La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad»42. Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero»43. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo»44.
Contrariamente, según la denuncia del senador comunista Carlos Contreras Labarca, la huelga tenía motivos estrictamente económicos, irresuelta por la intransigencia de las compañías y completamente alejada de cualquier motivación revolucionaria. No obstante, la acción gubernativa seguía una lógica bélica, tal como lo expresó en el Senado: «Actualmente, la zona del carbón se encuentra –puede decirse– en estado de guerra y los obreros son tratados como si no fueran chilenos. Se han movilizado el Ejército, la Marina y la Aviación. Los cerros que rodean las minas están cubiertos por cañones de artillería y cada quince minutos se hacen volar sobre los campamentos aviones de la Fuerza Aérea cargados de bombas»45.
En la tercera semana de octubre de 1947, los minerales de Sewell y Chuquicamata y las salitreras María Elena, Vergara en Antofagasta, así como Victoria, Humberstone y Alianza en Tarapacá se declararon en huelga. El gobierno respondió con decretos de Zona de Emergencia para las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins, con lo cual se produjo la ocupación militar de los campamentos mineros y oficinas salitreras, ordenándose la reanudación de faenas y la detención de setenta dirigentes comunistas. De acuerdo a las Memorias del entonces Presidente de la República, los Jefes de Zona, generales Silvestre Urízar en Antofagasta, Guillermo Aldana en Tarapacá y Humberto Luco en Sewell, procedieron a ocupar militarmente dichas faenas y, en el caso de las oficinas salitreras, «las escuelas fueron invadidas por los militares, quienes cumplían órdenes. Hay despidos de obreros, han sido mandados al sur de Copiapó con todas sus familias; a los familiares de los relegados se les han botado sus enseres a la calle, dando un plazo de 24 horas para que abandonen las oficinas, siendo los relegados embarcados al sur con rumbo desconocido»46. Según el testimonio del entonces teniente Aquiles Levensberg, los nombres de los detenidos en la oficina Alianza fueron entregados por los carabineros, quienes indicaban la vivienda del obrero y el método de detención: «Es muy sencillo. Yo le indico dónde vive la gente y usted toma al “gallo” y se lo trae al cuartel. Le pregunté ¿y si se resiste?. “Bueno –contestó–, quiere decir entonces que hay que darle un culatazo para que entre en razón”»47.
Para la fecha, todos los centros mineros del país estaban bajo control militar, y los derechos constitucionales, suspendidos.
A comienzos de noviembre de 1947, el buque de la Armada, Araucano, procedente de Lota y Coronel, llegó a Iquique trasladando a los «relegados de la zona carbonífera» en número de 93, «acompañados de 27 familiares», a los que se sumaron 24 relegados de Santiago, en viaje a su lugar de destino: «El Araucano zarpó hoy a Pisagua, sitio de relegación de los [presos] mencionados. Además lleva madera para habilitar barracas en donde serán concentrados; también lleva víveres»48. Entre los «trasladados figuran obreros, empleados, maestros, etc., tanto de las oficinas salitreras del interior como de este puerto, los cuales ya se encuentran en Pisagua»49.
Tal fue la experiencia de la profesora, regidora y alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Lota, Blanca Sánchez Sagredo, quien fue «detenida los primeros días siguientes al decreto de reanudación de faenas, mantenida incomunicada por las autoridades policiales de la región, en la sección de Investigaciones de Concepción, trasladada luego a Santiago, en el mismo carácter, el día 13 de octubre y transportada a Pisagua, punto de su relegación50, dos horas después de haber sido recibido el recurso de amparo interpuesto en su favor. Durante todo este tiempo, la regidora Blanca Sánchez Sagredo fue mantenida en lugares destinados a la detención de inculpados de delitos comunes, con violación del artículo 72 No. 17 de la Constitución Política y de las leyes nos. 8.837 y 5.163, que establecen, sobre el particular, que el arresto no puede ser en lugares que sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes»51. Más aún, su abogado defensor Mario Rojas, que interpuso el recurso de amparo, fue también apresado el 22 de octubre.
El buque Araucano recibió a los 2.200 obreros detenidos en la zona del carbón y en Santiago, una vez que fueron interrogados por la autoridad militar, con el objetivo de «establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares»52. Luego, zarpó con destino a Iquique.
Por otra parte, la barcaza Bolados de la Armada viajó llevando ropas y camas para las personas que fueron «trasladadas» a esa localidad. Sus familiares, incluso, llevaban material de construcción de galpones53.
Los «trasladados» de fines de 1947 correspondían a una gran cantidad de trabajadores de sectores económicos estratégicos, que habían protagonizado sostenidas huelgas desde 1945, quienes arribaron masivamente a Iquique, para ser llevados a la ciudad de Pisagua. En esa primera oleada llegaron obreros, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), profesores y militantes con cargo políticos, como Intendentes, alcaldes y regidores. Como informaban las autoridades militares, Pedro Álvarez López había sido detenido en la oficina Humberstone, acusado de habérsele encontrado panfletos que violaban las disposiciones de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. Álvarez era dirigente del sindicato industrial de la oficina Santa Rosa de Huara en Tarapacá y exmilitante comunista. Su detención habría ocurrido por la denuncia de «los dirigentes socialistas de Humberstone [que] lo acusan de comunista»54. Por esos mismos días, 17 dirigentes sindicales y políticos de Sewell arribaron a Iquique. Como recordaba décadas más tarde el militante comunista Samuel Riquelme, «la pista se puso cada vez más pesada. En la segunda mitad de 1947 comenzaron las detenciones masivas de militantes, sobre todo del movimiento sindical. Miles fueron enviados a Pisagua, donde el traidor hizo abrir un campo de concentración. A otros los mandaban relegados a los pueblos del altiplano, a cuatro mil y más metros de altura, o a la isla de Melinka, en el extremo sur»55. El 22 de octubre de 1947 fueron detenidos en Iquique: José T. Barrera, alcalde de la comuna; Rómulo G. Chandía, regidor y profesor de la Escuela No. 1; L. Córdova, empleado del diario; Pedro Pradenas, profesor del Instituto Comercial; Mario Rodríguez, profesor de la Escuela No. 5; Ángel Veas, exdiputado y exIntendente de Tarapacá; Ricardo Ahumada, presidente del sindicato de ferrocarril salitrero, entre muchos otros.
Una vez decretada la Zona de Emergencia en la provincia de O’Higgins, el alcalde de Machalí fue detenido y trasladado a Pisagua, junto a Aniceto Martínez, Luis Baeza y Víctor López, todos regidores comunistas. Los cientos de dirigentes sindicales detenidos en Antofagasta, Tocopilla, salitreras María Elena y Pedro de Valdivia llegaron a Pisagua, como también los alcaldes y regidores de esas ciudades y posteriormente, tras las segundas facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en enero de 1948, «243 dirigentes