Las disposiciones de 1832 y 1834 reflejan el mantenimiento de la ya tradicional tendencia chilena a valorizar el oro por sobre la plata. Esta se manifestaba en las cantidades acuñadas de ese metal, muy superiores a las de la plata, y en la diferencia que aquella relación presentaba respecto de la que prevalecía en el mercado internacional.
Las medidas impulsadas por el ministro Rengifo no solucionaron el problema de la escasez de moneda. En efecto, esta situación persistió, a pesar de que a partir de 1832 hubo un incremento notorio en las cantidades de metal acuñado en la Casa de Moneda. Sin embargo, ese aumento se concentró casi exclusivamente en el oro y no en la plata, influyendo de ese modo en la escasez crónica de monedas de este último metal. La actitud de las autoridades se explica porque consideraban la acuñación de monedas como una fuente de ingresos para el fisco, y en ese sentido la amonedación del oro le originaba importantes utilidades a la Casa de Moneda, lo que no ocurría con la plata831. No deja de ser un contrasentido que, siendo el país un importante productor de plata, desdeñara a esta como moneda a favor del oro, que era más bien escaso. Dentro de esa tendencia también se inserta la relación que se mantenía entre los metales, la cual fomentaba el envío de plata al extranjero por el mayor valor que allí tenía. Por otra parte, las cantidades totales de ambos metales acuñadas entre 1830 y 1850 fueron regularmente inferiores a las del periodo colonial, lo que implicaba disponer de una oferta monetaria más limitada. Con todo, es posible que el problema de la escasez monetaria en la década de 1830 no fuera tan agudo como en los años inmediatamente anteriores, en la medida en que el comercio exterior tuvo al parecer un comportamiento favorable832. En todo caso, los testimonios sobre la falta de moneda divisionaria en el periodo son abundantes, y los comerciantes y empresarios mineros continuaron recurriendo a las señas, a la moneda macuquina e incluso a la emisión de papel moneda. En algunos casos, y pese a las normas en contrario, hubo intentos de pagar obligaciones tributarias con esa clase de monedas833.
EL DEBATE EN TORNO A LA INSTALACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS
Junto a la escasez de circulante e informalidad y falta de uniformidad del sistema monetario, otros problemas económicos acechaban a la economía chilena de las décadas iniciales de la república. Estos eran de índole financiera y se derivaban de la ausencia de mecanismos e instituciones crediticias modernas.
Entre los mecanismos de crédito más importantes heredados del periodo colonial que se mantuvieron vigentes durante la primera mitad del siglo XIX, se encontraban los censos y la habilitación. Los censos consistían en contratos que gravaban un inmueble con un canon anual, a modo de interés, en reconocimiento de haberse recibido un capital. Se debía continuar haciendo el pago del referido canon hasta que se hiciera reintegro del capital. Hubo instituciones que, por poseer capitales significativos y tener necesidad de asegurar una renta anual para mantener obras de bien público, se transformaron en importantes prestamistas a través de aquella vía. En este sentido, destacaron las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas834. La habilitación fue otra forma de crédito, utilizada fundamentalmente en el financiamiento de actividades mineras y agrícolas. Como ya se ha explicado, era un préstamo en bienes de capital y consumo para llevar adelante determinadas faenas. Quien contrataba el crédito lo pagaba con el producto de sus faenas, ya fuera en minerales o cosechas. Además de estos sistemas, fueron muy habituales los préstamos otorgados por comerciantes y por mujeres rentistas.
Los problemas económicos recién mencionados, sumados a las falencias del sistema financiero, repercutieron en la opinión pública. En la década de 1840, especialmente entre los años 1844 y 1845, se produjo un importante debate en torno al establecimiento de bancos. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los participantes de dicha discusión era partidaria de la instalación de instituciones bancarias. Sin embargo, surgían notorias discrepancias a la hora de determinar la naturaleza de los bancos que podían autorizarse y las características que ellos deberían tener. Las controversias se manifestaron principalmente en la prensa periódica de Santiago y Valparaíso.
Uno de los primeros en poner este tema en la esfera pública fue el ministro de Hacienda Manuel Rengifo, quien sugirió la instalación de un Banco Nacional, es decir, un banco de carácter estatal. Según Rengifo, dicha institución podría ser un remedio al incremento del crédito usurario en el periodo, que habría producido numerosas quiebras en el comercio. En su opinión, la instalación de un banco podría solucionar los problemas del circulante. Su administración no sería mucho más compleja que la de la Casa de Moneda y sus billetes no se depreciarían por el uso. Según Rengifo, en un primer momento las emisiones debían ser equivalentes al capital del banco. Sin embargo, a medida que creciera la confianza pública en la institución, se podría aumentar la emisión de billetes. Para el ministro, la instalación del banco requeriría un capital inicial de alrededor de un millón de pesos. Rengifo se mostró como un fuerte opositor a la instalación de bancos privados, pues pensaba que estos eran proclives a la especulación, a velar por sus intereses, y que al entrar en tratos con los gobiernos tenderían a solicitar privilegios, transformándose en “instrumentos de opresión y tiranía”. La postura a favor de la instauración de un Banco Nacional fue refrendada poco tiempo después por el periódico El Progreso. Según un editorial de ese diario, si el gobierno optaba por traspasarle “el millón de pesos que contiene hoy el tesoro nacional, a más de dar una sólida garantía a las transacciones del Estado, obraría por esto solo una verdadera revolución comercial”. Consciente de las dificultades de generar una opinión favorable en torno a los bancos en Chile, El Progreso se encargó de “difundir en el público los conocimientos necesarios sobre la naturaleza de los bancos”, y para ello se sirvió de los escritos de Mariano Fragueiro, exdirector del Banco de Buenos Aires y residente temporal en Chile835.
Los debates sobre la instalación de bancos culminaron en septiembre de 1844, a raíz de la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto del parlamentario Bernardo José de Toro sobre el establecimiento de una institución de ese género. En opinión del parlamentario, le economía nacional adolecía de graves problemas por la falta de capitales y por los altos intereses de los créditos. Como remedio, Toro proponía el establecimiento de un banco particular, al que se otorgaría un privilegio exclusivo de funcionamiento por 20 años. El banco estaría encargado de descontar letras, emitir billetes, con un máximo de cuatro millones de pesos, y otorgar crédito, con un interés máximo de seis por ciento. Para evitar abusos, proponía que los accionistas del banco fueran propietarios urbanos o rurales, los que deberían hipotecar sus propiedades para recibir acciones en proporción a la hipoteca. El diputado sostenía que el banco debía ser de particulares y no del Estado, pues este “no debe ser jamás comerciante”836.
Mientras la Cámara pedía un informe a la Comisión de Hacienda sobre el proyecto, se generó un intenso debate en la prensa. El Progreso publicó una serie de artículos de Mariano Fragueiro, en los que defendía la necesidad de un banco estatal, aunque con una administración independiente del gobierno, pues, en su opinión, “la facultad de estampar moneda y de centralizar las operaciones de crédito […] es inherente a la soberanía”. Para Fragueiro, el Banco Nacional debía cambiar, vender y comprar monedas y pastas finas, descontar letras, recibir depósitos, otorgar créditos y emitir billetes. Los billetes bancarios serían pagaderos a la vista y al portador en moneda legal de plata u oro, y recibidos como moneda corriente en todas las oficinas públicas.
Otro de los adalides de la instauración de un banco nacional fue Pedro Félix Vicuña. Según este, el banco debía ser dirigido en forma independiente del gobierno por un directorio nombrado por el Congreso. Las operaciones que efectuaría serían otorgar préstamos, descontar letras al cinco por ciento de interés anual y emitir billetes por un máximo equivalente a las tres cuartas partes del capital efectivo, los que debían ser considerados como moneda nacional. En todo caso, Vicuña discrepaba del proyecto de Fragueiro porque otorgaba demasiada influencia al gobierno en el manejo de la institución. Como puede apreciarse, en el debate tendió