Fuente: Revista APSI, N° 81, 1980, p. 5.
Con una posición crítica sobre el proceso plebiscitario, el grupo generó una inmediata respuesta sobre lo que había sido la consolidación final del instrumento constitucional creado por la dictadura; asimismo, cuestionó de fondo la legitimidad del proyecto comenzado años antes. Como señalaría más adelante, solo concretaba un burdo engaño de participación plebiscitaria: “El general Pinochet acaba de dar un paso de dramáticas consecuencias para el país. Ha convocado a un plebiscito que tiene por objeto perpetuar la autocracia que encabeza hasta completar casi un cuarto de siglo de gobierno dictatorial”26.
Si ponemos atención en las declaraciones emanadas al interior del grupo, es claro que su crítica principal radicó en la vía para consolidar un camino democrático que garantizara la legítima participación del pueblo chileno; lo anterior, a raíz de que la Comisión Ortúzar, designada por la dictadura, fue pensada siempre a espaldas de los chilenos y entre conocidos partidarios del régimen, quienes sesionaron en la más absoluta reserva, por lo tanto, era urgente y pertinente contar con una alternativa a dicha comisión, la cual debería tener un valor jurídico real27. Por ello, el grupo insistió en que ellos no han trabajado “encerrados en cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas”28, y que incluso han recogido el sentir de hombres y mujeres de todos los sectores de la vida nacional, los cuales han expresado las causas y características de la crisis que vive el país.
Además, señaló explícitamente que en la gestación del proceso impulsado para aprobar la Constitución de la dictadura el lapso entre su publicación en el Diario Oficial y la realización del plebiscito era extremadamente corto (un mes); al mismo tiempo, no había registros electorales ni un tribunal electoral, por tal motivo no se podía hablar de un plebiscito libre e informado. Todo este “show mediático” sobre la Constitución y el camino constitucional de Chile propuesto por los militares venía a consagrar un régimen de facto iniciado el día 11 de septiembre de 197329.
Como se indicaría días después del plebiscito de septiembre de 1980, existe plena conciencia de que “…a pesar del fraude, el monopolio de la televisión, la campaña del terror y el miedo imperante, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido a ponerse en pie para recuperar la dignidad de Chile”30. Aun con todo esto, el terreno para el Grupo de Estudios Constitucionales pasaba a configurarse de manera diferente frente a la aceptación de la Constitución de la dictadura, puesto que dicho acto electoral, cuestionable a todo nivel, era solo el reflejo de la consagración de un régimen que actuaba al margen de toda transparencia y buscaba implantar la autocracia en Chile. Así lo expresaba su presidente Manuel Sanhueza en un acto realizado en Valparaíso en mayo de 1980, ocasión en la cual expresó: “El quehacer constitucional del gobierno se ha empeñado desde un comienzo en realizarse a espaldas del pueblo y, por consiguiente, en oposición a la idea democrática, por lo que su resultado necesariamente tenía que postular la implantación de la autocracia”31.
Para el grupo no fue fácil plantear un nuevo escenario institucional como salida a la dictadura y el retorno de la democracia ni congregar tras de sí un respaldo que lograra avanzar hacia un acuerdo o consenso social necesario. Lo cierto es que su labor pudo ser tomada como una opción para los sectores opositores a la dictadura y también para aquellos grupos o personeros de derecha que se situaban en una posición distante al régimen, los cuales encontraron en el grupo un espacio necesario para dar la lucha desde el plano académico, político y público.
¿Cuál camino hacia la democracia?
Uno de los aspectos más destacables respecto de la labor cumplida por el Grupo de los 24 fue la capacidad de proponer y definir un concepto de democracia más allá de una definición técnica, por cuanto establecieron mecanismos para llevarlo a la práctica y así formular un tipo de salida política no violenta a la dictadura. Dichos planteamientos, expuestos en términos jurídicos y políticos, respondieron principalmente a la labor que habían realizado sus miembros durante largo tiempo desde el mundo público y académico32.
Uno de sus principales líderes fue el profesor de la Universidad de Concepción Manuel Sanhueza Cruz. Él consideraba indispensable instaurar un sistema democrático basado en la voluntad constituyente popular33 que respondiera de manera efectiva a los requerimientos. En la misma idea, y criticando el proyecto oficial de la dictadura, Sanhueza respondió de forma enérgica y se desmarcó de la abstracción hecha por el régimen: “Consideramos que el proyecto oficial disiente, en su esencia misma, de la idea democrática. De ahí que se nos presenta, en lo sustantivo, intrínsecamente como contrario a nuestras concepciones…”34.
En este punto cabe señalar que si bien el grupo siempre actuó o se mostró públicamente de manera unida o mancomunada, en su interior era posible distinguir dos posturas bien definidas: por una parte, aquella liderada por el abogado radical Manuel Sanhueza, quien tenía un discurso más crítico y confrontacional contra el régimen, y el otro sector liderado por Patricio Aylwin y Edgardo Boeninger, para quienes las directrices del Grupo las daba la Democracia Cristiana. Este último señala que el partido promovió y encabezó expresiones testimoniales que provocaron impacto público, como fue la creación del Grupo de los 24 y la campaña por el No en el plebiscito de 1980. De esta forma, “la experiencia del Grupo de los 24, primer ejercicio pluralista pos-1973, encaminó a la DC hacia la construcción de acuerdos y la búsqueda de alianzas con otras fuerzas políticas”35. Por su parte, Aylwin recuerda que la idea de formar un grupo surgió a consecuencia de la consulta del año 1978. La idea era reunir a personas, especialmente a juristas, para estudiar una nueva institucionalidad: “…a mí me parecía fundamental que los que queríamos democracia nos pusiéramos de acuerdo en qué tipo de instituciones debería tener, y cómo se avanzaría para ofrecerle al país una alternativa”. En ese contexto, se habló con el expresidente Eduardo Frei, quien sugirió el nombre de Víctor Santa Cruz (exembajador de Frei en Inglaterra). Este último propuso los nombres de Héctor Correa y Julio Subercaseaux. “Simultáneamente, tomamos contacto con sectores académicos independientes y con gente de izquierda”36. De esta forma se fueron configurando con el transcurrir de los años dos visiones al interior del Grupo. Por un lado, aquella liderada por Sanhueza, con una postura más crítica a la dictadura, y, por otro, aquella con la cual los sectores vinculados a la Democracia Cristiana (Aylwin y Boeninger, preferentemente) tomaron distancia para avanzar en la formación de una alianza política que se convirtiera en un espacio desde donde hacer oposición al régimen y derrotarlo por medio de los cauces institucionales, es decir, bajo los parámetros que había estipulado la junta militar por medio de la Constitución de 1980. Ese espacio fue la Alianza Democrática. De ahí entonces se entenderá que durante la década de los ochenta el Grupo de los 24 quedara circunscrito a la figura pública de Manuel Sanhueza, mientras que Aylwin y Boeninger centraran su actividad en la Alianza Democrática.
Volviendo a lo señalado en pasajes anteriores, el Grupo de los 24 criticó en un plano formal la Constitución de 1980 y evidenció varios tópicos en que dicha Carta Fundamental no propugnaba un régimen democrático; más aún, consagraba la forma política impuesta por la junta militar. Por tal motivo, el grupo se dedicó a estudiar el texto constitucional presentado por el régimen, y lo analizó de forma tal que la información sistematizada pudiera resumir de manera fácil y sintética los principales puntos por donde el texto no respondía al camino democrático.
Al respecto, en un informe de la revista APSI de marzo de 1981, se señala lo siguiente37: “…la nueva Constitución rechaza el sistema representativo de