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los datos respecto a la cantidad de personas que en efecto han tenido la posibilidad de ingresar al territorio común europeo gozando del estatus de refugiado, frente a aquellos que habrían de haberlo hecho en virtud de las cuotas establecidas pero no han podido hacerlo, debido a los obstáculos erigidos.

      Tabla 1. Establecimiento y cumplimiento a las cuotas de refugiados

PaísTotal de refugiados acogidosCuota inicialmente acordadaCumplimiento del acuerdo
Alemania7.85227.53628,52%
Austria151.9530,77%
Bélgica2.3575.94739,63%
Bulgaria501.3023,84%
Chipre13032040,63%
Croacia789688,06%
Eslovaquia169021,77%
Eslovenia21756738,27%
España1.2579.32313,48%
Estonia14132942,86%
Finlandia1.9512.07893,89%
Francia4.27819.71421,7%
Hungría01.294No se acogió al acuerdo
Irlanda487No se le requirió para acoger a refugiados
Letonia32148166,74%
Lituania38267156,93%
Luxemburgo38255768,58%
Malta148131112,98%
Noruega1.508No se le requirió para acoger a refugiados
Países Bajos2.3575.94739,63%
Polonia06.182No se acogió al acuerdo
Portugal1.4152.95147,95%
República Checa122.6910,45%
Suecia1.9033.76650,53%
Suiza1.122No se le requirió para acoger a refugiados
Total28.39795.61029,7% se ha cumplido

      Fuente: Diario El Mundo, España, 2018.

      Los datos que se presentan son la conciencia de una realidad devastadora, una realidad que sería inhumano ignorar. Acudiendo a Primo Levi (2010), la indiferencia colectiva ante la violación masiva de los derechos humanos plantea una actitud punible, haciendo referencia ante lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial y cómo la indiferencia que se produjo en ese momento, la falta de reclamos y el testimonio distante de atrocidades hizo de los ciudadanos comunes, aliados del régimen genocida. Estar en silencio y no poder realizar actos de oposición puede ser tan reprensible como los actos perpetrados por el régimen.

      De las necesidades de la persona migrante

      Ante este escenario, es pertinente preguntarse cómo está preparada la Unión Europea para atender las necesidades de miles de personas que buscan asilo en ese territorio, bajo la creencia de que es la única forma posible de sobrevivir. Esa supervivencia viene junto con la necesidad de tener un trabajo decente y estable, acceso a educación de calidad; significa atención oportuna a los problemas de salud y encontrar un lugar dentro de la sociedad de acogida. Significa sentirse bienvenido y capaz de seguir un plan de vida, y no solo para sobrevivir.

      Es importante conocer las estadísticas de las posibilidades actuales que tienen los ciudadanos europeos con respecto a esos mismos asuntos. El mercado de trabajo en la Unión Europea pudo ofrecer a 71,1% de las personas entre las edades de 20 y 64 años un lugar de trabajo o una oportunidad de trabajo decente (Eurostat, 2017). Al analizar esas mismas estadísticas, país por país, los resultados relativos a las naciones con menor cobertura de espacios de trabajo serían Yugoslavia-Macedonia, 53,3%; Turquía, 54,4% y Grecia, 56,2%. En el otro extremo, los países con mayor capacidad para ofrecer un espacio de trabajo decente y su cobertura son: Suecia con 81,2%, Suiza, 82%, e Islandia con el 87,8% de la población activa y empleados.

      Con respecto al acceso a la salud, la mayoría de los países de Europa tienen lo que se conoce como un sistema de acceso universal en cuestiones de salud. Que, en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), significa que hay un acceso garantizado para todos, a los servicios de salud esenciales. Ser de la mejor calidad y procurar a las personas los medicamentos, las vacunas, los seguros efectivos y asequibles y la protección especial contra posibles riesgos financieros debido a problemas de salud. Significa que las personas pueden contar cómodamente con los servicios de salud médica, sin tener que enfrentar dificultades financieras para cubrirlos, y que las instalaciones incluyen procesos preventivos, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos (OMS, 2017).

      En cuanto a la Educación Primaria Universal planteada en uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como anhelo para muchos, desde hace más de cien años es una realidad dentro de Europa.

      Siendo así, es posible llegar a pensar que, con base en las cifras anteriores, Europa debería estar en condiciones de proporcionar, si no de manera definitiva; una solución transitoria decente para las personas que han solicitado asilo, de diversas formas. Por ejemplo, al otorgar un acceso básico al sistema de salud, lo cual se traduciría a su vez en un mecanismo de prevención ante la proliferación de enfermedades. También, al reconocer la capacitación profesional, técnica y tecnológica de quienes llegan y la educación previa adquirida en sus territorios de origen.

      Actualmente la UE ha acordado una serie de medidas para hacer frente a la crisis migratoria10, entre las que se incluye tratar de resolver las causas, reubicación a los solicitantes de asilo que ya se encuentran en Europa, reasentar a las personas necesitadas de los países vecinos e incrementar la ayuda a las personas que necesitan asistencia humanitaria. Pero lo anterior no se convierte en una solución a la población migrante en la UE, muchos de estos procesos son demorados y no permiten tener atención oportuna y prudente a la situación por la que atraviesan estas personas.

      Conclusiones

      En el año 2014 el número de solicitantes (563.000 personas) de asilo en países de la Unión Europea y especialmente del Mediterráneo comenzó a ascender. Los años 2015 (1.257.000 nuevos solicitantes) y 2016 (1.206.000 nuevos solicitantes) marcaron los picos más altos de solicitantes, y a partir del año 2017 (655.000 nuevos solicitantes) esa cifra comenzó a descender, teniendo como cifra más reciente los datos correspondientes al año 2018 con 581.000 nuevos solicitantes de asilo (Eurostat, 2019).

      Lo anterior encuentra un reflejo en la toma de decisiones políticas consideradas violatorias de los derechos fundamentales e inconscientes de la condición humana. Varios países de la UE intentaron mantenerse al margen de la situación y para lograr frenar dicho éxodo comenzaron a construir vallas y muros en las fronteras que no permitiesen el paso de migrantes, desde los países en conflicto. En la provincia turca de Erdine, hay una valla de 12,5 kilómetros, construida desde el 2013 y que fue financiada con tres millones de euros de fondos europeos. Por su parte, Bulgaria decidió por medio de apoyo económico comunitario, construir 112 kilómetros de alambrado en localidades fronterizas. Lo mismo sucede en países como Hungría y España (Vargas, 2016). Esfuerzos económicos que en lugar de estar siendo dirigidos hacia la implementación de soluciones sostenibles y socialmente integradoras de la persona desplazada contribuyen al aumento de brechas segregacionistas.

      Dicho cierre terrestre de fronteras incrementa la migración por afluentes que se convierten en un riesgo inminente para cientos de migrantes. El Mediterráneo, por ejemplo, se ha convertido en un obstáculo que ha acabado con la vida de miles de personas que buscan llegar a Europa, navegando en él. Desde el 2014, los muertos superan la cifra de 3.000 cada año, incluso el 20 de abril de 2015 un hundimiento de un barco pesquero a 120 millas al sur de Lampedusa acabó con la vida de 700 personas que buscaban llegar a Europa; para finales del 2017, la cifra llegó a los 3.003. Desde el 1.o de enero de 2018 al 24 de septiembre de 2018, 1.730 personas perdieron la vida (OIM, 2018).

      La decisión de restringir el ingreso de más refugiados es opuesta a los ideales detrás de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tanto ha sido referenciada como fundacional en los principios constitucionales de los países mediterráneos. La ayuda humanitaria se ve obstaculizada, las nuevas barreras crean más desorganización y patrocinan el tráfico de