Tenemos que organizamos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle recursos financieros para seguir adelante; tenemos que detener la injusticia del proceso perverso: fuga de capitales-devaluación-inflación que daña a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan.
Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país, y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y lo justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.
Las medidas fueron un cubetazo de agua fría para la elite financiera del país y no dejó de intimidarla la promesa presidencial de entregar al Poder Legislativo la lista de los sacadólares. Para colmo de incertidumbres, esa mañana del 1° de septiembre de 1982 el presidente no precisó cómo se procedería en la nacionalización de la banca ni el destino de los activos de los bancos. Ésas serían precisiones que haría en días posteriores el nuevo director del Banco de México.
El ambiente político del país fue muy favorable para un presidente que todavía el 31 de agosto estaba muy devaluado y en quien nadie creía desde febrero de 1982, cuando se había comprometido a defender el peso — como un perro. Ahora, no obstante los errores de 1981, las vacilaciones y el saqueo del Banco de México, tomaba iniciativas que sí le aseguraban al Estado el control efectivo del sistema financiero y monetario nacional, y su imagen y credibilidad parecían recuperarse.
Ese mismo día se produjeron definiciones políticas importantes. La más decisiva para el régimen fue la declaración del presidente electo Miguel de la Madrid, que aprobó y justificó la decisión argumentando que "el Estado no puede permitir el avance de situaciones críticas que amenazan con daños graves al interés nacional, y particularmente a las mayorías de nuestro pueblo". A su vez, saliendo del recinto legislativo, el presidente de la Asociación de Banqueros declaró que no compartía el diagnóstico presidencial de la crisis e hizo escarnio de la medida al observar que en realidad se nacionalizaban las deudas de los bancos, al tiempo que advertía que con los decretos no se enfrentan los problemas esenciales que planteaba la crisis.19
Los partidos políticos de la oposición de centro e izquierda apoyaron la medida y de hecho exigieron que fuese el inicio de un verdadero viraje en la orientación de la política económica del gobierno.20 Los sectores progresistas católicos la encontraron concordante con la doctrina social de la Iglesia.21 Por su parte, los partidos Acción Nacional (PAN) y Demócrata Mexicano (PDM) rechazaron la nacionalización de la banca y el control de cambios.22 Como era de esperarse, el apoyo de la cúpula del PRI fue entusiasta pese a que el futuro presidente era tildado de neoliberal,23 y a través de sus organizaciones obreras, campesinas y del llamado sector popular, ordenó marchas, mítines y un alud de inserciones pagadas en los principales diarios nacionales en apoyo a esa medida "inspiraba en los auténticos postulados de la Revolución mexicana".
Indignados y encabezados por Manuel J. Clouthier, los banqueros se declararon en sesión permanente y advirtieron que buscarían la protección de la ley ante la arbitrariedad del Estado.24 El 3 de septiembre de 1982, también en un desplegado en los principales diarios nacionales, el CCE responsabilizó al gobierno de la crisis financiera y señaló que con la nacionalización el gobierno trataba de culpar y descargar el costo del fracaso de su política económica. Reivindicó a la banca mexicana como una de las más profesionales y responsables del mundo, y señaló que la fuga de capitales se debía a que los ahorradores habían perdido la confianza en sus gobernantes, de donde dedujo que el gobierno era el verdadero responsable de la ola especulativa que había vaciado las arcas del Banco de México. Desesperados, los banqueros buscaron restar legitimidad a la medida, y sostuvieron que: "la estatización de la banca es un golpe definitivo a la actividad empresarial privada y una señal clara de la entrada del país al socialismo".25
Es importante precisar que en los partidos políticos y grupos sociales la opinión sobre la nacionalización de la banca dejó ver que era moderada frente a la agresividad empresarial. Así, de acuerdo con una encuesta de opinión sobre la nacionalización de la banca entre simpatizantes de los partidos y personas según su nivel de ingreso:
...mientras que los simpatizantes del PAN, PDM, y PARM, así como los abstencionistas y sin-opinión, registraron el menor porcentaje de respuesta muy bien en los niveles del 8 al 13%, los partidarios del PSUM y PMT, por el contrario registraron los porcentajes más altos en niveles del 31%. Los simpatizantes del PRI, PRT y PST se mantuvieron entre el 21 y 26% [...] La influencia de la posición de individuos por su nivel de ingreso se manifestó con claridad [... ] las opiniones más negativas (21% de mal y muy mal) correspondieron a quienes obtenían ingresos superiores a 8 salarios mínimos, en tanto que las más positivas (60% de bien y muy bien) fueron presentadas para los estratos de ingreso medio alto (de 4 a 8).26 (cursivas del autor)
La comunidad financiera internacional no vio en la medida el tránsito al socialismo sino el control oficial de un sistema financiero en bancarrota. La nacionalización, además, aseguraba a los acreedores el pago de las obligaciones en dólares de la propia banca, y dado el tenor de las negociaciones con el Comité Asesor de Bancos y el FMI, aseguraban que México reconocería sus deudas e impediría con ello la quiebra de los bancos privados y la crisis del sistema financiero internacional.27
Después de un feriado de dos días hábiles, el 6 de septiembre se abrieron los bancos, ya con Carlos Tello Macías como director del Banco de México, en sustitución de Miguel Mancera Aguayo. Poco a poco se fueron disipando las dudas y el público recobró cierta confianza en la banca nacionalizada, sobre todo una vez que abortó la iniciativa empresarial de realizar un paro nacional en protesta por la nacionalización.28 Asimismo y conforme al decreto publicado en el Diario Oficial, se precisaron los términos de la expropiación-nacionalización29 y del control generalizado de cambios.30
En lo particular, se insistió en que se expropiaba a las instituciones, no a sus dueños o accionistas, aclarándose además que los depósitos en los bancos y en sus cajas de seguridad no pertenecían al gobierno sino a sus titulares, entre tantas inquietudes planteadas por una sociedad sorprendida y sujeta a una guerra psicológica por parte de los medios de información que apoyaban a los exbanqueros. Con sigilo y en medio de tensiones y conflictos en el seno del gabinete del presidente saliente, se aprobó la reforma a la ley orgánica del Banco de México, pero en cambio el director de dicha institución perdió ante la Secretaría de Hacienda dos iniciativas: la descentralización del Banco de México y los términos de la indemnización a los banqueros expropiados.31
La transición de poderes se dio en medio de notables diferencias de opinión entre los grupos saliente y entrante, pues debían tomarse decisiones que comprometían