En los años setenta y ochenta, los sectores más pobres, al igual que los partidos políticos de la izquierda y la Iglesia católica, favorecieron inéditos procesos de reorganización popular, a partir de los cuales se abrió paso la educación popular como un conjunto de iniciativas encaminadas a generar nuevos saberes, así como nuevos enfoques y orientaciones para la acción política de resistencia y oposición a la dictadura militar. Sin embargo, cuando en el segundo lustro de los ochenta las fuerzas de oposición social y política pudieron desestabilizar parcialmente al régimen autoritario e iniciar los procesos de acuerdo y consensos para recuperar la democracia, se impusieron las formas más tradicionales de la política chilena, centradas fundamentalmente en la acción hacia el Estado y en el papel protagónico de los partidos políticos. En este contexto, mucho de los aprendizajes, propósitos y sentidos que animaron la reorganización de los sectores populares fueron relegados a un segundo plano y la transición a la democracia se organizó sobre la base de la prescindencia tanto de los movimientos sociales tradicionales como de los nuevos. En este capítulo nos proponemos revisitar los procesos de reconstrucción que protagonizaron estos sectores en los años ochenta y el papel que jugó la educación popular en ellos.
La reorganización popular
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representó un punto de ruptura en la historia de los movimientos sociales populares en Chile. En muchos sentidos, dio paso a una verdadera tragedia. Por más que los primeros bandos de la junta militar indicaban que los derechos y conquistas de los trabajadores serían respetados, nada de esto ocurrió. Paralelamente al ataque a la Moneda, o en las horas siguientes, las fábricas y las poblaciones serían objeto de una acción represiva a gran escala. Las Fuerzas Armadas chilenas operaron prácticamente como “ejército de ocupación”, patrullando calles, allanando locales y sedes partidarias, los cordones industriales y las poblaciones más emblemáticas. En Santiago, los vuelos rasantes de aviones que el día 11 habían bombardeado la Moneda, ahora sobrevolaban los barrios infundiendo temor en las poblaciones periféricas de la ciudad. El toque de queda se impuso desde el mismo día 11 y limitó hasta los años ochenta el desplazamiento de los ciudadanos durante la noche.
El efecto del golpe en las poblaciones fue devastador, tanto por la represión como por el temor que esta generaba entre sus habitantes. Estos en muchos casos fueron víctimas de la ocupación militar de sus barrios, de disparos durante la noche, de allanamientos selectivos y masivos, de detenciones arbitrarias, de malos tratos y violencia con resultado de muerte. En este clima, de violencia estatal y de incertidumbre, las primeras respuestas de los pobladores fueron pequeños actos y gestos solidarios hacia sus vecinos o militantes de izquierda que buscaban protección, gestos que se potenciaron y amplificaron cuando las Iglesias cristianas, en especial la Iglesia católica, comenzaron a desarrollar programas más sistemáticos de ayuda a los familiares de las víctimas de la represión, así como iniciativas de apoyo social dirigidas hacia los sectores más pobres de la ciudad.
Según el Informe del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi), creado en octubre de 1973 como consecuencia del golpe de Estado, “muchas personas se acercaron a las iglesias de diversas denominaciones que existen en Chile en busca de consuelo y apoyo frente a situaciones, propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para sobrellevar la emergencia. Otros comprobaban que los organismos competentes no respondían a sus requerimientos. No faltaban los que sentían intimidación y miedo”2. Este fue el origen de la acción solidaria de las Iglesias en Chile. En este contexto fueron surgiendo en el Copachi “los programas jurídicos, asistenciales, laborales, de salud, de comedores, de campesinos, de talleres artesanales, hasta llegar a diciembre de 1975 habiendo atendido a más de cuarenta mil personas en sus oficinas, dando casi 70.000 prestaciones médicas en sus policlínicos y colaborando en la alimentación de más de 35.000 niños diariamente en los comedores infantiles”3.
Luego de dos años de existencia, la presión de la dictadura llevó a su cierre. No obstante, el cardenal Silva Henríquez decidió dar continuidad a las tareas del Copachi a través de la creación de la Vicaría de la Solidaridad (un organismo propio de la Iglesia católica), la que, junto con atender a las víctimas de la represión, expandió los programas sociales en las principales poblaciones de Santiago. La Vicaría fue un gran “marco institucional” para la acción solidaria de la Iglesia católica; sin embargo, esta acción no habría sido posible sin la existencia de una vasta red de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral que daban vida a las comunidades cristianas populares.
En medio de la represión, de la cancelación del estado de derecho y del cierre de los canales históricos de participación (en especial los partidos políticos), las parroquias y comunidades cristianas de las poblaciones fueron los principales espacios en que los pobladores se pudieron encontrar y dar vida a una nueva red de organizaciones sociales. Primero los comedores infantiles, luego los comedores familiares, las bolsas de cesantes, los grupos de salud, los centros de apoyo escolar y muchos otros, tanto de pastoral juvenil como grupos artísticos y culturales de jóvenes. La vida comunitaria en las poblaciones se fue entonces recreando lentamente.
En este mismo período, la situación de la izquierda fue francamente crítica y desfavorable debido a la represión y a los efectos de la derrota político-militar que había significado el golpe de Estado. En una primera etapa vivió las consecuencias de la represión masiva, la que tuvo como emblema el Estadio Nacional convertido en un gran campo de detención (por cierto, hubo otros centros, como regimientos, cuarteles de policía, barcos de guerra, etc.). En una segunda etapa, fue víctima de una represión más selectiva, orientada a la desarticulación de los principales partidos de izquierda. Los aparatos de seguridad e inteligencia, como la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), pusieron entonces en práctica sus métodos más atroces, masificando tanto la tortura en diversos centros clandestinos de detención como la desaparición de los detenidos4. La DINA definió sus prioridades haciendo del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) su principal objeto de represión y desarticulación. Paralelamente, golpeó al Partido Socialista, y hacia 1976, centró su accionar en el desmantelamiento del Partido Comunista.
Con esto se buscaba anular a la izquierda en su capacidad de resistencia a la dictadura, pero desde un punto de vista más estructural, se bloqueó y anuló el lugar y el papel que habían jugado los partidos en el sistema político chileno5. En este nuevo contexto, la reorganización de los sectores populares debía seguir caminos relativamente inéditos, con nuevos actores y nuevas organizaciones en las cuales los partidos políticos seguirían jugando un papel no menor, ya sea adaptándose o apoyando los procesos de reorganización popular.
La emergencia de nuevos actores: la Vicaría, los centros académicos y de apoyo al movimiento popular
La Vicaría de la Solidaridad orientó sus acciones en una doble dirección. Por una parte, en la defensa legal y jurídica de los perseguidos por el régimen y, por otra, en un conjunto de programas sociales orientados a mitigar los