En el esfuerzo concordatario seguido por Pío IX fueron importantes los instrumentos acordados con países de América Latina, que siguieron la misma filosofía de los suscritos en Europa. El concordato más conocido por su estabilidad fue el firmado con Ecuador en 1862; pero hay otros, incluso anteriores a 1862, como el suscrito con Bolivia en 1851, con Costa Rica y Guatemala en 1852, con Honduras y Nicaragua en 1861, con El Salvador en 1862 y el acuerdo con Colombia en 1886.
Los tratados diplomáticos con los países de América Latina tuvieron el mismo objetivo: de parte de la Iglesia se buscó mantener o conservar las libertades, en especial las vinculadas con su estructura y administración institucional, como el nombramiento de los obispos, la erección o reorganización de las circunscripciones eclesiásticas (diócesis, parroquias) y la plena y fluida comunicación con la Sede Apostólica. Por otra parte, la Iglesia buscaba que los nuevos estados la protegieran y le conservaran otros derechos, que hoy podrían definirse como materias laicas: primacía en la educación, legislación sobre matrimonios, protección sobre la propiedad de sus bienes.
Es importante subrayar que estos concordatos no se suscribieron entre dos estados —el estado del Vaticano data solo de 1927—, sino entre un “jefe espiritual” y sus súbditos dispersos en el mundo en una estructura milenaria, lo que permite comprender que el objetivo de la Sede Apostólica fue proteger la libertad de la Iglesia con el propósito de que los fieles tuviesen accesos a todos los auxilios espirituales, desde los sacramentos hasta la educación cristiana de la prole. Para esto la Iglesia requería de libertad y de la protección del estado.
Todos los esfuerzos de Roma se orientaron hacia dichos objetivos. Ahora bien, que un estado acordara un concordato no suponía gratuidad en estas materias, pues aquel aseguraba su participación en el nombramiento de los obispos, en los proyectos de creación de nuevas circunscripciones eclesiásticas, en los sínodos o concilios provinciales y en la designación de los párrocos.
En esta perspectiva los concordatos pueden considerarse como una victoria política para la Iglesia, pues lograron dilatar la supresión de los privilegios del clero y conservar el funcionamiento de la misma con el apoyo del estado. Sin embargo, en la medida en que en este se instalaban con mayor profundidad los principios del liberalismo político se hicieron más evidente las tensiones entre las dos esferas, lo cual se expresó de manera clara en el anhelo político de lograr la separación de la Iglesia y el Estado.
El caso de Chile es singular, pues en este país tempranamente, en 1833, se aprobó una constitución que lo definió como Estado confesional (artículo 5°) y, asumió unilateralmente, en el artículo 73, los privilegios patronales del periodo hispánico, que supuestamente la república había heredado.
Respecto de América cabe observar que, como resultado de la estrategia política de Pío IX, el sistema patronal no fue aceptado por la Sede Apostólica, cuidando que donde no se hubiera firmado un concordato se concediese oficiosamente la participación de los gobiernos. Se logró, asimismo, que las comunicaciones entre Roma y los obispos alcanzaran una adecuada regularidad. Esto último se prueba con el cumplimiento de la visita ad limina, regularizada desde fines del decenio de 1850. Así, por ejemplo, a pesar de las tensiones permanentes con la Iglesia en México, los obispos pudieron dar cumplimiento a ese precepto. Algo similar ocurrió en América Central y en Argentina. Hubo, ciertamente, zonas eclesiásticas en que las visitas ad limina tuvieron menor frecuencia, como ocurrió en Perú y Colombia. En Chile se dieron las primeras señales de regularización con Manuel Vicuña, cuando en 1831 solicitó una prórroga para cumplir con el precepto. La visita solo se normalizó en 1859, y desde el decenio siguiente las cuatro diócesis chilenas pudieron cumplir con la frecuencia exigida por el precepto, esto es, cada 10 años.
REORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA CHILENA 1828-1878: CRECIMIENTO CON IDENTIDAD
Desde el comienzo del proceso de independencia en América Latina hasta la consolidación de los países surgidos de aquel los historiadores han intentado afanosamente periodificar la historia de la Iglesia, con resultados tan diversos, que en lo único en que hay acuerdo es en que los tiempos y procesos tuvieron ritmos diferentes en los diversos países.
La Iglesia chilena fue entre las americanas la que tal vez alcanzó la más temprana estabilidad, la cual es posible fijar hacia 1828 con el nombramiento de Manuel Vicuña como vicario apostólico de Santiago y obispo residencial en 1832; el mismo procedimiento se aplicó con José Ignacio Cienfuegos en 1832, al instituirlo obispo residencial de Concepción.
Enviado José Ignacio Cienfuegos a Roma por el gobierno de Chile por segunda vez en 1827, logró que se nombrase un obispo para la sede de Santiago, acéfala por el destierro del obispo residencial José Santiago Rodríguez Zorrilla, bajo la figura de un vicario apostólico. Este hecho fue un reconocimiento indirecto de los procesos políticos que se estaban produciendo en el país, tendencia que la Santa Sede acogió con el nombramiento de Manuel Vicuña en 1828 como vicario apostólico de Santiago y reiteró en 1832 con la designación de aquel como obispo residencial de Santiago, sede vacante por el deceso de Rodríguez Zorrilla, y con la designación de Cienfuegos como obispo de Concepción. Se podría afirmar que hacia 1828 y con toda seguridad en 1832 ya no había dudas en Roma acerca del reconocimiento del país, faltando solo separar las diócesis del arzobispado de Lima. Este hecho ocurrió en 1840, al crearse el arzobispado de Santiago con tres sufragáneas: Concepción, La Serena, desmembrada de Santiago, y San Carlos de Ancud, desmembrada de Concepción.
Estos nombramientos fueron realizados por la Santa Sede con absoluta autonomía respecto de las normas del patronato español, del cual ellos dependían. Esta afirmación no excluye la existencia de tensiones entre la autoridad civil y la Santa Sede, e incluso dentro de la propia Iglesia local, como fueron las diferencias del cabildo catedralicio con Manuel Vicuña a raíz de su designación como vicario apostólico916. Vicuña fue promovido al orden del episcopado por León XII, como obispo titular de Cerán, y el presbítero Cienfuegos también lo fue como obispo titular de Rétimo y Auxiliar de América.
La Iglesia católica chilena logró tempranamente pasar de una orientación patronal a otra fundada en una visión de sociedad confesional, en la cual se la concebía libre, pero sin perder los privilegios o el apoyo del Estado. Esta mentalidad estuvo presente hasta la separación misma en 1925. Incluso se acentuó en algunos procesos, como fueron, por ejemplo, las gestiones para atender a las misiones en la zona de la Araucanía y Chiloé, la invitación a los capuchinos, que arribaron al país hacia 1848, o las gestiones del arzobispo Valdivieso durante el gobierno de Montt para incorporar la congregación de los Sagrados Corazones.
En esta materia es necesario considerar los efectos de la diplomacia chilena, que se advierten muy tempranamente con el primer viaje de Ignacio Cienfuegos a Roma, por encargo del gobierno, en 1821. Este hecho diplomático generó la primera misión desde la Sede Apostólica hacia América Latina, la misión Muzi, que abarcó no solo a Chile sino a Argentina y al Perú917. Y el segundo viaje de Cienfuegos a Roma en 1826 alcanzó los resultados directos que ya se han visto.
Roma, al instituir y llamar al episcopado a Manuel Vicuña lo hizo con plena autonomía tanto de España como del gobierno chileno. En otras palabras, la Sede Apostólica instaló la autonomía en el nombramiento de obispos y, por otro lado, abrió una vía diplomática con el nuevo estado, que se podría definir como concesión patronal oficiosa