Además, el caso chileno es emblemático porque, durante el periodo de la dictadura militar, fue el primer país en aplicar tan radicalmente un programa de reformas neoliberales, si bien es cierto que el régimen militar y el déficit democrático de aquel entonces contribuyeron mucho para esta implementación ortodoxa. Al mismo tiempo, es preciso mencionar que en buena parte de la región latinoamericana y en el Caribe se esparcían, como un reguero de pólvora encendida, numerosos y diversos regímenes de dictaduras militares. Además, a partir de la década de los 80 muchos empezaron a implementar las reformas estructurales para replicar este modelo.
En el periodo de crisis de las economías latinoamericanas durante la denominada década perdida, fueron fundamentales el papel del Fondo Mone-tario Internacional (FMI) y del Gobierno de Estados Unidos al impulsar, y a la vez imponer bajo presión política, dichas medidas políticas, económicas y sociales. Así se desarrolló la hegemonía neoliberal en el continente; primero, mediante el uso de la dominación, y luego, asumiendo también la forma de Consenso de Washington. En paralelo, en otras latitudes se fortalecían las experiencias neoconservadoras y neoliberales, con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que implementaron programas de ajustes y recortes muy en línea con el pensamiento hayekiano.
El Ecuador contemporáneo, en este sentido, no es ajeno a los procesos que vivió América Latina en su conjunto en el periodo de confrontación ideológica de la Guerra Fría, junto con la doctrina de seguridad nacional y los planes contrainsurgentes norteamericanos en la región.
Asumida en la Dictadura de 1963, se confirma por el decreto de la Dictadura en 1979. Instituye un aparato paralelo de Estado en torno al Consejo de Seguridad Nacional como ente supremo del sistema político. De los momentos de excepción se pasa a una estructura permanente. (Saltos, 2017a, p. 56)
Si bien en el Ecuador hubo también un periodo de dictadura militar (1972-1976, el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, y luego el gobierno del triunvirato militar de 1976-1979), su experiencia ha sido muy diferente a la de otros países del subcontinente –en particular, a las sanguinarias y represivas dictaduras del Cono Sur–. En efecto, en los cuatro años de dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, pese al mantenimiento del estado de sitio y el estado de excepción (como dice Cueva, 2012, “en los países periféricos el estado de excepción es la forma permanente”10) y la represión con restricción de las libertades políticas y sociales fundamentales, su gobierno se caracterizó por una política económica y social que se podría incluir, bajo algunos parámetros, en la categoría del progresismo latinoamericano. El propio Lara se definía como nacionalista y revolucionario. Así, durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara se dieron procesos de reformas tributarias e intentos de reforma agraria que le atrajeron las simpatías de las clases subalternas ecuatorianas.
Aprovechando los primeros frutos del boom petrolero iniciado en la década de los 70 –cómplice de la decisión de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) respecto del alza de los precios internacionales del petróleo, como consecuencia y represalia de la guerra del Yom Kippur de 1973–, se construyó una política con una fuerte inversión en infraestructura petrolera; pero también se invirtió, siguiendo la trayectoria del desarrollismo cepaliano, en la diversificación productiva, es decir, en los demás sectores de la economía ecuatoriana, principalmente agrícola e industrial, para incrementar la productividad y, de esta manera, construir un modelo de desarrollo endógeno. Sin embargo, por el estado de excepción y la restricción de las libertades, la “dictadura de Rodríguez Lara combinó la doctrina de seguridad nacional con elementos de modernización del Estado y defensa de las áreas estratégicas” (Saltos, 2017a, p. 57).
Muy diferentes fueron los tres años del gobierno del triunvirato militar, de 1976 a 1979. Guillermo Rodríguez Lara cedió (tras el golpe de 1976) el poder al triunvirato militar, con la condición de que este liderase la transición de un gobierno militar a un gobierno de civiles, proceso que se dio en 1979 junto con la aprobación de la nueva Constitución.
En El proceso de dominación política en el Ecuador, Agustín Cueva recalca un manifiesto aparecido en 1975,
cuando tomaron el poder las fuerzas armadas, definieron un programa nacionalista y anti-oligárquico. Sin embargo, frente a las presiones de los presuntos afectados, se comienza a dar marcha atrás, cediéndose en innumerables casos. Esta debilidad del gobierno, frente a la oligarquía y al imperialismo, en vez de fortalecerlo lo ha hecho más vulnerable. Ahora la oligarquía, pese a todo descontenta por el énfasis dado a la actividad industrial, busca un gobierno completamente suyo, tratando de manipular para el efecto no solo a grupos militares sino, inclusive, a sectores populares. (Cueva, 1988, p. 83)
Bajo el gobierno del triunvirato militar, si bien se mantuvo la idea de defender las áreas estratégicas para el Estado (in primis, el petróleo), se usó la renta petrolera como garantía para acceder al préstamo internacional y financiar la maquinaria estatal. Aunque algunas de las medidas políticas y sociales de orientación cepaliana fueron mantenidas, los militares dispusieron también una política agresiva de endeudamiento externo a través de la importación de bienes intermedios para la reducida industria nacional, supuestamente para mantener el régimen de industrialización por sustitución de importaciones. Además, se dio una política de reducción del Estado y fortalecimiento de la iniciativa privada, destinada a ser el nuevo paradigma político y económico hasta la aparición de Alianza PAIS en el Ecuador. Este periodo estuvo caracterizado por una mayor violencia estatal, con el incremento de la represión y la persecución política; en efecto, entre 1977 y 1978 se produjo la masacre de los trabajadores del ingenio de Aztra (Verduga, 2014) y el asesinato de Abdón Calderón Muñoz (Galarza Zavala, 2004), economista y político disidente del régimen militarista, conocido como fiscal del pueblo.
La transición a los gobiernos civiles significó, paralelamente, el afianzamiento del Ecuador al neoliberalismo y el origen de la hegemonía neoliberal. Si bien ya en los tres años del triunvirato y en el mismo texto de la Constitución de 1979 hubo principios y una tendencia hacia la afirmación neoliberal, fue en la década de los 80 y sucesivamente en los 90 cuando se empezó a virar significativamente en el Ecuador. Si se excluye el breve paréntesis de la experiencia de gobierno de Jaime Roldós Aguilera –agosto de 1979 a mayo de 1981, y que se concluyó con la misteriosa muerte del presidente Roldós en circunstancias muy extrañas y aún no clarificadas–, la década de los 80 se tradujo en el auge de la hegemonía neoliberal.
La presidencia de Osvaldo Hurtado se inició con la crisis, ahora económica. Entre otros factores, aquella fue producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, que en la década anterior se había mantenido a niveles elevados, garantizando una cierta renta fiscal y, por ende, la subsistencia de unas políticas sociales. Junto con esto, en 1982 se prolongaron lluvias torrenciales e inundaciones que provocaron una caída exponencial de la producción agrícola (y la consecuente importación de productos alimenticios) y la devastación de la infraestructura vial. En consecuencia, empeoraron los términos de intercambio y creció sensiblemente la deuda externa. Al mismo tiempo, se promovió la devaluación de la moneda, el aumento de los precios de los combustibles y la caída de las inversiones y los gastos sociales. Finalmente, a través de la sucretización de la deuda privada, las clases empresariales se vieron favorecidas:
con la sucretización lo que se hizo fue convertir las deudas de los agentes privados en dólares, libremente contratadas fuera del país, a deudas en sucres frente al Banco Central, en condiciones ventajosas, mientras que el banco, a su vez, asumió el compromiso de pago en dólares ante los acreedores internacionales. (Acosta, 2006, p. 169)
Apenas a tres años del retorno a la democracia, en el año de 1983, el Ecuador, al igual que muchos países de la región, firmaron sendas cartas de intención con el FMI que implicaron una