«Agricultores y ganaderos, que forman el total de la población de la provincia, se agrupan con un sentido pleno de unidad al lado de todo lo que representa el Caudillo», señalaba el jefe provincial de Falange de Lugo para comenzar sus partes mensuales sobre el «ambiente» en 1946.20 El ingeniero de montes Martín Lobo, en el año 1965, con motivo de la conmemoración de los «25 Años de Paz», afirmaba que en todo el tiempo transcurrido desde 1936 el rural vivía una auténtica «paz octaviana» (Rico, 1999: 374). Para argumentar su discurso propagandístico la dictadura realizaba una exposición de los que consideraba sus principales logros (hectáreas de monte repobladas o realizaciones en la política de colonización o en su «obra social»), donde los labradores eran presentados como convencidos de las virtudes de las políticas de Franco. Se instrumentalizó una imagen tópica (que los resultados de una década de investigaciones desde la economía y la historia agraria desmienten) de un campesinado ajeno a la conflictividad consustancial a otras formaciones sociales agrarias. Se destacaba, con un fin apologético-instructivo, su carácter servil, su falta de conciencia de clase y su arraigado individualismo. Estas características, repetidas hasta la saciedad, conformaron una tan intencionada como distorsionada imagen del conservadurismo tradicional y esencial de los sectores campesinos (Soutelo y Varela, 1994). Lo que sí es cierto, como argumenta Julia Varela (2004), es que la retórica oficial del franquismo pudo ejercer una cierta influencia en la representación que de sí mismos hicieron los labradores, lo que conllevó la desvalorización y el olvido de acciones y actitudes que rompieran esa idealización.
Las apariencias relegan al terreno de lo inexistente lo que sí parece tener cabida en otras zonas de España, incluso de la España que también formó parte de la retaguardia de los sublevados y que acertadamente verbaliza Rafael Cruz:
al ser la respuesta de las autoridades franquistas desproporcionadamente represiva, numerosos individuos, grupos sociales y asociaciones políticas, si bien en ocasiones se enfrentan directamente al régimen, han ido inventando y articulando una acción colectiva diferente, menos costosa, más formativa, que permitirá la creación y la extensión de una cultura política ampliamente compartida en total pugna con la cultura política gubernamental. Esta movilización del consenso y resistencia elíptica no condujo a una lucha en la calle ni se dilucidó en campo abierto, sino en los escenarios y plateas de teatros independientes, libros muy asequibles, revistas, cines, y a través de otras redes sociales de comunicación y actuaciones colectivas que no cesaban de significar protesta, al comunicar, difundir, extender una definición antifranquista de la situación española, y al crear y propagar un sentido de injusticia ligado a la naturaleza del régimen (Cruz, 1998: 145).
Nuestro objetivo es aprehender estas formas de disenso en la actitud de la población rural, porque el régimen podía promulgar muchos tipos de medidas y eran numerosas sus intenciones, pero ¿consiguió hacerlas cumplir tal y como anhelaba?, ¿hasta qué punto tuvo éxito en la imposición de gran variedad de medidas promulgadas en lo que afectaba al rural?, ¿tuvo que enfrentarse a algunas limitaciones y adaptaciones su éxito? Se trata de dibujar la naturaleza de la resistencia civil para poder confirmar el tópico que describe la actitud de la población como resignada o, por el contrario, desecharlo y proceder a su matización. Igualmente se plantea el objetivo de comprobar si es posible considerar la resistencia civil como un movimiento de masas, teniendo en cuenta que ser contrario a las disposiciones del Estado no equivale a optar por la resistencia mecánicamente como modo de actuación.
Comenzamos, antes de entrar en materia, por dejar claros los presupuestos que nos mueven en este punto. Entendemos que no conduce a nada situar en los extremos la interpretación de las actitudes propias de la resistencia civil: no son muestra de un implacable antifranquismo, pero tampoco remiten a una realidad falta de significado. Son evidencia de una conflictividad inscrita en la cultura política del campesinado. Su alcance social es indiscutible, al igual que su capacidad movilizadora. En muchos casos es una conflictividad de baja intensidad vinculada a la cotidianidad, que consigue relevancia en el contexto en el que surge porque provoca la aparición de focos de tensión entre la sociedad y el régimen dictatorial. Se trata de acciones que subrayan la voluntad de conservar principios propios y que implican la habilitación de herramientas que mejoran sus condiciones de vida. Son elementos indicativos del rechazo y de la desaprobación con los que el régimen implantó sus políticas y con los que convivieron sus formas de actuación, pero están muy lejos de suponer la repulsa del sistema o un sentido antifranquismo. Debemos tener presente, también para conseguir una interpretación certera sobre la conflictividad, que uno de los principios básicos que decían defender los sublevados era el orden. Su obsesión por conseguirlo llegó a convertirse en una necesidad psicológica, en un argumento al que recurrir con frecuencia para justificar sus actuaciones. Esta fijación provocó a una confusión entre lo que era «orden público» y la disidencia política, asimilándose ambos conceptos como un todo homogéneo. El paso siguiente fue tratar de mantener la paz social a toda costa, por lo que la represión de la conflictividad alcanzó niveles ciertamente extremos.
LA ELECCIÓN DE UNA ACTITUD ANTE EL FRANQUISMO: OPONERSE, RESISTIR, ADAPTARSE
Si hay algún terreno en el que la subjetividad y la variabilidad sean la norma, este es el de los comportamientos y actitudes de la población hacia un sistema político. Más aún si nos encontramos, como es el caso, ante un régimen dictatorial. A. Lüdtke señala que, para la población alemana que vivió el nazismo, «... los casos indican la permanencia de diferentes modos de comportamiento en los individuos. Estos no siguieron una línea recta, sino un zigzag. El paso de la no complacencia, a la complacencia, e incluso, al activo entusiasmo, no era un cambio lineal» (Lüdtke, 1992: 49). Jordi Font, en su estudio sobre las actitudes de la población de la comarca del Empordá gerundense, también concluye que «en el terreno de las actitudes políticas bajo la dictadura, la complejidad, las paradojas, las incongruencias y los contrasentidos son lo que más abunda, y cualquier determinismo simplificador no tiene cabida» (Font, 2004: 51). La multiplicidad y diversidad de comportamientos son igualmente las características definitorias de las posiciones tomadas por el grueso de la población rural gallega. Incorporar un alto grado de subjetividad no supone, no obstante, renunciar a encontrar explicaciones a tales comportamientos. Bien al contrario, entendemos que los cambios y la evolución de las actitudes son el mejor campo de los posibles para valorar la eficacia de los instrumentos de control social, amén de para conocer las consecuencias que tuvo en la vida cotidiana de las comunidades rurales la implantación del franquismo.
La decisión de participar en la protesta y de, por lo tanto, pasar del descontento a la acción, requiere la conjunción de varios elementos. Ese cúmulo de factores puede ser categorizado en lo que Bert Klandermans define como «marcos». Son el «marco de identidad», el «marco de injusticia» y el «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000). Los dos primeros permiten aprehender una situación como conflictiva e identificar a sus responsables, así como las condiciones necesarias para diseñar y dirigir las estrategias de acción. Por su parte, el marco motivacional es en el que se sitúa el cálculo coste/beneficio, proporcionando los motivos para la movilización. El marco de identidad implica la existencia de una identidad compartida, necesaria para que la acción emerja. La identidad colectiva
implica definiciones compartidas relativas a las metas, significados y campos de acción (...). Involucra redes de relaciones activas entre actores, que interactúan, que se comunican y se influyen, negocian y toman decisiones. [Del mismo modo] requieren un cierto grado de implicación emocional que permite a las personas sentirse parte de una unidad común (Fernández y Sabucedo, 2005: 121).
El marco de injusticia es aquel en el que se produce el paso del descontento a la sensación de que existe un agravio, un sentimiento de indignación moral, y en él se da una atribución de responsabilidad respecto a este. Este marco permite entender cómo se generan, interpretan, sienten y difunden las injusticias, su atribución y la indignación