De encubrimiento también podríamos tildar la actitud de los alcaldes de los municipios coruñeses de Padrón y Val do Dubra en 1944. Ambos decidieron no iniciar diligencias contra varios individuos de sus ayuntamientos que infringían la ley de pesca fluvial, lo que les granjeó una queja por parte de dicho organismo ante el Gobierno Civil de A Coruña.35 También en relación con la pesca ilegal podemos mencionar el papel de la Hermandad del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo, que intercede con motivo de unas sanciones que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial había puesto a varios vecinos. En este caso, la intervención se debía a la necesidad de la institución por hacerse popular entre sus encuadrados y, de hecho, admite explícitamente que «la cuestión pudo ser resuelta satisfactoriamente, con gran contento de los agricultores-ganaderos interesados, que vieron en la práctica los beneficios que les reporta estar encuadrados en la Organización Sindical Agraria».36 Otra ruptura de su papel como correa de transmisión de órdenes superiores y primer ente sancionador fue la protagonizada por el alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira al autorizar a los vecinos a realizar libremente matanzas de cerdos en el invierno de 1942, por lo que la Fiscalía Superior de Tasas le abrió expediente.37
Los miembros del clero parroquial se revelan también en ocasiones como «protectores» de los descontentos de los fieles de sus parroquias, evidenciando cierta solidaridad. Esta puede ser medida en la mayoría de las ocasiones en clave de defensa de sus propios intereses. Acciones como encabezar las cartas de queja contra la repoblación de los montes vecinales, en las parroquias en las que ejercían su labor pastoral, eran relativamente usuales. Eduardo Rico (1999) ha documentado varios casos. En el municipio de Baralla los párrocos de las aldeas de Guimarei, Constantín, S. Xoán de Arroxo, Sobrada do Picato, Pacios y Vilachambre fueron los firmantes únicos de la petición de descatalogación de los montes vecinales de dichas parroquias para evitar la reforestación. Un caso parecido fue el ocurrido en el municipio de Castroverde, donde el cura de Montecubeiro personalizó el descontento de los vecinos de sus curatos. El protagonismo de los párrocos en ocasiones es compartido con otras autoridades de las mismas parroquias, como eran los alcaldes pedáneos. En O Saviñao, por ejemplo, ambas autoridades firmaron en las cartas de protesta de dos parroquias. Otras veces los curas optaron por comportarse como un vecino más y firmar entre el conjunto de los solicitantes de la no repoblación forestal. Eso ocurrió en parroquias como la de Viduedo, en O Incio; en la de Folgoso, en O Corgo, y en las parroquias de Chave y Reiriz, en O Saviñao.
A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.
Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.
Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento.38 Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:
... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado