En este contexto, se comprende cuán importante es el estudio de la violencia contra los periodistas como el que ofrece este volumen, fruto de una tesis doctoral excelentemente documentada y que pretende además la unión de dos grandes fuerzas: por un lado, la experiencia de los propios periodistas, a través del análisis de las organizaciones que defienden su trabajo o, más en particular, sus vidas e integridad física y psicológica; y, por el otro, el rigor y la metodología científica de una tesis doctoral. Su autora lo sabe bien porque en ella convergen ambas experiencias, la profesional y la académica, y también la personal, por haber nacido, vivido y trabajado en Colombia, país en el que desde 1992 hasta 2017 se han registrado 51 asesinatos de periodistas, según el Comité de Protección de los Periodistas, de los cuales 40 han quedado impunes.
El trabajo que el lector tiene entre sus manos pretende aprovechar el enorme acerbo de conocimiento acumulado por las organizaciones de defensa de los periodistas para, uniendo sus esfuerzos al trabajo académico y sistematizador de la autora, conocer mejor el problema y poder abordarlo con mayor eficacia. Utilizar y comparar diez organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión para ello, y hacerlo para más de una década, 2000-2012, se muestra, además de novedoso, útil y muy fructífero. El trabajo es extremadamente exhaustivo en cuanto a definir el problema —qué es la violencia contra los periodistas, quiénes la perpetúan, con qué fines, en qué contextos, cuáles son los factores de riesgo—, el perfil de las organizaciones estudiadas —sus valores y principios, sus actuaciones, sus métodos— y su contribución a la visibilización, monitorización y medición de la violencia contra los periodistas y la lucha contra la impunidad de esta violencia.
El análisis de los factores de riesgo y de aquellos que ejercen la violencia (perpetradores) es especialmente ilustrador: destacan, por un lado, la cobertura de guerras y conflictos, de protestas y disturbios civiles, las condiciones laborales y los entramados de relaciones de poder como principales causas de la violencia y, por el otro, los gobernantes, cuerpos oficiales, crimen organizado y grupos religiosos extremistas como principales perpetradores. Con su disección de la violencia contra los periodistas, la autora acaba ofreciendo una minuciosa panorámica de la economía política de la misma, de sus razones y motivos, de su porqué, y de la ideología dominante que sustenta esta guerra planetaria contra el periodismo.
La economía política de la violencia contra los periodistas refleja con nitidez la crudeza de las relaciones de poder en la sociedad —algo que además es tan cierto hoy como en el pasado, pues la violencia contra los periodistas no es un hecho nuevo ni aislado sino tan viejo como la misma profesión—. En primer lugar, allí donde el sistema político está más corrompido es lógicamente donde mayor es la violencia contra los periodistas, en la bien conocida correlación que existe entre sistema político y sistema mediático, como detalladamente han descrito David Hallin y Paolo Mancini, entre otros autores. Sin embargo, e independientemente de esta correlación, existen otras correspondencias exacerbadas por el sistema capitalista en su formulación actual dominante, neoliberal y financiera. Dos de ellas son destacadamente importantes: por un lado, la creación de un periodismo anestesiado, allí donde la comercialización y la financiarización de los medios de comunicación es más fuerte, y, por el otro, la incitación de la hostilidad contra los periodistas desde la esfera política dominada por el populismo.
Por un lado, la financiarización del sistema mediático ha llevado a la creación de un periodismo adormecido, neutralizado, con respecto al poder, bien por su incapacidad de ir más allá de lo superficial, bien por su relación con las élites. Después de una fase de hipermercantilización acelerada de los medios de comunicación, a fines del siglo XX sus intereses cruzados con el sistema económico aumentaron mediante la financiarización de la economía, que añadió a la mercantilización profundos vínculos con el sistema financiero. La financiarización de los sistemas de medios, es decir, la incorporación de las prioridades del capitalismo financiero en el funcionamiento de los grupos de comunicación (a través de la deuda, propiedad y relaciones de poder, principalmente), trajo una mayor tendencia hacia el gigantismo (y, por lo tanto, más concentración), un incremento de la inestabilidad y competitividad del entorno de las empresas mediáticas, la desviación de la actividad tradicional y un mayor alejamiento de los criterios de responsabilidad social. En resumen, la financiarización de la economía impulsa una reducción mayor —si cabe— del rol de vigilante de los medios de comunicación al incrementarse el alineamiento del periodismo comercial con los intereses de las élites económico-financieras. El resultado es la enorme dificultad para ejercer periodismo de verdad desde los medios de comunicación comerciales, es decir, para ejercer un periodismo que funcione como un auténtico guardián de la democracia. El periodismo, en esta situación, puede formar parte de luchas elitistas de poder, pero no ejercer de vigilante del poder. Este periodismo anestesiado con respecto a los valores democráticos puede experimentar episodios de violencia, pero no vive en una violencia estructural, sistémica en su contra, pues él mismo forma parte del sistema que ejerce la violencia. El periodismo que corre riesgos de verdad es el que pone en aprietos al poder. Este periodismo, por lo general, no es el dominante, ni está abundantemente poblado, ni tiene los recursos necesarios, lo cual lo sitúa en una situación de riesgo estructural que se añade a la violencia ejercida en su contra. El lector verá esto claramente reflejado en algunos de los factores de riesgo identificados por la autora de esta obra.
Por otro lado, el capitalismo neoliberal y financiarizado promueve una desigualdad creciente en la sociedad que genera una radicalización política entre capas importantes de esta. Como explica, por ejemplo, el economista francés Marc Fleurbaey, de la Universidad de Princeton, esta radicalización se produce por la identificación de los males del capitalismo con las élites políticas y el deseo de expulsarlas y recuperar el control personal (sueldos dignos, trabajos no precarios y una identidad profesional reconocida) y la soberanía (que la democracia esté al servicio de la mayoría y no de las élites). Una situación que tradicionalmente ha sido aprovechada por el populismo político en la historia de la humanidad, que utiliza la desafección política y la desesperación de muchas personas como muleta para ascender. La oleada de políticos populistas no iniciada, pero sí consolidada, con la llegada en enero de 2017 de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos, no es más que un reflejo de ello. No es este el espacio para describir en qué consiste este populismo que algunos definen como de derechas porque, utilizando ideas que conectan con los sentimientos de las personas precarizadas y abandonadas por el sistema político, consigue hacer promesas que nunca cumple, pero que le permiten llegar a cuotas de poder o, como en el caso de los Estados Unidos, a su cima, para instaurar regímenes más injustos que los desbancados. Dejando de lado la controversia de si existe la pretendida distinción entre populismos de izquierdas y de derechas (falsa en mi opinión, pues el maniqueísmo, el autoritarismo y las visiones excluyentes y reaccionarias en modo alguno pueden considerarse propias del ideario de izquierdas, por más que se camuflen bajo consignas propias del mismo), es evidente que en 2018 el populismo político creció en todo el mundo y compartió rasgos importantes en Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Brasil y allí a donde se mirara. Entre ellos, el de la violencia verbal contra los periodistas a los que Trump define como “el enemigo del pueblo americano”. En Francia, el partido de Marine Le Pen considera directamente a los periodistas como adversarios políticos y no duda en boicotearlos, hasta el punto de que un grupo de periodistas franceses publicó un manifiesto denunciándolo. En España, en 2018 los medios de comunicación públicos catalanes habían sido convertidos por los populistas en objetivo de la ira de la ultraderecha, provocando que los periodistas de estos medios tuvieran que esconder el logo de la cadena para poder hacer su trabajo sin ser agredidos. En Colombia