El 26 de octubre se puso término al estado de sitio que regía según uno de los distintos decretos leyes vigentes desde la caída de Ibáñez. No obstante, el gobierno avisó que haría «uso de la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, después de las elecciones, en caso de que se altere el orden público»375.
Alessandri obtuvo más de la mitad de los votos (187.914 de los 342.990 emitidos), una victoria que él describiría como «decisiva». Años después Alessandri escribiría: «El señor Oyanedel y su ministro del Interior, se mantuvieron firmes, resistieron a las tenaces y reiteradas insistencias y sugestiones para postergar la elección, dominados por el propósito honrado de que había llegado la hora de restablecer el imperio de la Constitución y la ley [...]»376. No obstante la victoria electoral del Alessandri, seguían procesándose causas judiciales legadas por el caos de 1931-32. Algunas no se resolverían hasta mucho después que Alessandri asumiera la Presidencia.
Así ocurrió con la desaparición del profesor Manuel Anabalón. Tal vez este caso, situado casi siempre en la memoria popular en el período de Ibáñez, ilustre mejor que otros los procedimientos policiales de la época, que se mantuvieron en el tiempo, como es posible observar en los años siguientes. La prensa se encargó de denunciar la participación de agentes del Estado en varios delitos, la que fue investigada por el Poder Judicial, los que finalmente no pudieron ser sancionados por ningún tribunal.
El caso del profesor Manuel Anabalón
Un día después de las elecciones de octubre de 1932, bajo el título «Desaparecido», la revista Hoy informó que el Director General de Carabineros había explicado «que el señor Anabalón, a causa de sus actividades comunistas» fue embarcado en el vapor Chiloé con un grupo de unos treinta detenidos que iban relegados a la isla Mocha. El barco llegó el 26 de junio al puerto de Valparaíso377. El agente a cargo de los detenidos recibió la orden de dejar en libertad a Anabalón, después de lo cual el profesor desapareció. El general Carlos Robles inició un sumario para establecer las responsabilidades del caso378.
De acuerdo a esa investigación, los carabineros Miguel Vélez y Arturo Castellanos, de la Comisaría de la Aduana, recibieron orden de poner en libertad a Anabalón y según sus declaraciones así lo hicieron. No había registro alguno de que hubiera ingresado a la Comisaría: «El capitán Severín jefe de la Comisaría de la Aduana contestó que ningún preso había sido traído al cuartel, aseveración que corrobora el teniente Filipensky, de servicio ese día»379.
La revista Wikén había inaugurado recientemente una línea de denuncias sobre situaciones críticas, realizadas por su director, el periodista Luis Mesa Bell (miembro del movimiento Nueva Acción Pública, NAP), las que investigaba personalmente. Entre ellas figuraban los corredores de la bolsa negra, las Milicias Republicanas y el tráfico de drogas en Valparaíso. Su primer reportaje sobre el profesor desaparecido fue publicado el 22 de octubre de 1932, titulándolo: «¿Cuatro y no solo Anabalón fondeados por la dictadura de Dávila? Revelaciones inéditas sobre la desaparición del profesor de Antofagasta»380. En ese artículo, Mesa Bell relató lo sucedido a Manuel Anabalón, quien había sido calificado como subversivo por las autoridades381.
Wikén publicó una serie de artículos de Mesa Bell sobre el caso. En su último artículo, titulado «La Sección de Seguridad: vergüenza y baldón del Cuerpo de Carabineros», acusaba directamente a la Sección de Seguridad de Investigaciones que dependía de Carabineros. Calificó a Investigaciones como una auténtica «mafia chilena», denunciando las flagelaciones y secuestros arbitrarios y la más completa impunidad de sus actuaciones. Denunció que además de Rencoret estaban involucrados el director de Investigaciones Armando Valdés, el prefecto Carlos Alba, el subprefecto Fernando Calvo y el agente Carlos Vergara, apodado «Guarango». Los periodistas de Wikén fueron amenazados y agredidos. Las oficinas de la revista, ubicadas en Amunátegui 86, en el centro de Santiago, fueron asaltadas, operativo en el que desaparecieron varios ejemplares de su último número382.
El diputado conservador Ricardo Boizard cuestionó las acusaciones de la revista Wikén y consideró inadmisible que se acusara por la prensa a Rencoret como responsable de esos y otros crímenes. Por este motivo investigó el caso basándose en el proceso judicial, en la prensa y en entrevistas a varios de los protagonistas. Su análisis tuvo dos puntos centrales: la desaparición de Anabalón y la identificación del cadáver encontrado por un buzo en el muelle de Valparaíso, que el juez hizo examinar por peritos en medicina forense para determinar si correspondía al del profesor desaparecido.
La revista Wikén denunció que un buzo había contado 21 cadáveres fondeados en el muelle, lo que aparentemente no fue investigado. De acuerdo a la información sobre el caso, Boizard relata que el buzo había visto un cadáver «envuelto en una malla de alambres y le mantienen sujeto en el fango, pesados lingotes de fierro. Le faltan las manos y los pies». Según su investigación, el buzo se dirigió a la oficina de Investigaciones informando al teniente Carlos Herrera de su hallazgo, quien, a su vez, dio cuenta a Rencoret, quien le «contesta terminantemente que debe darle cuenta al ministro sumariante»383.
El juez Luis Baquedano, a cargo del caso, condujo la operación para el rescate de los restos desde el fondo del mar, el 21 de diciembre de 1932, con el apoyo del buzo Federico Fredericksen, que había hecho el descubrimiento. En la morgue, el cuerpo de Anabalón fue reconocido por la madre y lo que quedaba de su ropa por su sastre de Antofagasta. La identificación del cadáver se realizó en el Instituto Médico Legal mediante diversas pericias forenses.
A pedido de Rencoret, el abogado Raimundo del Río (exprofesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile) emitió un informe de 85 páginas sobre la desaparición de Anabalón 384. Tuvo a la vista el sumario administrativo que ordenó instruir la superioridad de Carabineros (general Robles); la investigación a cargo del Juez del Crimen de turno de Valparaíso (quien recibió los antecedentes del prefecto de Aconcagua Óscar Reeves); la investigación a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Luis Baquedano y la investigación del fiscal Arturo Avendaño, del Juzgado militar de Santiago. Avendaño había determinado «pedir la pena de 5 años y un día de presidio militar para los señores Alberto Rencoret Donoso, Luis Encina Peralta y Clodomiro Gormaz Raposo como autores del delito de homicidio en la persona de Manuel Anavalón (sic) Aedo y la pena de sesenta y un días de prisión militar para el señor Gabriel Severín Severín como autor del delito de prisión arbitraria de la misma persona»385.
El informe del señor Del Río señaló, desde el inicio, las contradicciones sobre el destino de Anabalón en que incurrieron los declarantes en las investigaciones mencionadas: «Que fue liberado, que fue detenido, que fue lanzado al mar [...] Hay decenas de contradicciones entre los testimonios de los distintos declarantes y peritos citados y consultados hasta la fecha»386. Constató que el profesor fue detenido por orden del prefecto de Antofagasta coronel Humberto Contreras, el 16 de junio de 1932, orden ratificada por el Ministerio del Interior. Fue enviado en el vapor Chiloé a Valparaíso (fs.666 del sumario en el Juzgado militar de Valparaíso); fue desembarcado por orden del teniente de la Comisaría de Aduanas señor Filipensky y mantenido en prisión por orden verbal del señor Óscar Reeves, prefecto de Aconcagua, en la Comisaría de Aduanas de Valparaíso, por el capitán Severín387. Sin embargo, y a pesar de toda la información proporcionada por la investigación judicial, afirmó que el análisis de las declaraciones no permitía concluir si el profesor estuvo o no estuvo detenido por Carabineros. A su vez, el profesor Del Río cuestionó la identidad entre el señor Anabalón y el cadáver encontrado bajo las aguas en Valparaíso el día 21 de diciembre de 1932. Examinó detenidamente las condiciones del hallazgo de los restos y los análisis forenses realizados y reafirmó su convicción de que era necesario reabrir el sumario, dado que la investigación judicial hasta ese momento no había logrado establecer la causa de la muerte del señor Anabalón388.
Con estos antecedentes el profesor Del Río subrayó que Alberto Rencoret