El estado de la iglesia en la jurisdicción de Concepción era deplorable hacia 1830. José Ignacio Cienfuegos le hacía presente al gobierno ese año que por todas partes había escombros y objetos de desolación, que no había catedral ni seminario ni escuela de primeras letras, que 12 seminaristas asistían al Instituto de la Provincia de Concepción, y que 12 curatos carecían de párrocos953.
Sin embargo, en materia de política de misiones hubo desde antes de 1830 una acentuada preocupación centrada en el sur. Así lo testimonia el oficio de 12 de diciembre de 1821, por el cual se le dieron facultades especiales al fraile Victorino Navarrete, OP., para que pasara a la plaza de Valdivia en calidad de misionero. Entre las facultades se consultaba la concesión de 40 días de indulgencia para los que oyeren la misión; la posibilidad de levantar altar y celebrar misa en oratorios; otorgar en cuaresma las cédulas de comunión y confesión, y dispensar ciertos problemas matrimoniales, como consanguinidad y adulterios954. Otra muestra del interés por las misiones fue la solicitud del prelado de Santiago, de 14 noviembre de 1824, de cuatro misioneros para Valdivia.
Esta preocupación se hizo aún más manifiesta como tarea de política pública, pues en los años 1836 y 1837 el propio gobierno gestionó la contratación de misioneros en Italia para venir a Chile. El fraile franciscano Zenón Badía fue comisionado a Roma para estos trámites. Si bien la historiografía da cuenta de la misión de Badía, la documentación del Archivo Nacional Histórico955 permite establecer con más detalle el ritmo de su trabajo. Badía zarpó de Valparaíso el 3 de diciembre de 1835, y tras siete meses de navegación llegó a Trieste, donde se encontró con José Vernet, franciscano catalán de 35 años. Viajó con este a Ancona, y, tras una cuarentena obligatoria, siguieron a Roma, adonde llegaron el 25 de agosto de 1836.
En la audiencia con el papa, este le informó que la diócesis de Santiago sería elevada a arzobispado, con al menos dos sufragáneas. La curia romana le dio facultades a Badía para buscar misioneros que trabajaran en Chile. En agosto de 1837 desembarcaron 27 misioneros en Valparaíso.
La tarea misionera en Chile fue dirigida, desde 1832, por figuras destacadas de la orden franciscana. Descollaron los frailes franciscanos Manuel Unzurrunzaga, prefecto de misiones, y Diego Chuffa, que lo sucedió en ese cargo. Estos dos prefectos enviaron una numerosa correspondencia al gobierno, exponiendo sus políticas sobre misiones, estado de las iglesias, personal religioso en ellas, obras constructivas y datos estadísticos religiosos de algunos centros misionales, como bautizos y matrimonios. A esta documentación, datada desde 1840 en adelante, se debe sumar la documentación de la obra capuchina, la cual se responsabilizó de las misiones en la zona de Valdivia después de 1850.
Una vez encaminada la actividad misionera en los decenios de 1830 y 1840, el estado adoptó una decisión relevante: desde 1847 las misiones fueron reguladas por un marco legal, lo que le dio a esa actividad una neta orientación de política pública. El referido marco legal se definió mediante tres decretos datados el 20 de mayo de 1847 y que fueron firmados por el presidente Bulnes y su ministro de Culto Salvador Sanfuentes. El primer decreto dispuso que todo religioso ocupado en el servicio de alguna misión de infieles debería elaborar anualmente una memoria de sus trabajos durante el año transcurrido y de los progresos que mediante ellos se hubiera reportado. Estas memorias se elevarían al fin de cada año al prefecto de misiones, quien debía formar con ellas una general, en que se especificara lo relativo a cada misión, “y la trasmitirá al Ministerio de Culto con la prontitud que le permita la colectación de estos datos”. Por el segundo decreto se obligó a los misioneros a conocer el idioma araucano, para lo cual el Estado había publicado la gramática y el diccionario de dicha lengua. El tercer decreto ordenó el incremento de la “dotación mensual de diez pesos que hasta ahora han gozado los maestros de escuelas misionales de Coyanco, Quilaguin y San Juan de la Costa […] a quince pesos […] con la condición precisa de que mensualmente acrediten tener por lo menos 20 alumnos indígenas”.
La norma consultó el mecanismo de acceso a esos recurso: “deberá presentar mes a mes cada maestro una lista nominal de los alumnos indígenas […] será firmada por el misionero, y por el Juez del distrito […] las que serán visadas por el gobernador”956.
Los informes enviados al gobierno por el prefecto de cada comunidad religiosa, así como los elaborados por el encargado de la misión in situ se conservan en buen número después de 1860, y en su mayor parte siguen la regulación de la ley, por lo cual los contenidos son similares y se encuadran en aspectos religiosos, como la estadística sacramental. Se conservan, asimismo, informes con análisis de la política misional.
MISIONES FRANCISCANAS
En 1840 el franciscano Unzurrunzaga envió un valioso informe al gobierno, en el cual se daba antecedentes sobre la situación de Chiloé957. Según el franciscano, dicha provincia comprendía 19 mil 991 habitantes, todos católicos, y 94 capillas en los diferentes departamentos. Ellas eran atendidas por cinco misioneros del Colegio de Castro, que vivían en las cabeceras de departamento. Cada misionero tenía un asistente secular, llamado fiscal, que no recibía estipendio. Los misioneros eran financiados por el Estado, y, además, recibían obvenciones de los blancos. Incluso los ornamentos habían sido costeados por el fisco, encargándose los misioneros de su reposición.
El informe proporciona interesantes datos sobre los indígenas hacia los cuales se dirigía la actividad misionera. Hablaban en su “idioma natal” y eran perezosos en acudir a la instrucción religiosa y en llevar a sus hijos al bautismo. En relación a otros hábitos el informe indicaba que vestían poncho y calzón, no usaban camisa ni sombrero y no consumían comida española. Sembraban “lo justo y necesario”, y tenían poco ganado para el trueque, pues no hacían comercio. Como era lo habitual en estas memorias, se subrayaba la embriaguez, la ociosidad y los vicios de los naturales. Se aludía a la práctica de supersticiones “con reserva”, a la falta de un claro sentido de la propiedad, y a la resistencia de los indígenas al matrimonio legal. Entre las causas del estancamiento de aquellos, para los misioneros era determinante la dispersión en que vivían.
Sobre los araucanos el informe es bastante más severo al recalcar que vivían en “completo estado natural”, lo que era explicable, pues no se fundaban misiones desde 1776. El informe proponía avanzar con dos misiones en Villarrica.
En Concepción se organizaron cuatro misiones destinadas a Arauco, Tucapel, Santa Bárbara e Imperial para atender a alrededor de 10 mil indígenas. El informe hacía presente que nada se había logrado con la guerra, y que el gran medio para incorporar a los naturales eran las misiones, por lo cual era necesario restablecerlas, repoblar algunas zonas, introducir blancos, reorganizar los colegios de misiones, como los de Chillán y Castro, e instalar otros.
Las políticas recomendadas por el informe eran mantener las construcciones de los mapuches, instruirlos en el idioma castellano, convertirlos a la fe cristiana, reducirlos a pueblos en sus mismas tierras, e impulsar el establecimiento de habitantes blancos entre ellos.
Las memorias de las misiones anuales de 1842 y 1849, firmadas por el viceprefecto franciscano Diego Chuffa, destacaban que las misiones de Valdivia tenían templos, y que solo dos carecían de ellos (San José de la Mariquina y Quinchilca), que había nueve misioneros y que los tres curatos eran atendidos por los misioneros (informe de febrero de 1842). En noviembre de 1842 Chuffa informó nuevamente sobre el