Sapelli encontró “magnífico” el mensaje; aunque reconocía que quedaba una sensación de inestabilidad, confiaba en que se restablecería la normalidad constitucional. Acción, reflejando el talante del grupo de Jorge Batlle, juzgó que el presidente daba una “visión totalmente irreal de los sucesos”. Para Ferreira se trataba de “un discurso incomprensible”: Bordaberry se proponía seguir igual, no había aprendido “nada”.144
X. Los comunicados 4 y 7
Durante la discusión parlamentaria en función de la prórroga, el ministro Bolentini sorprendió a los legisladores al sostener que la subversión tenía otras causas que la mera sedición, por lo que correspondía arrebatarle banderas con disposiciones de justicia social. El coronel —que contra lo que fuera su costumbre como subsecretario había asumido la titularidad de la cartera vestido de uniforme— respondía a los nuevos aires que soplaban desde que se conociera el programa plasmado en los comunicados número 4 y 7 de febrero.145
El No. 4, publicado el día 9, constaba de siete artículos. En un primer bloque, del 1o. al 4o. artículo, se abordaba el nombramiento de Francese. No se cuestionaba su persona, sino que pretendiera desarticular la misión que se habían impuesto las ff. aa., “de reestablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional […] dentro del sistema republicano democrático”. Por tanto se hacía necesario “establecer inequívocamente” los objetivos y metas propios de “una nueva mentalidad que fuera avalada por el señor presidente en múltiples ocasiones” y que significaba que las Fuerzas Armadas a partir “de su especial participación en el quehacer nacional […] en el último año […] han valorado la gravedad de la situación la [sic] que exige una reacción firme, con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo”,146 sin lo cual, “irremediablemente se llegará al caos total”.
El artículo 5o. fijaba los objetivos en 19 puntos, de la “a” a la “p” (no había “ñ”) consistentes en: a) incentivar las exportaciones; b) reorganizar el servicio exterior; c) “eliminar la deuda externa opresiva”, limitando “gastos de carácter superfluo” y concertando créditos solo para inversiones que aseguraran reembolso; d) erradicar el desempleo; e) atacar los ilícitos económicos y la corrupción que afectaban la seguridad interna, dando participación decisiva a los comandos militares; f) reorganizar la administración pública y el sistema impositivo; g) redistribuir la tierra con fines productivos mediante mecanismos impositivos y técnicos “y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje”; h) crear fuentes de trabajo y desarrollar la industria; i) extirpar todas las formas de subversión; j) “designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los hombres más capaces”; k) dar participación a las ff. aa. “en todo organismo o actividad […] concernientes a la seguridad y soberanía nacional” (lo que dada la definición muy laxa de seguridad nacional les autorizaba un rango de intervención ilimitada); l) fomentar la productividad, el ahorro y junto “al aumento del ingreso nacional […] un aumento en la participación [del ingreso] de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos”; m) combatir los monopolios posibilitando “la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción” y estimulando “la participación de los [obreros] en la dirección de las empresas, tanto en el sector público como en el privado”; n) política crediticia que diera “preferencia a los medianos y pequeños empresarios y a las cooperativas de producción”; o) perfeccionamiento y justicia del sistema tributario; p) control de la inflación.
El artículo 6o. proponía implementar lo anterior con base en “una política de acción conjunta de las Fuerzas Armadas […] manteniendo permanentemente total cohesión de las ff. aa.”, vigilando la conducción nacional,
gravitando en las decisiones que afectan el desarrollo y la seguridad, mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación […] de la posición que las Fuerzas Armadas adopten en cada caso […] Manteniendo a las ff. aa. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad, [consolidando] los ideales democrático-republicanos […] como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida.
El artículo 7o. concluía que en correspondencia, quien ocupara la cartera de Defensa debería ajustarse a esta directivas en el entendido de “que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que […] deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley […] a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país”. Era un leitmotiv de injerencia presente desde el artículo 2o. en adelante.
A suerte de complemento, el Comunicado No. 7 del 10 de febrero aclaraba que el No. 4 del día anterior había respondido a “meditados estudios y análisis pormenorizados” que sin embargo requerían “precisiones”: 1) los diecinueve objetivos allí expuestos suponían problemas más amplios y diversificados y una necesaria priorización de acuerdo a urgencias; 2) por tanto el Comunicado No. 4 era “insuficiente, por lo parcial, e inadecuado, por lo limitado de los objetivos allí establecidos” (practicamente una derogación, como la historia confirmaría, pero los que aplaudían no se dieron cuenta); 3) algunos objetivos eran tan básicos y permanentes que no se había creído provisoriamente necesario introducirlos; 4) tal era el caso por ejemplo, de la soberanía y la seguridad del Estado, y 5) tampoco se ignoraban “problemas esenciales de la actual coyuntura nacional” como el desarrollo energético, el desarrollo de las vías de comunicación y de transporte, la adecuación de la enseñanza al desarrollo, la política de precios y salarios, la asistencia médica de calidad para todos, la descentralización al interior del país de empresas y servicios, y también “que las ff. aa. ni se adhieren ni ajustan […] a ninguna filosofía política partidaria”, sino que se basaban en principios de los forjadores de la nacionalidad, para “crear y consolidar […] la ‘mística de la orientalidad’ ”, consistente en patriotismo, austeridad, desinterés, generosidad, honradez, abnegación y carácter.147
El excomandante en jefe César Martínez se abstuvo de comentar ambos mensajes, diciendo solamente que sus autores eran bien conocidos. La redacción se ha atribuido entre otros al jefe de la inteligencia militar Ramón Trabal y al oficial de aeronáutica Jorge Martínez Levaggi, ambos vinculados a Gregorio Álvarez, quien valiéndose de su puesto en el Estado Mayor Conjunto tendía hilos en las distintas fuerzas. Sin embargo, la ambición de este último era subir peldaños en pos de la silla presidencial antes que profesar ningún plan, por lo que más de un progresista dentro o fuera de las ff. aa. se sentiría defraudado al verlo arreglarse con Bordaberry. Su entonces asociado y al mismo tiempo rival, Esteban Cristi, también habría supervisado los comunicados, específicamente el número 7 y quizás lo mismo hizo el general Eduardo Zubía, otro de los líderes castrenses. Juan Pablo