Como el Promep nació cuando no existían ejercicios de calidad probada del sistema de educación superior, tomó como referente planes de desarrollo probados en las IES que habían tenido buenos resultados en cuanto a perfiles docentes específicos y requisitos de profesores. En tal sentido se preocupó por la habilitación de profesores en programas de posgrado nacionales o extranjeros reconocidos y previó desarrollar los cuerpos académicos, con base en compromisos institucionales, apoyo de los CIEES y mediciones de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Los compromisos se concretarían con métodos de seguimiento guiados por un enfoque de fomento de la calidad. Se fijaron mecanismos de asesoría y apoyos especiales a las instituciones para que cumplieran los compromisos derivados de la nueva política y superaran deficiencias extendidas cualitativamente importantes como, por ejemplo, la falta de formación en posgrado de los profesores, uno de los aspectos en que se han logrado mejores resultados con el tiempo. Otro ítem fue la evaluación y estímulo de los profesores por hora, los cuales representan una cantidad ingente que atiende a muchos estudiantes en las instituciones, con la intención de que en el futuro solo una minoría no tuviera esta habilitación. El programa se trabajó en cada institución siguiendo una planeación debidamente diseñada e interiorizada y complementando rasgos generales homogéneos con características propias de la tradición intelectual y organizacional.
La visión presentada muestra que el sistema de evaluación habría de requerir tres elementos para consolidarse: una relativa homogeneización de procedimientos (nunca puede ser completa); mecanismos de vinculación entre autoridades federales y entidades estatales y entre estas y las IES públicas y privadas en función de la calidad del servicio; y que la evaluación adoptara un carácter prioritariamente incremental y de sustento no punitivo. Por otra parte, la evaluación interna dependerá del liderazgo y del involucramiento de los actores para dar resultados provechosos.
En breve, el sistema de educación superior e investigación científica en México exhibe un considerable rango de variación en las calidades institucionales, en lo que han influido los distintos tiempos de adopción de una evaluación sistemática. Aunque no escasean los debates acerca de los procedimientos y resultados y ya existe una práctica institucionalizada desde hace años, se han hecho experimentos en evaluación interna y externa, en la formación de recursos humanos, en la formación y evaluación de investigadores en ciencia y tecnología, y en la gestión de las funciones sustantivas y administrativas de las IES. Se contemplan asimismo e idealmente aspectos cualitativos y cuantitativos, con el fin de medir la eficacia combinada con la eficiencia, además de la pertinencia social de los proyectos de acuerdo con las definiciones de los sucesivos programas de educación nacional y los consensos de la ANUIES. La práctica de exámenes se ha cuestionado,[9] pero sigue aplicándose en especial para ingresar a las IES y en pruebas para estándares mínimos indispensables de egresados.
En cuanto a las IES privadas, estas se agrupan en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) que se fundó en 1982 y han creado un sistema propio de acreditación para mejoramiento institucional.[10] Si bien muchas de estas IES no están afiliadas y algunas se han retirado luego de estarlo.
El Sistema Nacional de Investigadores
Fuera del control de las IES y existente desde 1984, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lleva a cabo una evaluación mediante pares independientes, cuya operación administrativa se la reserva el gobierno federal (Vega, 2012).[11] La expansión de la educación superior mexicana evidenció el principio de que los cambios significativos en cantidad también lo son en calidad. La preocupación por la calidad comenzó a ser punto importante en la definición de políticas para el sector educativo y de investigación sobre todo en la década de los ochenta, aunque desde antes ya estaba presente. Tal como se dijo, la problemática de la educación superior se relacionaba con transformaciones más amplias. Por exigencia social y decisión política debía aumentar el número de inscritos, sobre todo en las universidades públicas. Como se haría además conciencia a partir de 1970 con la fundación del Conacyt, la integración de flujos económicos y comunicativos por encima de fronteras planteaba la necesidad de participar en la sociedad del conocimiento, la cual involucra la educación superior. Se enfrentaban características no fáciles de remover, por ejemplo, el insuficiente combate del analfabetismo y otros problemas del sistema educativo. La investigación científica que se realizaba sobre todo en IES públicas era con frecuencia más vocacional que institucional. Aun con la poca información con que se contaba se podía saber que era escasa y vulnerada por la ausencia de recursos.
En la década de 1980, coincidiendo con una profunda crisis y recorte del financiamiento oficial, se difundió una opinión tremendista y sin rigor acerca de la mala calidad de la enseñanza en las IES públicas. A diferencia de años previos, cuando, incluso incompletos, los estudios universitarios aseguraban empleos con buena posición e ingresos, el mercado de trabajo del que se retiraba el Estado como gran empleador se había vuelto restringido y con mayor competencia. En distintos ámbitos laborales, incluido el académico universitario, se hacían sentir la reducción salarial y la necesidad del poliempleo, con una evidente pérdida en la investigación, de donde desertaba personal con rumbo a otros países u otros segmentos del mercado de trabajo nacional. En paralelo, y como fruto de la dependencia tecnológica y la escasa vinculación entre los sectores educativo y productivo, aparte de reclutar egresados para sus necesidades, la iniciativa privada no estaba interesada en tomar el lugar del Estado como financiadora de la investigación.
En ese contexto se dio la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 1981 y 1982, en negociación con el gobierno y a fin de incrementar los ingresos de sus académicos, el CINVESTAV del IPN propuso una evaluación académica individual que fue aceptada y que era similar a la que luego tendría el SNI. Influyeron también otros esquemas de evaluación ensayados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La propuesta surgió entre octubre y diciembre de 1983 de la interacción entre funcionarios del gobierno con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en ese entonces Academia Mexicana de la Investigación Científica. Algunos de estos funcionarios tenían experiencia académica. A causa de la crisis económica, el presupuesto para actividades de investigación había caído alrededor de 40% y no solo era difícil retener o repatriar investigadores, sino incluso financiar rubros no personales de infraestructura, mantenimiento, materiales o trabajo de campo. Ante la imposibilidad de reajustar al alza los ingresos de las IES en general, se trató de salvar el capital humano de investigación. De este modo el SNI nació: a) para ser un complemento salarial estipulado como beca y no como salario, para exentar impuestos y las demandas sindicales en pro de la homogeneización de los ingresos académicos en general; y b) ser transitorio, para afrontar un periodo de crisis.
La concepción inicial que guió al SNI fue contingente. Su permanencia y definitiva institucionalización se debió, entre otras razones, a que en la política oficial acabó respondiendo a una idea más comprensiva y no sujeta al ciclo económico, según la cual el desarrollo general del país en lo interno y por su inserción internacional, debía integrar como elemento estratégico el avance en ciencia y tecnología asociado a la educación de calidad. Con ello se fortalecía la idea de que la investigación debía financiarse con criterios de selectividad y rendición de cuentas.
Aunque el SNI es independiente en términos operativos y referido a individuos que se postulan libremente, no se puede separar de la estructura general de evaluación de la SEP, el Conacyt y las IES, lo cual alcanza a instituciones, programas, sistemas de estímulos de cada institución, infraestructura y becas de estudio e investigación.
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