Si las políticas dependen de la definición que hagan los decisores de los problemas públicos, y en este proceso las ideas de lo adecuado de los actores con veto tienden a prevalecer, la difusión y popularidad de las ideas no sustentadas en criterios científicos por parte de la autoridad representan, desde el punto de vista racional, una amenaza para el proceso de formulación de políticas y, específicamente, para los ciudadanos expuestos a esos procesos.
La pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales, el auge de las redes sociales como instrumentos de formación de la opinión pública y el “razonamiento motivado”[24] que caracteriza la toma de postura de los seres humanos frente a discusiones políticas o dilemas morales (Sanz Blasco y Carro de Francisco, 2019), son factores de riesgo que amplían el margen de aceptación de postulados o declaraciones no sustentadas en evidencia, pero poderosas para convencer a las audiencias.
Pese al debate vigente en la actualidad, las respuestas varían de acuerdo con los contextos nacionales y las coyunturas en cada país. El pluralismo puede convivir con la manipulación de las actitudes y perspectivas políticas del electorado por parte de las élites. Tal como lo propuso Edelman (1977), el pluralismo puede garantizar la competencia entre las élites, al mismo tiempo que provee a las masas la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones generando la sensación de una democracia popular floreciente. Sin embargo, en la práctica, puntualiza Edelman, el pluralismo ocurre como una forma de manipulación en la que se discute sobre los temas de interés de las élites, imponiendo severas restricciones a la protesta civil y a la oposición ciudadana en general.
En la actualidad las redes sociales se erigen en instrumentos con una gran capacidad para hacer posible dicha manipulación. Las llamadas fake news,[25] expresadas en un lenguaje creíble por líderes carismáticos o personajes reputados con capacidad de interpelar directamente a ciertos grupos, pueden ser muy efectivas (Urmeneta, 2016). Estudios recientes sugieren que la mayoría de los ciudadanos carece de los instrumentos para diferenciar noticias falsas de contenidos previamente verificados. Si bien el abordaje debe ser siempre a favor de una mayor libertad de prensa y expresión, este tipo de fenómenos tienen efectos nocivos nada desdeñables sobre las actitudes y comportamientos políticos y sociales de los ciudadanos (Tambini, 2017), que, lejos de prevenir, pudieran ahondar la gravedad de ciertos problemas públicos.
Los movimientos antivacunas, los mensajes de quienes esgrimen la inexistencia del cambio climático, así como la actividad publicitaria de los grupos “provida” que combaten la despenalización del aborto como una intervención de salud pública, son ejemplos recientes de cómo desde posiciones de poder o influencia social se han desarrollado mensajes persuasivos basados en evidencia “falsa” que motivan comportamientos —de políticos y ciudadanos— contrarios al interés público. Cuando estas creencias causales (ideas) son aceptables para un grupo significativo de ciudadanos pueden transformarse en consignas políticas, y, llegado el momento, en propuestas programáticas que afectan negativamente el bienestar de una sociedad. Aquí es donde una vez más la importancia de la evidencia científica resulta decisiva para evaluar problemas y opciones de políticas para su solución.
Por todo ello, en el actual contexto de activación ciudadana, redes sociales y viralización de mensajes de dudosa veracidad, recuperar los presupuestos e instrumentos propios de la democracia deliberativa, como marco teórico y programa de acción, representa la respuesta más poderosa y adecuada para enfrentar el desafío de tomar decisiones racionales desde una orientación pública en el marco de regímenes democráticos pluralistas y representativos.
La democracia deliberativa como sistema preventivo de decisiones basadas en evidencias falsas
Si el problema son las decisiones basadas en fake news —lo que se ha dado en llamar la posverdad—, una posible respuesta es la vieja y conocida fórmula de políticas basadas en evidencia. Ello supone, tal como lo propuso Lasswell a mediados del siglo xx (y mucho más atrás en el tiempo Platón, cuando postuló la necesidad de un “rey filósofo”), el gobierno de los técnicos. Quienes más saben de los problemas a resolver deben ser los encargados de gobernar, tomando como criterio fundamental (por universal) el conocimiento científico.
Sin embargo, los regímenes democráticos suponen la participación de los ciudadanos, tanto en la selección de sus representantes como, en algunos casos, en los procesos de toma de decisión. Si el debate de ideas como condición indispensable de las poliarquías (Dahl, 1989) pudiera ser “ganado” por quienes enarbolan posverdades, ¿representa la democracia una amenaza para las políticas basadas en evidencia? ¿Es la tecnocracia el antídoto frente a este peligro?
El debate tradicional entre tecnócratas y demócratas estaba basado en la siguiente disyuntiva: ¿deben las políticas públicas ser el resultado de procesos de negociación política, en los que se imponga la postura de los actores mayoritarios y/o más poderosos, o deben ser más bien la consecuencia de un análisis razonado de la evidencia científica disponible? Dicho de otra forma, ¿le damos prioridad a la voz del demos —o en su defecto, de los actores con mayor capacidad de incidencia no siempre representativos del votante mediano—, o por el contrario dejamos el proceso de definición de problemas públicos y diseño de soluciones políticas en manos de los expertos? ¿Privilegiamos un esquema democrático en el que damos voz a los ciudadanos, o nos apoyamos en el juicio de los tecnócratas?
Este dilema político buscó resolverse históricamente a través de las instituciones representativas. La representación supone que el pueblo —depositario de la soberanía— delega en personajes con mejores credenciales —más información y mayor capacidad de procesarla— la representación de sus intereses (Mansbridge, 2009; Manin, 1998; Pitkin, 1985). Sin embargo, los agentes en el ámbito gubernamental también asumen conductas maximizadoras y pueden defraudar a quienes brindaron su voto de confianza. En este formato, los ciudadanos deben invertir recursos y tiempo en vigilar de cerca a sus mandantes, amenazando con sancionar las conductas oportunistas y premiando las políticas efectivas. El elevado costo y la baja rentabilidad que supone esta concepción del gobierno representativo[26] generan incentivos para construir instituciones deliberativas que garanticen mayores dosis de racionalidad y debate público de las políticas. Y sin embargo, esto no es la regla en nuestros regímenes democráticos.
El fundamento de las decisiones basadas en procesos deliberativos es que todos los actores tengan la capacidad de exponer las razones que sustentan sus propuestas de política. De tal manera, en una democracia deliberativa, la decisión es resultado del consenso en torno a la propuesta mejor fundamentada dados ciertos criterios acordados previamente por los actores participantes (Mansbridge, 2010; Fishkin, 2003). Si bien las negociaciones políticas suponen un diálogo entre los actores, en el proceso de deliberación se busca alcanzar un acuerdo orientado, exclusivamente, por la fortaleza de los mejores argumentos, mientras que una negociación tradicional funciona como un intercambio en el que los actores ceden y obtienen algo en función de intereses fijados previamente, y en función del poder con el que cuentan. En la deliberación, los criterios son fijos, pero los intereses y objetivos pueden variar cuando los argumentos basados en la razón y en la buena fe contribuyen a alcanzar de mejor manera los objetivos compartidos. Aquí, las ideas de lo adecuado no solo son argumentos para legitimar intereses, sino que pueden modificarse a la luz de los argumentos basados en evidencia (Fisher y Ury, 1981).
Desde una aproximación de política pública que busca reconciliar el criterio tecnocrático con el pluralismo democrático, hay dos razones que justifican la creación de estos espacios deliberativos. La primera es que el diálogo con otros actores puede corregir los (inevitables) sesgos cognitivos propios de un proceso cerrado de identificación y enmarque (framing) de problemas públicos. Ello da lugar a nuevas interpretaciones y alternativas de solución que no estaban previamente sobre la mesa, y que pudieran producir mayor valor, y generar beneficios superiores a los esperados al inicio de la negociación (Ury y Fisher, 1991; Parkinson y Mansbridge, 2012). La segunda razón es que involucra a los actores políticos en procesos de debate plural, generando espacios donde todos