El desempeño económico y la economía familiar no correspondieron con la euforia gubernamental. La disminución de la inflación hasta un dígito, el descenso de la tasa de interés, el control del tipo de cambio, el saneamiento de las finanzas con la renegociación de la deuda externa y los recursos de privatizaciones, así como el aumento de las exportaciones y de la inversión privada, nacional y extranjera, no condujeron al país por la senda del crecimiento sostenido. De hecho, después de 1991 se debilitó el crecimiento económico y aumentó la pobreza de los hogares, al tiempo que la subvaluación del tipo de cambio aumentaba el déficit externo, es decir, la necesidad de divisas y la de inversión extranjera, que sin controles de entrada y salida, se colocaba en dólares en la bolsa. La notable expansión del crédito al consumo y la inversión sin medida, era un hecho más preocupante que signo de prosperidad, pues implicaba vulnerabilidad financiera ante problemas de insolvencia de los deudores, situación en que ya se encontraban algunos bancos privatizados dos años antes.
El gobierno de Salinas logró convencer de que en México las cosas se estaban haciendo bien, que había "rumbo y mando", como le gustaba decir al secretario de Hacienda. En la comunidad financiera internacional se hablaba del "modelo mexicano" y la aprobación por el congreso estadunidense del TLC en noviembre de 1993 fue vista como su prueba más fehaciente. Salinas comenzó a considerar seriamente su candidatura para presidir la naciente Organización Mundial del Comercio. Para desconcierto de muchos, tomó distancia del neoliberalismo y propuso el liberalismo social como nuevo ideario gubernamental, insistiendo en que respondía fielmente a los postulados ideológicos de la Revolución mexicana de 1910. Para acallar las críticas por el empobrecimiento de la población, ordenó y publicitó un estudio (INEGI-CEPAL, 1993) donde se afirma que durante su gobierno la pobreza extrema estaba disminuyendo.
El año de 1994 fue dramático para la sociedad mexicana, mientras el grupo gobernante brindaba por el inicio del TLC, estalló en Chiapas una rebelión indígena cuyas demandas eran paz, justicia y dignidad. El Ejército Mexicano y el Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) combatieron durante 12 días en los Altos de Chiapas, hasta que la movilización popular en las ciudades y la opinión pública internacional obligaron al régimen a suspender la guerra e iniciar negociaciones políticas. En marzo de ese año fue asesinado el candidato a la presidencia del partido oficial, Luis Donaldo Colosio, hecho cuyo precedente más cercano fue el asesinato del presidente electo álvaro Obregón en julio de 1928.
La violenta crisis política conmovió a México y distrajo la atención sobre la creciente vulnerabilidad financiera, a pesar de que eran evidentes el alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la sobrevaluación del peso, la inadecuada supervisión de los bancos privados que acumulaban una amenazante cartera vencida así como el hecho de que las inversiones en tesobonos — crecientes desde el segundo semestre del año— de extranjeros y nacionales estaban indexadas al dólar y tenían vencimientos en plazos breves, razón por la que el gobierno debía utilizar las reservas del Banco de México para solventar más de 16 00 0 millones de dólares, entre otros factores.
El 1o de diciembre de 1994 tomó posesión como presidente Ernesto Zedillo. En su discurso reiteró su compromiso con la política económica vigente, reconocido en las aportaciones de Salinas a la modernización de México, y definió un programa en el que reiteró que trabajaría para el bienestar de la familia. Subestimó la magnitud de las amenazas que se cernían sobre la economía mexicana y consideró "manejables" y transitorios los desequilibrios comerciales y financieros, las presiones sobre el tipo de cambio y las inversiones extranjeras y nacionales en la bolsa de valores indexadas al dólar. Con esa misma convicción, días después, presentó ante el Congreso de la Unión una política económica optimista para 1995. La fuga de capitales ante la expectativa principalmente de nacionales de una devaluación, hizo que el gobierno se rindiera ante la fuerza de los hechos. Pretendió negociar mediante el Pacto de Solidaridad Económica una devaluación moderada con los dirigentes empresariales, obreros y campesinos. La respuesta fue una escalada especulativa contra el peso que supuso la salida de 4 600 millones de dólares en sólo dos días.
El gobierno debió reconocer que se había equivocado y la responsabilidad recayó sobre el recién nombrado secretario de Hacienda, quien renunció al cargo. El gobierno de Ernesto Zedillo invocó la ayuda de Estados Unidos y de los organismos multilaterales, los cuales organizaron el salvamento de México con crédito de 50 000 millones de dólares, a cambio de que se aplicara un severo programa de ajuste recesivo, no se repudiara la deuda externa y se entregaran en fianza los recursos que el país captaba por exportaciones de petróleo. La crisis de 1995 resultó ser más profunda que todas las anteriores del siglo XX. En ese año el PIB decreció en 6.9%, el desempleo abierto aumentó en 70% y la tasa de inflación pasó de 7 a 52% , de forma que los salarios reales se desplomaron y la pobreza aumentó de 56 hasta 70% de la población. Sin dinero la gente y las empresas, los bancos acumularon una cartera vencida, asumida por el Estado mediante el Fobaproa-IPAB.
Entre 1996 y 2000 la economía nacional inició una nueva fase expansiva que elevó el PIB a una tasa promedio anual de 5.6%. La inflación fue controlada paulatinamente hasta que nuevamente se situó en un dígito, el tipo de cambio se estabilizó y se reanimó el proceso de inversión privada y el flujo de inversiones extranjeras. Las manufacturas encabezaron el proceso de crecimiento, destacando el alto crecimiento del sector exportador, en el cual debe destacarse la duplicación del número de empresas maquiladoras que al final del gobierno de Ernesto Zedillo generaban más de un millón de empleos.
Pese a la indudable recuperación económica, debe señalarse que el auge exportador de las manufactureras no logró "arrastrar" a las actividades volcadas al mercado interno, que crecieron pero a ritmos moderados. El salario real aumentó, así como la ocupación. Tan sólo en el 2000 se generaron poco más de medio millón de empleos formales y la tasa de desempleo abierto en las áreas urbanas se redujo a 1.7% , el más bajo desde 1985, aun cuando el empleo informal alcanzó a 40% de la población económicamente activa (PEA).
El crecimiento económico de la era zedillista revirtió las graves consecuencias sociales de la crisis de 1995 pero no fue más allá. En 2000 la pobreza compromete la calidad de vida de la mitad de la población, cifra equivalente a la de 1994, y la distribución del ingreso aumentó en poco más de cinco, situándose el índice de Gini en 0.481 en el año 2000, lo que convierte a México en el segundo país latinoamericano con la concentración más alta.
Durante el régimen de Ernesto Zedillo se consolidó el modelo de economía abierta de Estado mínimo y México se insertó de manera definitiva a la economía global. Debido a que Estados Unidos sigue siendo principal origen y destino de nuestras compras y ventas en el exterior, así como del capital extranjero invertido en el país, el desempeño económico nacional ha quedado atado a la marcha de la economía del vecino país del norte, que en la década pasada vivió la fase expansiva más prolongada del siglo XX. Los problemas principales que enfrenta la economía abierta de Estado mínimo pueden resumirse en las dificultades para arraigar el crecimiento económico en el mediano y largo plazos y reducir el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso que mantiene a la mitad de la población en la pobreza.
De cara al siglo XXI, el quehacer gubernamental no debiera empecinarse en cumplir a plenitud con el decálogo sugerido por el Consenso de Washington, a saber: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, apertura a la inversión extranjera directa, liberalización comercial y financiera, privatizaciones de empresas públicas, competitividad del tipo de cambio, desregulación y garantía a los derechos de propiedad. El apremio por reorientar las intervenciones públicas y la propia discusión nacional se desprende no sólo de que en lo esencial la economía mexicana ha sido transformada conforme a ese canon, sino porque los resultados de las reformas han sido magros en términos de crecimiento económico y han aumentado los riesgos del país ante cambios en el sistema global sin contar con los instrumentos que permitan encararlos.
El objetivo neoliberal por la estabilidad macroeconómica ha sacrificado la recuperación del mercado interno y acrecentado la desigualdad económica y social. Por consiguiente, en la agenda nacional tiene prioridad la identificación de las reformas al modelo neoliberal que orienten