En un asunto como el estudio de la violencia contra los periodistas, sus causas, motivaciones y consecuencias, es pertinente contar con el enfoque de unas teorías que afirman la autonomía y la autorregulación de los medios y enlazan la libertad y la responsabilidad en un proceso dialéctico (Merrill, 1993, pp. 37-40).
Estas teorías normativas pueden cumplir una función legitimadora, aportar una explicación argumentada, determinar la importancia de la calidad del diálogo, dar un fundamento moral a las actividades de los medios informativos y poner sobre la mesa el concepto de verdad pública cultural, que tiene que ver con la veracidad y la honestidad de lo que se expone en la esfera pública (Christians et al., 2009, pp. 73-86).
Lo que se observa en la evolución reciente de las teorías normativas de los medios es que han ampliado su repertorio de explicaciones, incluidas aquellas que tienen que ver con la libertad de expresión, las nuevas dimensiones y una mirada global que las ha enriquecido con los aportes de tradiciones culturales no tenidas en cuenta antes en el paradigma occidental dominante, entre ellas, las de Asia, África, América Latina y el mundo islámico (Christians et al., 2009, p. 67).
Ahora bien, ese enfoque contemporáneo de las teorías normativas de los medios, que cuenta entre sus principales representantes con Clifford G. Christians, Theodore L. Glasser, Denis McQuail, Kaarle Nordenstreng y Robert A. White —cuyos planteamientos guiarán uno de los cuatro componentes del marco conceptual de este trabajo—, ha puesto su mirada en lo que estos autores ven como expectativas ciudadanas de una comunicación participativa más directa, intentando justificar y proveer fundamentos teóricos normativos para la participación de los ciudadanos en el debate público, algo cada vez más central en muchas sociedades hoy en el mundo. Esto tiene que ver con las distintas orientaciones que pueden darse hoy a las teorías normativas, por ejemplo, entre quienes están más cercanos a una concepción individualista y liberal sobre cómo garantizar la verdad y la libertad en el debate público y quienes defienden las aproximaciones que hacen en este sentido las concepciones comunitarias y orientadas socialmente (Christians et al., 2009, pp. 66-68). Los anteriores son aspectos de indudable impacto para el campo periodístico, cuyas vibrantes transformaciones reflejan en gran medida estas discusiones y preocupaciones.
En una teoría normativa de los medios, de acuerdo con Christians et al. (2009, pp. 71-73), los siguientes son asuntos fundamentales:
i. El deber de alcanzar un acuerdo sobre el acceso libre e igualitario al debate público. La tradición de los postulados normativos es defender alguna forma de libertad para expresar opiniones en el foro público sin represalias.
ii. La búsqueda de alternativas para resolver conflictos a través de la deliberación. Las grandes declaraciones sobre el modo adecuado en que debe darse el debate público han surgido, precisamente, en momentos en los que la crisis de las instituciones sociales amenaza la existencia de un debate libre y sin restricciones.
iii. La capacidad para lograr un balance entre el arte de la persuasión, la comprensión por todas las personas del debate público y la veracidad. Algunas de las declaraciones normativas más significativas en relación con el debate público se han dado en contextos culturales que tienen un especial aprecio por la estética en el estilo que se imprime a la comunicación.
iv. La relación entre la academia y el ámbito del debate público. Por lo general, los autores de postulados normativos de importancia han sido también maestros de la deliberación pública.
Dicho lo anterior, estos autores aportan para el análisis un esquema en el que identifican los principales actores sociales involucrados en un sistema normativo (figura 1), algo que será de utilidad al momento de aproximarse al fenómeno de la violencia contra los periodistas. Lo que se establece allí es una relación dialéctica entre los actores del sistema y los correspondientes asuntos normativos a ellos asociados.
Christians et al. (2009, pp. 69-71) organizan estos asuntos de forma jerárquica, ubicando en la parte superior los valores comunicativos de una cultura y en la parte inferior las prácticas cotidianas específicas de los grupos y los profesionales de la comunicación, con los criterios a partir de los cuales se guían para tomar sus decisiones. Así, lo que muestra el sistema es que en la base están los ideales personales de los profesionales, que a su vez se articulan con el estilo de una determinada cultura corporativa, el ethos de las salas de redacción, los códigos de ética de las asociaciones profesionales y los principios generales para quienes son maestros de la comunicación y para las instituciones mediáticas. Luego están las políticas normativas de las organizaciones mediáticas, las que rigen su operación; aquí se ubican los empresarios de los medios como actores. Siguen las normas nacionales e internacionales relacionadas con la comunicación; aquí son los legisladores y los políticos los que se convierten en actores del sistema. En este último nivel, las normas establecen entornos más o menos favorables para la independencia de los medios y configuran las fronteras de control que establecen los Estados para su funcionamiento. Aunque los medios aceptan una cierta regulación fundamentada en el interés público, tratan de mantener vigente el principio de independencia frente al control del poder del Estado, con el fin de proteger su función de guardianes y de vigilantes del cumplimiento de la responsabilidad social pública que les compete a los Estados. En el siguiente nivel se ubican las teorías normativas cuyos correspondientes actores son la academia y la comunidad filosófica. Finalmente, aparece como elemento normativo la filosofía pública de la comunicación, entendida como los valores y compromisos comunicativos generalmente difundidos por una cultura; aquí los actores del sistema son las audiencias.
Desde la perspectiva de este sistema normativo, cuando un periodista o un medio de comunicación es atacado por un miembro del gobierno o por otro integrante de la sociedad, se sugiere que es todo el sector mediático el que está siendo agredido y que lo anterior representa una amenaza política o económica si no se toman acciones para remediar la situación (Christians et al., 2009, p. 69).
Un aspecto que interesa de la propuesta de Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng y White (2009) en este trabajo doctoral es que los autores plantean la necesidad de observar las relaciones entre los medios y la sociedad desde la tradición del pensamiento normativo, teniendo en cuenta la democracia como eje. Para ello, no proponen una nueva tipología de teorías normativas con pretensión de universalidad, sino una apuesta metodológica que permite proporcionar un marco de análisis más sólido para aproximarse a las relaciones entre los medios informativos y la sociedad. De esta forma construyen el marco de análisis dando importancia a los modelos de democracia, con lo cual buscan enfocar la mirada más en la gente que en el funcionamiento de los medios. Así cobra importancia para el análisis la participación de los ciudadanos en el debate público.
Figura 1. Principales actores sociales en un sistema normativo
Fuente: Christians et al. (2009, p. 68). Normative theories of the media. Journalism in Democratic Societies. Urbana, IL: University of Illinois Press.
Si bien es cierto que determinado tipo de manifestaciones de violencia contra los periodistas cobran vigor en regímenes autoritarios, el modelo analítico basado en el fundamento de la participación ciudadana en el debate público no deja de ser pertinente para este otro tipo de contextos políticos. Lo anterior tiene que ver también con aspectos que resultan fundamentales para enmarcar cualquier modelo de democracia al que se haga referencia: primero, elecciones periódicas, libres y justas mediante las cuales el pueblo elige a quienes toman las decisiones políticas; segundo, existencia de libertad de expresión, de prensa y de información; tercero, ciudadanía incluyente; cuarto, derecho de todas las personas a asociarse y formar organizaciones libremente y, quinto, gobierno de la ley (Strömbäck, 2005, p. 333).
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