Las disposiciones gubernamentales, que al desconcierto popular sumaron el rechazo explícito de los banqueros, escalaron la guerra contra el peso, es decir la fuga de capitales. El lunes 16 de agosto el dólar llegó a cotizarse en 120 pesos. Fue infructuoso que el gobierno diera a conocer nuevas facilidades tributarias para las empresas así como una extensión hasta diciembre del control de precios —definido el 24 de febrero—, lo cual además no quería decir gran cosa porque el propio gobierno estaba elevando los precios de sus bienes y servicios con la finalidad de reducir el déficit fiscal.
En un momento en que ya pesaba gravosamente el endeudamiento de más de 20 000 millones de dólares contratados en 1981 a corto plazo y a tasas flotantes, el gobierno todavía evitó la quiebra de Mexicana de Aviación al adquirir el 87% de sus acciones.8 Así, asumía las quiebras del empresariado, pues al crédito por 5000 millones de dólares que en rescate de Banobras había concedido al grupo Monterrey en diciembre de 1981, se sumaba ahora la adquisición de la aerolínea en quiebra financiera, que representaba una erogación de por lo menos 400 millones de dólares en los siguientes 18 meses. Pese a ello, los empresarios no sólo no apoyaban al gobierno sino que continuaban aumentando sus depósitos en la banca estadunidense para protegerse de los efectos de una devaluación monetaria que no cumplía su función, a saber: dar certidumbre sobre el tipo de cambio.
Tampoco dio certidumbre la noticia del 17 de agosto de 1982, que se refería a la declaración a la banca internacional de una moratoria involuntaria del servicio de la deuda externa mexicana por 90 días, durante los cuales se llevarían a cabo negociaciones con un Comité Asesor de Bancos para reestructurarla.
La crisis alteró sustancialmente los tiempos y la dinámica tradicional de transmisión de poderes. El presidente saliente José López Portillo debió asumir toda la responsabilidad de la gestión de la crisis, aun cuando en el gabinete económico el futuro grupo gobernante encabezado por Miguel de la Madrid se hacía escuchar principalmente a través de Jesús Silva-Herzog y de Ramón Aguirre, titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, respectivamente. El diagnóstico equivocado sobre la crisis hizo creer al gobierno que la devaluación del peso en febrero9 y las facilidades para depósitos en dólares en la banca nacional permitían controlar sus aspectos monetarios y financieros. De hecho, el presidente José López Portillo había dispuesto el retomo del Banco de México al mercado de cambios pero inmediatamente debió devaluarse la moneda nuevamente y terminó por imponerse un mercado de cambios dual.10
La política económica erraba y el país se sumía en una profunda crisis. La actividad económica se contraía, caía el empleo, la devaluación impulsaba aún más una inflación galopante que, sumada al control gubernamental de los salarios, deterioraba el ingreso real de los trabajadores.11 No obstante que el presidente electo Miguel de la Madrid aseguraba que se producirían virajes en la política económica, la ola especulativa no cesaba y se agotaron las reservas del Banco de México para cubrir sus obligaciones financieras. José López Portillo envió a Jesús Silva-Herzog, José Andrés de Oteyza y Rodolfo Moctezuma Cid, a negociar con Estados Unidos un crédito por 1000 millones de dólares. Enrarecidas como estaban las relaciones con el vecino país del norte, entre otras cosas por el apoyo de México a los sandinistas en Nicaragua,12 Estados Unidos pretendió capitalizar el apremio de nuestro país y a cambio del crédito solicitó el compromiso nacional de exportar en cuotas mensuales 110 millones de barriles de petróleo a un precio de 24 dólares el barril — es decir, 10 dólares menos de lo que en ese momento sostenía la OPEP.
La respuesta presidencial fue sorpresiva: suspendió las negociaciones. El cambio de estrategia produjo beneficios pues la declaración de una moratoria involuntaria de los pagos de amortización de la deuda externa, que fue anunciada el 17 de agosto, dio origen a nuevas negociaciones que el secretario de Hacienda juzgó fructíferas y responsables.13 La banca estadunidense, sumamente expuesta ante la deuda del Tercer Mundo y de México en particular, junto con el FMI — que desde abril había iniciado contactos extraoficialmente— emprendió negociaciones con México con vistas a reprogramar el pago de la deuda externa. De este modo se impedía la crisis del sistema financiero internacional y se conjuraba la eventualidad de que los países deudores secundaran la posición mexicana, o reclamaran una negociación global entre países deudores y banca privada internacional.
No obstante la manifiesta vulnerabilidad de la banca estadunidense, todavía Estados Unidos otorgó un crédito por 1000 millones a México con la condición de que se comprometiera a exportar crudo, a pesar de que dicho compromiso colocaba al país en posición contraria a la de la OPEP.14 Logrados los acuerdos de principio, el gobierno mexicano inició las negociaciones para reestructurar la deuda externa y suscribir una carta de intención con FMI.15
Como se mencionó, las negociaciones sobre la deuda externa no desterraron la incertidumbre y desconfianza de los ahorradores y banqueros, sobre todo de éstos, que siguieron estimulando la fuga de capitales — al 31 de agosto los llamados mexdólares ascendían a 12 000 millones de dólares. En la prensa se reconocía la importancia de las negociaciones con el exterior, pero también se insistía en la falta de credibilidad del gobierno y su ineficacia para resolver los problemas financieros; en particular, se responsabilizaba al gobierno de la caída de la actividad productiva y del empleo, la inestabilidad del peso, el aumento de la inflación, la quiebra de empresas y la fuga de capitales.
LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA
A fines de agosto la situación ya era insostenible. Se requerían medidas prontas que restituyeran el control oficial sobre el sistema financiero nacional. Entonces el presidente López Portillo debió asumir que las políticas financieras aplicadas habían sido infructuosas para estabilizar el tipo de cambio, contener la fuga de capitales.16 Entonces ultimó los detalles de lo que más tarde se supo era la "quinta opción"17 para atajar la crisis financiera de México. Se trataba de una propuesta radical que sigilosamente venía trabajando a pedido presidencial un selecto grupo a cargo de Carlos Tello Marías y que consistía en nacionalizar la banca, establecer un control generalizado de cambios y descentralizar al Banco de México.
La "quinta opción" no era desconocida por el presidente electo Miguel de la Madrid, quien desde julio de 1982 había manifestado su rechazo a la nacionalización de la banca porque dañaría a su gobierno y entorpecería las negociaciones con la comunidad financiera internacional. El presidente López Portillo le había prometido consultarlo antes de tomar la decisión, pero no lo hizo.18 Tomó unilateralmente la decisión con la que se propuso no sólo contener la fuga de capitales sino también dar una lección a los "sacadólares", como se les llamaba a los banqueros en aquellos días.
El 1 ° de septiembre, horas antes de rendir su sexto y último informe de gobierno, el presidente López Portillo reunió a su gabinete para darle a conocer las dos decisiones que presentaría a la nación: la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios. Horas después, en el Palacio Legislativo, el presidente de México declaraba que "la especulación y el rentismo despojan