29 Puryear, op. cit., p. 75.
30 Entrevista a Juan Eduardo García-Huidobro, 2016.
31 Brunner, op. cit., p. 105.
32 Entrevista a Cristián Cox, 2016.
33 Entrevista a Fernando Ossandón, 2015.
34 Entrevista a Vicente Espinoza, 2015.
35 Puryear, op. cit., p. 72.
36 Entrevista a Mario Garcés, 2015.
37 Puryear, op. cit., p. 117.
38 Entrevista a Paulina Saball, 2015.
39 Garcés, M. (2010). ECO, las ONG y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante. Revista Izquierdas, 3(7), 6.
40 Moyano, C. (2013). Trayectorias biográficas de militantes de izquierda. Una mirada a las élites partidarias en Chile, 1973-1990. Revista Historia, (46).
41 Entrevista a Cristián Cox, 2016.
42 Entrevista a Lidia Baltra, 2016.
43 Entrevista a Paulina Saball, 2015.
44 Jocelyn-Holt, A. (2000). Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en Chile: una historia germinal. Congreso Nacional de ONG, Picarquín.
45 Ibid.
46 Un ejemplo de estas críticas está en los talleres de Análisis de Coyuntura realizados por ECO entre 1988 y 1989.
47 Puryear, op. cit., p. 128.
UNA EXPERIENCIA GERMINAL: EL GRUPO DE LOS 24: OPOSICIÓN POLÍTICA, CONOCIMIENTO Y LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN DICTADURA (1978-1980)
Danny Monsálvez Araneda1 León Pagola Contreras2
Introducción
Durante la dictadura cívico-militar que vivió Chile, la democracia aparecía para los militares como un concepto ajeno y restrictivo. La creación de un proyecto nacional que transformara a Chile en una gran nación se convirtió en el gran objetivo para la junta militar. Para dicho cometido se necesitaba legitimar la propia dictadura bajo una estructura católica conservadora en lo valórico e ideológicamente homogénea. La Declaración de Principios del Gobierno de Chile en 1974 estableció las pautas de convivencia del régimen dictatorial. De igual forma recalcó y puso énfasis en señalar el débil carácter democrático que permitió la existencia del proyecto chileno al socialismo, la Unidad Popular, proceso encabezado por Salvador Allende Gossens. Dentro de tal declaración estableció un antes y un después, acusando a la sociedad de haber permitido una democracia ingenua con un pluralismo mal entendido. Asimismo, y sin temor alguno, no vaciló en declararse antimarxista. Con todo lo anterior, el camino recorrido por el país se derrumbó bajo la profunda censura, represión y tortura, y se generaron marcos de acción con distintos fines y escalas para la efectiva participación política, comprendiendo la deteriorada escena política bajo el régimen de facto.
En ese contexto, a fines de la década de los setenta, la dictadura impulsó un proceso que buscó consolidar y perpetuar la acción emprendida el 11 de septiembre de 1973, es decir, establecer su propia institucionalidad, una suerte de refundación jurídica, política y también histórica. Para tales efectos, se procedió a la creación de un anteproyecto constitucional, tarea que fue asignada a la Comisión Ortúzar mediante la publicación en el Diario Oficial del 12 de noviembre de 1973 del Decreto Supremo N° 1.064, del 25 de octubre del mismo año. Esta comisión estuvo encargada de elaborar un nuevo anteproyecto de Constitución Política del Estado, la cual diera respaldo legal y jurídico al régimen durante los siguientes años integrando ciertos conceptos que sostuvieran un cuerpo de ideas sólido y decididamente antimarxista3. Esto vendría a consolidar un régimen de forma ilegítima en su proceso constitutivo, por el origen espurio de su concepción, en reemplazo de la débil democracia que había existido según el régimen. Como una subjetivación represiva silenciosa respecto de aquellos preceptos heredados de enclaves autoritarios diseñados, generados y seguidos por la propia dictadura.
El objetivo central de la junta militar era instituir un nuevo sistema político basado en un tipo de democracia nueva y particular, una “democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, como se denominó al proyecto planteado, también, en el conocido discurso de Chacarillas (1977)4, que fuera capaz de asegurar la permanencia de Augusto Pinochet como máxima autoridad del país y de las Fuerzas Armadas como garantes de aquella institucionalidad. Lo anterior tenía como trasfondo el argumento de defender al régimen de los denominados enemigos internos, así como proscribir y excluir a aquellos sectores opositores y críticos de la dictadura.
Sin embargo, y a pesar de la dureza del poder con la cual la junta militar imponía las reglas del juego, un conjunto de personas, entre ellos juristas, académicos y hombres de la vida pública, dieron vida en 1978 al Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como el Grupo de los 24, el cual elaboró una propuesta constitucional alternativa a la del régimen, con un fuerte contenido democrático y participativo.
La constitución del Grupo de los 24 fue un proceso de construcción de conocimiento a partir del trabajo intelectual de sus miembros, pero también un espacio de sociabilidad política destinado a estudiar, analizar y pensar la mejor forma y vía para salir de la dictadura al más breve plazo posible. En esa tarea de producción de conocimiento confluyeron hombres de un mismo pensamiento político, ideológico o valórico y, al mismo tiempo, se congregaron sujetos que otrora, antes del golpe de Estado de 1973, habían estado en posturas contrarias. Sin embargo, en este nuevo escenario autoritario los reunía el valor de la democracia, la libertad de reunión, expresión y el pluralismo político, aspectos que tras la intervención militar habían sido violentamente interrumpidos y conculcados. De ahí entonces la tarea de sus integrantes de unirse con el objetivo de crear un proyecto de Constitución alternativo frente a lo encargado a la referida Comisión Ortúzar.
La producción de conocimiento del grupo consistió en disputar política y públicamente el sentido de la noción de democracia que buscaba imponer la dictadura entre los años 1978 y 1980. Finalmente, por medio de un plebiscito, en septiembre de 1980, el régimen impuso su proyecto de Constitución Política.
De esta forma, los integrantes del Grupo buscaron participar del debate público, aun cuando este campo estaba fuertemente restringido e intervenido por el régimen, ya sea a través de la censura de los medios o por los temas de contingencia política que se podían debatir abiertamente. De la misma forma, sus miembros asumieron el rol de intelectuales públicos, buscando llenar un vacío político producto de