen, que si preveía medidas de regulación, estatización y soporte de bancos privados nacionales en problemas, excluía toda afectación de la banca extranjera operando en el país. Inmiscuirse en el sector financiero era un asunto espinoso que los militares habían excluido de su “plan político” y en el que se manejarían con pies de plomo por temor a una fuga de capitales. Lo que en cambio no sería olvidado de las causales invocadas para renovación de la suspensión de garantías sería lo relacionado con los detenidos por medidas de excepción.141
Como si no tuviera más que comentar, el 14 de febrero Bordaberry se dirigió a la Comisión Permanente del Poder Legislativo requiriendo la prórroga de suspensión por 45 días hasta el 30 de marzo. Aunque “Los acontecimientos ocurridos recientemente en la república, de público y notorio conocimiento” le habían impedido realizar adecuadamente el estudio de los fundamentos de hecho para la solicitud, pedía de todos modos la extensión temporal. Ravenna dio como motivo que no se había podido redondear el proyecto de ley especial (de Consolidación de la Paz) que en aspiración del gobierno permitiría poner fin al estado de excepción.142
La Comisión Permanente otorgó y Bordaberry habló a la ciudadanía: “Compatriotas: La Patria ha triunfado en otra dura prueba”. Contra lo que parecía él no había estado solo (el 8 de febrero había afirmado lo contrario) sino callado, “para que por encima de las palabras brillara sola la dignidad republicana de la ley” y se produjera “una ocasión de encuentro nacional”.